Contraloría y Procuraduría cuestionan plan para condonar deudas a familias en pobreza extrema
Según la CGR, las municipalidades podrían ver comprometida su sostenibilidad financiera
La Contraloría General de la República (CGR) y la Procuraduría General de la República (PGR) cuestionaron el proyecto de ley que busca condonar deudas y multas municipales a familias en extrema pobreza.
Tanto el órgano fiscalizador como el abogado del Estado advirtieron que las condonaciones expuestas en la iniciativa de ley no solo carecen de datos detallados sobre los impuestos y tasas que se estarían perdonando, sino que podrían implicar riesgos financieros para el erario público.
El proyecto busca autorizar a las municipalidades para que, en situaciones calificadas y verificadas de pobreza extrema, el municipio pueda aplicar la condonación de los impuestos municipales por el período que se considere necesario, mientras se mantenga la calificación de pobreza extrema.
De acuerdo con el oficio DFOE-LOC-0831, emitido por el órgano contralor este 12 de mayo, autorizar una condonación de deudas puede implicar riesgos, ya que podría tener repercusiones en la sostenibilidad financiera de muchas municipalidades del país, que dependen de los cobros para responder a las necesidades del cantón.
El órgano fiscalizador también advirtió que el proyecto requiere datos, estimaciones e impactos tanto sobre la población vulnerable que se pretende proteger como sobre los impuestos y multas que se buscan exonerar.
"La norma no es clara y le falta consistencia, ya que no especifica sobre cuáles impuestos, tasas, multas e intereses, servicios y obligaciones tributarias, se pretende condonar a esta población que se aspira a beneficiar, por lo que se sugiere indicar si es una medida de aplicación general", indicó la CGR.
Asimismo, la Contraloría sugirió a los diputados buscar medidas alternas, pues la condonación no soluciona el problema de fondo que se pretende tratar, que es la incapacidad de pago de la población en pobreza extrema a raíz de la situación de crisis que afecta a todo el país.
PGR insiste en más datos
Por su parte, la PGR señaló que es "pertinente" especificar a qué adeudos se aplicaría la condonación, ya que el término es amplio y puede dar lugar a interpretaciones. Asimismo, advirtió que las tasas están ligadas directamente a la prestación de servicios municipales, por lo que también se debe aclarar si la norma pretende abarcar todas las tasas o únicamente algunas.
"El proyecto debe indicar si la disposición cubre toda tasa derivada de la prestación de cualquier servicio municipal que brinde la corporación municipal o bien, solo algunos servicios, lo que, de ser así, deberá indicarse los servicios municipales cubiertos por la norma", indicó la Procuraduría.
Además, el dictamen de la PGR subraya que cualquier condonación de intereses, recargos o multas debe considerarse una medida excepcional. Al respecto, el criterio menciona el dictamen C-PGR-C-044-2022, que indica que este tipo de decisiones deben basarse en criterios de razonabilidad, proporcionalidad y conveniencia para el erario público, y no deben interpretarse como una obligación automática de la administración tributaria.
El ente procurador también sugirió incluir en el plan un mecanismo que permita a los municipios y al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) llevar un control conjunto de las personas declaradas en pobreza extrema.
La iniciativa fue presentada por el diputado liberacionista Gilbert Jiménez Siles y busca que se agregue un nuevo artículo 79 bis al Código Municipal para que las personas en pobreza que tengan deudas con los municipios se presenten para solicitar la condonación. El plan se encuentra en la comisión de asuntos municipales bajo el expediente 24.319.
