Contraloría detecta “débil control” en concesión de ruta 27
Ente contralor no vislumbra falta de resolución a incumplimiento de la concesionaria
La Contraloría General de la República (CGR) detectó un "débil control" en la concesión que el Estado tiene con la ruta 27 que comunica San José con Caldera.
El dato se desprende del Informe de Auditoría sobre los Controles Ejercidos por la administración concedente en la Concesión San José-Caldera, ruta nacional 27, publicado por el órgano contralor durante este miércoles 17 de julio.
El análisis tuvo como finalidad analizar si los controles ejercidos por la administración en el contrato de concesión de obra pública cumplen de forma razonable con los aspectos dispuestos tanto en el documento suscrito como en la normativa aplicable.
"La inversión realizada por el Concesionario para el diseño, construcción, mantenimiento y operación de la carretera asciende a $301 millones del año 2000 (según el contrato original, las adendas aprobadas y los acuerdos conciliatorios).
"Actualmente, la concesión se encuentra en su fase de explotación, lo cual obliga a la Administración Concedente a ejercer un riguroso control sobre todas las actuaciones desempeñadas dentro del marco del Contrato de Concesión, de manera que se garantice un servicio público efectivo y eficiente acorde con las necesidades de los usuarios", se señaló en el informe.
La puesta en marcha de la carretera que comunica la Gran Área Metropolitana (GAM) con el Pacífico Central comenzó a operar desde el 27 de enero de 2010.
Actualmente, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) está en conversaciones con la concesionaria Ruta 27 (anteriormente Globalvía) para las labores de ampliación de esta vía nacional.
Hallazgos
Dentro de los hallazgos que encontró este estudio se encuentran que hay una ausencia en la inspección técnica de explotación de obra que exigió el Contrato de Concesión, lo cual evidencia una dependencia en los servicios de suspensión contratados de forma externa, sin mediar una contraparte técnica.
La administración no acreditó documentos técnicos para verificar la condición o el grado de deterioro, así como el financiamiento de las obras que forman parte de la carretera, según el informe contralor.
El MOPT tampoco acreditó la posibilidad de contar con una planificación aprobada con plazos máximos, responsables y sustentados en las necesidades de movilidad y circulación real en los tramos de la carretera.
"Existen al menos 592 recomendaciones de multas por presuntos incumplimientos del concesionario relacionados con deterioros en las obras concesionadas y que corresponden al periodo de 2018 a 2023 que a la fecha no han sido resueltas, lo cual pone en riesgo la aplicación efectiva de la potestad sancionatoria encomendada contractual y legalmente a la administración", indicó el informe.
El Gobierno, según la CGR, desconoce si hay metodologías eficientes y de menor costo que las usadas en 2014 con el propósito de efectuar un control de los ingresos de peaje de la concesión.
Por último, el ente contralor detalló que no hay una garantía en cuanto al acceso, la actualización y el respaldo de la información generada en la ejecución del contrato de concesión, lo cual "perjudica el ejercicio de sus funciones de control".