Contraloría envía al Ministerio Público informe sobre traslado de policía de Guardacostas
Viceministro Manuel Jiménez Steller, jerarca de Seguridad Mario Zamora Cordero y el nuevo director de Guardacostas, Juan Carlos Alvarado Quesada.
La Contraloría General de la República (CGR) remitió a la Fiscalía Anticorrupción (FAPTA) un informe que recopila anomalías detectadas en los movimientos del Servicio Nacional de Guardacostas durante el gobierno de Rodrigo Chaves, que afectaron la lucha contra el narcotráfico.
El Área de Fiscalización para el Desarrollo de la Gobernanza de la CGR elaboró el informe después de recibir una denuncia en el 2024 por el traslado de la Academia de Guardacostas de Quepos, donde había estado desde 2011, hasta las instalaciones de la Academia Nacional de Policía en Pococí.
La Fiscalía debe analizar los hechos recabados por la Contraloría y determinar si abre una causa penal. Por ley, la investigación y los resultados encontrados por la Contraloría son confidenciales, por lo que, por ahora, se desconocen los hallazgos.
Un informe de "relación de hechos" es un documento técnico en el que los auditores de la CGR detallan los hechos que motivaron la remisión, las actuaciones de los funcionarios involucrados y los elementos que sustentan los hallazgos. El documento sirve como insumo para el Ministerio Público.
La exdiputada Sofía Guillén, del Frente Amplio, fue una de las primeras voces en sumarse a las denuncias en torno al traslado de la academia, con gestiones ante la Contraloría y la Procuraduría de la Ética Pública (PEP).
Por esa razón, considera que el traslado del caso a la Fiscalía demuestra la gravedad de lo ocurrido y espera que los responsables de estas decisiones puedan asumir las consecuencias legales correspondientes.
"Toda esta investigación sobre el debilitamiento del Servicio Nacional de Guardacostas fue una denuncia que hicimos en el 2024 y que también se hizo pública por diferentes notas investigativas de diferentes medios de comunicación, incluido CR Hoy.
Aquello fue público, inclusive hubo audiencias en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa. Lo ocurrido con la Academia es uno de los elementos centrales y fue el detonante para entender lo que estaba pasando", manifestó tras conocer el traslado del caso a instancias judiciales.
Guillén espera que el informe enviado a la Fiscalía sea una señal de que el tema no quedó en el olvido y que la investigación avance.
"Espero se determine las personas responsables de haber debilitado el sistema Guardacostas a través de desmantelar de facto la academia, a través de haber movido el grupo de operaciones especiales de Bahía Drake, desprotegiendo puntos clave de ingreso del narcotráfico al país", agregó.
Una lancha del Servicio Nacional de Guardacostas (SNG).
Guardacostas debilitado
Investigaciones de CR Hoy permitieron confirmar que el traslado de la Academia hacia Pococí, sin acceso al mar, fue solo la punta del iceberg. Los responsables de las decisiones fueron el entonces ministro de Seguridad, Mario Zamora Cordero, y el exviceministro de Unidades Especiales, Manuel Jiménez Steller, quien fungió como director policial naval sin cumplir con los requisitos establecidos por ley.
Zamora justificó el traslado alegando el mal estado de la infraestructura en Quepos y razones normativas. No obstante, el director de la academia desmintió el nivel de deterioro reportado y reveló que existían recursos de cooperación, como donaciones por $146.000, que no fueron ejecutados por la cúpula policial.
Luego, en esas mismas instalaciones, se ubicó a parte del Grupo Especial de Operaciones que estaba destacado en Bahía Drake, punto clave de la Zona Sur para interceptar narcolanchas, y se replegó también a Golfito, lo que aumentó el tiempo de respuesta a más de dos horas de navegación.
El Gobierno justificó la salida aduciendo que Bahía Drake no tenía muelle. Sin embargo, este medio reveló que ya existía un proyecto de $350.000, financiado por el Departamento de Estado de EE. UU., con viabilidad ambiental y permisos municipales listos, el cual fue frenado por el propio Ministerio de Seguridad.
Exdirectores de la policía marítima indicaron que operar desde Quepos expone los patrullajes a vigilantes del narco, conocidos como "orejas", que operan en las costas y alertan a las embarcaciones ilícitas.
A esto se suma la reubicación del centro operativo. El sensible Centro de Comunicaciones de Guardacostas, encargado de coordinar radares, frecuencias, intercepciones y vuelos antinarcóticos, fue trasladado a la Base 2 del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.
Testimonios de oficiales señalaron que la reubicación obligó a compartir recintos con otros cuerpos policiales, sin el debido aislamiento operacional, lo que ponía en riesgo la confidencialidad de claves e inteligencia antinarcóticos y, además, limitaba la capacidad operativa. Algunos de estos movimientos han sido revertidos en los últimos meses.