Contraloría audita oficina donde trabajó subdirector que diseñó licitación y fue contratado por empresa ganadora
Esteban Arroyo Pacheco
La Contraloría General de la República (CGR) realiza una auditoría a la Dirección de Recursos Tecnológicos del Ministerio de Educación, entidad donde trabajó Esteban Arroyo quien hoy es investigado penalmente por participar en una licitación de computadoras y luego ser contratado por la empresa ganadora ACS Sabanilla.
El órgano contralor confirmó a CR Hoy que la investigación fue abierta a principios de este año a raíz de una denuncia recibida en febrero. Los denunciantes alegaron nombramientos indebidos, manipulación de información, falta de controles internos y de gestión documental, abusos de autoridad y modificación de datos en las dependencias vinculadas con los recursos tecnológicos del MEP, y pidieron una auditoría integral sobre la gestión administrativa y financiera de esas oficinas.
En mayo llegó una segunda denuncia que planteaba irregularidades dentro de la Dirección en la que laboró Arroyo y en el Departamento de Investigación y Desarrollo: nombramientos en conflicto de interés, manipulación de datos presentados ante la Asamblea Legislativa, falta de controles sobre horarios y manejo cuestionable de recursos tecnológicos. Una ampliación posterior sostuvo que se trataba de un patrón más amplio relacionado con nombramientos irregulares con favorecimiento de allegados, designaciones sin idoneidad técnica, uso cuestionable de fondos públicos y fallas de planificación y transparencia.
El caso de Arroyo obligó al Ministerio de Educación a evaluar la continuidad del contrato con ACS Sabanilla. A la compañía se le adjudicó la compra de computadoras por demanda para 500 centros educativos, en total la adjudicación fue por ₡4.250 millones.
Según los documentos públicos, Arroyo salió del MEP en mayo de este año, luego de participar en la elaboración de los estudios técnicos y de mercado para el contrato. Un mes después, ACS Sabanilla lo contrató precisamente para que se hiciera cargo del contrato con el MEP.
El MEP tiene una investigación interna por estos hechos y la Fiscalía investiga si Arroyo cometió el delito de prohibiciones posteriores al servicio del cargo.
El artículo 53 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, sanciona a los funcionarios que acepten un trabajo con una empresa privada, adjudicada con un contrato en el que participaran. La restricción cubre durante todo un año, desde la salida de la entidad.
El MEP valora remitir el caso a la CGR y a la Procuraduría de la Ética Pública (PEP).
Renuncia de viceministra entre cuestionamientos
Todo esto sucede al mismo tiempo en que el MEP anunció la renuncia de la viceministra administrativa, Sofía Ramírez.
A ella también la habían denunciado, según la documentación remitida a la Contraloría, por presuntamente solicitar que se le buscara un puesto a Arroyo dentro del ministerio. Sin embargo, el órgano contralor confirmó que, tras el análisis correspondiente, ese señalamiento se desestimó por tratarse de un tema que es competencia de la Procuraduría de la Ética. La Contraloría añadió que, en sus indagaciones, constató que la auditoría interna del ministerio también había recibido esa misma denuncia para actuar conforme a sus competencias.