Contraloría alerta sobre riesgo de corrupción en proyectos con declaratoria de emergencia
Fiscalía investiga presuntos actos ilícitos en obras en aeropuerto de Liberia y Cochinilla
Los riesgos por casos de corrupción en infraestructura vial en el aparato estatal se intensifican con los proyectos que vinculan emergencias o aquellos que se efectúan mediante la figura por "contratos por urgencia".
Así lo reconoció Marta Acosta, contralora general de la República, durante su intervención en el foro Integridad y Anticorrupción en la Infraestructura Pública Vial en conjunto con el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) y el Ministerio Público.
Acosta citó que dentro de las limitantes existentes en la función pública en la actualidad es que hay personas que no quieren hablar por temor a las represalias que se les pueda aplicar dentro de sus tareas institucionales.
Según Acosta, existen riesgos de corrupción porque hay una presión por querer actuar rápidamente, pero que una mala planificación puede llevar a asuntos relacionados con supuestas malversaciones de fondos, prácticas corruptivas o diferentes delitos en infraestructura.
La contralora citó que la corrupción de obra vial representa implicaciones directas en un 5% del Producto Interno Bruto (PIB) en el mundo.
Marcela Aragón, gerente del área de Fiscalización para el Área de Ciudades de la CGR, indicó que en 2017 la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) emitieron recomendaciones sobre la integridad pública, como la rendición de cuentas y los propios sistemas.
Aragón sostuvo que difícilmente se avance en cultura si los líderes institucionales no muestran diariamente los comportamientos éticos.
La funcionaria detalló que los riesgos de corrupción no se sitúan en una etapa, sino que transitan en diferentes procesos donde hay recursos que brindan terceros y que los ponen en situaciones de vulnerabilidad.
Aragón sostuvo que como país Costa Rica está rezagado y que parte de la problemática pasa porque no hay un instrumento de planificación estratégica para entender hacia dónde se quiere llegar en diferentes horizontes y atender las distintas necesidades o recursos para irse preparando.
Investigaciones actuales
Representantes de la actual administración figuran en una investigación penal relacionada precisamente con obra pública y un decreto de emergencia para acelerar el uso de los recursos. Se trata de la licitación para la reconstrucción de la pista del aeropuerto Daniel Oduber.
La Fiscalía General de la República abrió una investigación que se maneja bajo el expediente 24-000030-1218-PE contra Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República; Natalia Díaz Quintana, ministra de la Presidencia; Alejandro Picado Eduarte, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y Fernando Naranjo Elizondo, exdirector de Aviación Civil.
Luis Amador, exministro de Obras Públicas y Transportes, también figura en esta causa, aunque él se encuentra en la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) porque ya no es ministro.
Los jerarcas de gobierno están bajo la lupa por la firma del decreto que dio luz verde a la inclusión de los daños en la pista de aterrizaje de la terminal aérea, como parte de la afectación que provocó la tormenta tropical Bonnie en julio del 2022.
También, el ente contralor señaló en su momento dudas en torno al crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por $700 millones para el proyecto de riesgo inminente en cuanto a los controles de fiscalización. La iniciativa se convirtió en Ley de la República.
El otro caso que se encuentra en análisis es el de Cochinilla, es decir, el supuesto pago de dádivas por parte de MECO y H. Solís a cambio de recibir licitaciones.
Sobre el particular, tanto el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) como la Procuraduría General de la República (PGR) anunciaron ser querellantes ante el Ministerio Público. 12 personas figuran como acusadas.
Corrupción
Johanna Rodríguez Acosta, representante del Ministerio Público, sostuvo que la corrupción representa una especie de pandemia o cáncer que destruye y deteriora al país cuya afectación al funcionamiento estatal puede resultar un asunto difícil.
Rodríguez detalló que lo anterior converge tanto para el sector público como el privado porque deteriora el interés para beneficiar particulares por medio de alianzas con funcionarios públicos.
La funcionaria del Ministerio Público precisó que se debe prestar atención al foco de corrupción como parte de los altos presupuestos estatales destinados para la infraestructura pública.
Dichos focos identificados por la representante de la Fiscalía se encuentran las siguientes:
- Vías nacionales
- Vías cantonales
- Proyectos nuevos
- Conservación, rehabilitación y mantenimiento vial.
- Aeropuertos.
Agregó que los delitos que usualmente se investigan destacan el de cohecho propio, la penalidad del corruptor, la influencia contra la hacienda pública, el peculado, la malversación de fondos, la falsedad en la recepción de bienes y servicios, el pago irregular de contratos administrativos, el tráfico de influencias y el incumplimiento de deberes.
Precisó que una de las limitaciones existentes en las labores de investigación es la ausencia de peritos, por lo que deben apoyarse en ocasiones de expertos de Lanamme.