Contraloría señala acelerado urbanismo en el país con poca sostenibilidad
El crecimiento urbano podría costar al Estado ₡47,000 millones anuales por cantón.
En los últimos 30 años, el país ha experimentado un rápido crecimiento urbano, pasando del 50% al 81% de población urbana entre 1990 y 2020, según los datos del Banco Mundial.
La Contraloría General de la República (CGR) emitió un informe que señala los retos del crecimiento acelerado en urbanismo y su relación con la Hacienda Pública.
Según el informe, este proceso ha sido desordenado y ha carecido de elementos esenciales para un desarrollo urbano sostenible, generando una mayor brecha en la prestación de servicios públicos y la infraestructura social en comparación con la demanda ciudadana, lo que ha afectado la calidad de vida y el entorno comunal.
La transición ha sido catalogada como abrupta, desordenada y carente de aspectos esenciales que permitan un desarrollo urbano más sostenible, señala el informe.
A pesar de los esfuerzos para asignar más recursos públicos a las necesidades de infraestructura y servicios públicos, las brechas persisten. Según estimaciones, el aumento futuro en el crecimiento urbano podría costar al Estado ₡47.000 millones anuales por cantón debido a la provisión de servicios e infraestructura.
En el documento se analizaron dos temas principales, la urbanización acelerada como determinante de cambio social y el crecimiento urbano en Costa Rica, así como las implicaciones de este en la sostenibilidad de los servicios públicos e infraestructura social.
La gerente de Fiscalización para el Desarrollo Local de la CGR, Vivian Garbanzo, explicó algunos resultados más destacados del informe.
"A pesar de los beneficios que esto conlleva como un mayor acceso a oportunidades, se han observado algunos impactos negativos, entre ellos la falta de cobertura de servicios básicos, problemas en el transporte público, precariedad de la vivienda y escasez de los espacios públicos", dijo Garbanzo.
El informe concluye que es crucial enfocar esfuerzos y recursos en condiciones necesarias para avanzar hacia servicios públicos sostenibles que contribuyan al cumplimiento de objetivos sin la necesidad de aumentar los recursos públicos, en vista de la difícil situación fiscal por la que atraviesa el Estado.