Contraloría advierte sobre crecimiento acelerado de asentamientos informales
Las provincias con mayor cantidad de asentamientos informales, destacan San José, Puntarenas, Alajuela y Guanacaste.
La Contraloría General de la República (CGR) emitió un informe que señala el crecimiento acelerado e informal en las provincias de Costa Rica.
El Órgano Contralor constató que el aumento en la construcción de edificaciones y el crecimiento de su población ha implicado una mayor demanda de servicios públicos y por ende, un mayor gasto público.
El análisis realizado permitió identificar que uno de los principales obstáculos se encuentra en la sostenibilidad de los servicios públicos, provocada por la expansión urbana dispersa que resulta de la ausencia de un proceso de planeación sistemático o de una planeación de uso del suelo a escala regional.
Algunas características de este tipo de expansión urbana son: la dispersión o discontinuidad en la ocupación del suelo, el desarrollo a lo largo de bandas comerciales, la baja densidad poblacional, la existencia de grandes áreas con un único uso de suelo, la deficiente accesibilidad a servicios y la falta de espacios públicos funcionales.
En relación con las provincias con mayor cantidad de asentamientos informales, destacan San José, Puntarenas, Alajuela y Guanacaste. Seguidos de Limón, Cartago y Heredia.
En Costa Rica, de acuerdo con datos del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), más de 192 mil personas (casi un 4% de la población nacional) viven en este tipo de asentamientos y representan una de las poblaciones más vulnerables y con menos acceso a los servicios que ofrecen la ciudad o las comunidades.
En materia de urbanización, el Estado tiene un rol protagónico que se enfoca primordialmente en establecer y fomentar el ordenamiento territorial y la planificación urbana. Estas potestades son ejercidas en el ámbito nacional y regional por el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y el MIDEPLAN, mientras que a nivel local la competencia es de las municipalidades.
En el documento también se logró constatar que la construcción de viviendas de interés social, aparte del déficit en esta materia, son proyectos que se levantan desconectados del centro de la ciudad y se ubican donde el suelo es más barato.
Esta situación provoca dos posibilidades: invertir en nueva infraestructura, servicios y equipamiento más barato el proyecto), o bien, el desarrollo del proyecto de vivienda desprovisto de algunos servicios básicos (recolección de residuos, rutas y paradas de autobuses, entre otros).
Percepción sobre Servicios Públicos – CGR
Por otro lado, el informe concluye que el país ha estado construyendo este tipo de vivienda, principalmente en cantones sin plan regulador y sin viabilidad ambiental (durante el período 2014-2020 se construyeron cerca de 1,55 millones de metros cuadrados en viviendas de interés social exoneradas en cantones con estas condiciones).
Finalmente, en el informe se indica que en lo que respecta al crecimiento urbano del país, los datos del Banco Mundial muestran cómo en los últimos 30 años, Costa Rica pasó de un 50% a un 81% de población urbana.
Según el informe, este proceso ha sido desordenado y ha carecido de elementos esenciales para un desarrollo urbano sostenible, generando una mayor brecha en la prestación de servicios públicos y la infraestructura social en comparación con la demanda ciudadana, lo que ha afectado la calidad de vida y el entorno comunal.