Contraloría anula adjudicación de CCSS a Coopesana
Edificio de la Contraloría General de la República, en Sabana Sur. Archivo CRH
La Contraloría General de la República (CGR) rechazó refrendar el contrato entre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y Coopesana, para administrar el área de salud San Francisco-San Antonio, la cual incluye el manejo de 8 Ebáis.
Dicho contrato, estaba en la CGR a la espera de que se resolviera una apelación, la decisión de este jueves la convierte en la única de las 10 contrataciones adjudicadas a cooperativas para la administración de áreas de salud que no fue avalada por el órgano contralor.
Este 17 de octubre, el ente contralor justificó la decisión así:
A mayor abundamiento, este órgano contralor llega al convencimiento que la nulidad absoluta apuntada es evidente y manifiesta por cuanto sin mayor ejercicio -como se indicó supra-, se evidencia que los oficios "Análisis cuantitativo para la gestión de las Áreas de Salud contratadas a terceros" y No. GM-DPSS-0331-2024 no concluyeron de forma expresa la razonabilidad del precio que se estaba valorando para la partida No. 3 y en ellos para efectos del límite superior sólo se consideraron los costos promedio del servicio correspondientes a la CCSS como prestataria de servicios de salud, sin considerar la competencia del mercado; siendo tal vicio palmario y evidente. Al respecto, debe tomarse en consideración que si bien, para efectos de la toma de decisión concerniente a la tercerización de la prestación de un servicio debe acreditarse que efectivamente la prestación directa del servicio por parte de la administración resulta ser más onerosa que la contratación de un tercero para su prestación, esta resulta ser una condición necesaria que debe quedar acreditar en el expediente respectivo como elemento indispensable dentro de la etapa de planificación y los estudios previos que sustentan el inicio del procedimiento. No obstante, dicha acreditación no resulta ser una condición suficiente para efectos de acreditar que los precios cotizados resultan ser razonables. En tanto, a nivel normativo, como se ha expuesto, el análisis de razonabilidad implica, de manera imprescindible, considerar al mercado dentro de dicho análisis.
Caso barrenador
Este contrato pertenece a los investigados por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) por haber sido aprobados por la Junta Directiva con aparentes sobreprecios. Los miembros de la Junta aprobaron adjudicar la administración de 10 áreas de salud a 4 cooperativas y una asociación de salud.
De acuerdo con la Fiscalía, los imputados del caso anularon un procedimiento de compra que estaba listo para ser publicado y mediante presiones lograron modificar el pliego de condiciones para favorecer a las cooperativas, con quienes aparentemente sostuvieron reuniones.
Esta adjudicación causó que se realizaran 28 allanamientos y se detuviera a varias personas ligadas con la CCSS.
Entre los detenidos en los allanamientos realizados el pasado 23 de setiembre, además de la presidenta ejecutiva, Marta Esquivel Rodríguez, figuran: María de los Ángeles Gutiérrez, gerente general interina; Johnny Gómez y Zeirith Rojas, representantes de los patronos en la junta directiva; Jorge Porras y María Isabel Camareno, representantes del estado; Roberto Quirós y Jorge Araya. Todos formaron parte de las juntas directivas que intervinieron en la adjudicación.
Actualmente, quienes aún tenían cargos en la CCSS fueron suspendidos por 6 meses como medida cautelar aprobada por el juez Paúl Fuentes.