Contraloría propone agilizar impugnaciones y contrataciones públicas
La Contraloría General de la República (CGR) presentó a las jefaturas de fracción de la Asamblea Legislativa un reformas para agilizar los procesos de contratación pública.
Al encuentro con los diputados acudieron el contralor general en ejercicio, Bernal Aragón, y Alfredo Aguilar, de la División de Contratación Pública.
Aragón afirmó que las iniciativas no buscan eliminar controles de la Contraloría, sino agilizar los procesos y evitar que contratos y obras se vean entrabados por desacuerdos ajenos al órgano contralor.
Recursos de objeción
Una de las reformas plantea simplificar el trámite de los recursos de objeción, de manera que estos mecanismos se interpongan directamente ante la Administración contratante. Esto permitiría que la institución pueda ajustar o aclarar de forma más expedita los aspectos cuestionados, sin requerir la participación previa de la CGR.
En caso de que la Administración no acepte lo solicitado por el recurrente, el recurso sería remitido a la Contraloría para su resolución.
Según los expositores, esta modificación también permitiría reducir los tiempos de tramitación de las impugnaciones contra los pliegos de condiciones de las licitaciones mayores.
Actualmente, el 65% de las objeciones al pliego de condiciones son aceptadas por la Administración contratante, según los datos presentados por la Contraloría.
Reforma para compra de medicamentos y equipo médico
Una segunda reforma plantea modificar los artículos 97 y 99 de la Ley General de Contratación Pública para cambiar el régimen de impugnación relacionado con la adquisición de medicamentos y equipos médicos por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La propuesta busca que estos procesos sean realizados por profesionales en salud de la propia institución, quienes conocen las necesidades específicas de cada centro médico.
Según la exposición de motivos, en 1983 se creó un régimen especial para la adquisición de medicamentos e insumos, el cual fue actualizado en 2026. Sin embargo, la Contraloría sostiene que la prestación de servicios de salud debe responder a criterios técnicos y de calidad definidos por especialistas de la CCSS.
Con esta reforma, el órgano contralor espera que las impugnaciones contra los pliegos de condiciones y las adjudicaciones de medicamentos y equipo médico se resuelvan tomando en cuenta el criterio de los expertos en salud.
El jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez, manifestó estar de acuerdo con establecer mecanismos de agilización, aunque señaló que los diputados deben conocer el texto completo antes de fijar una posición, algo que todavía no ocurre.
Abril Gordienko, del PUSC, también destacó la iniciativa para agilizar los procesos y señaló que, en principio, la propuesta mantiene la fiscalización de la Contraloría.
Ahora, la CGR deberá remitir formalmente el proyecto a la Asamblea Legislativa para que sea estudiado por los diputados.