Contraloría advierte que proyecto del PUSC busca debilitar su fiscalización
La Contraloría General de la República (CGR) advirtió que el proyecto de ley que impulsa la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) con una serie de modificaciones en la ley orgánica del entre contralor, así como para reformar también la Ley General de Control Interno (LGCI) y la Ley General de Contratación Pública (LGCP), tiene vicios de inconstitucionalidad.
Así lo expresó la CGR en el oficio 08 DJ-1915 / DCP-0268 / DFOE-0070 del pasado 8 de octubre, en el cual se refiere a su posición con respecto a la propuesta legislativa bajo el expediente 24.464.
Según la CGR, esta propuesta "guarda una clara semejanza" con los proyectos de llamados Jaguar y que impulsa el Poder Ejecutivo. Las 2 propuestas presentadas por el Gobierno ya fueron declaradas inconstitucionales por parte de la Sala IV de la Corte Suprema de Justicia.
La CGR señaló que el plan del PUSC "conlleva un debilitamiento grave de las competencias de fiscalización de la CGG", ya que pretende reducir o limitar facultades importantes dentro del quehacer de este órgano de control superior de la Hacienda Pública.
En específico la CGR señaló que la propuesta impulsa la eliminación de la potestad de la CGR para dictar instrucciones, emitir órdenes y efectuar prevenciones en el control de eficiencia de los fondos públicos, que constituye una reducción de sus competencias y debilita significativamente la capacidad del órgano contralor para fiscalizar la Administración Pública de manera efectiva.
Añade que la prohibición de coadministrar y la eliminación de la facultad de la CGR para exigir colaboración obligatoria debilitan gravemente la capacidad fiscalizadora.
"La primera es innecesaria y consustancial a la función fiscalizadora, ya que la CGR no realiza funciones de la Administración activa, y por principio de legalidad las competencias se definen a partir de conductas habilitadoras. Además, suprimir la potestad de solicitar colaboración obligada compromete la eficiencia en la vigilancia de la Hacienda Pública, aumentando el riesgo de opacidad, impunidad y mal manejo de los recursos públicos", señaló la CGR.
Añadió que limitar la facultad de la CGR para suspender actos y contratos en el ejercicio de sus funciones de fiscalización, trasladando esta potestad al ámbito judicial, afecta la capacidad para proteger la Hacienda Pública.
"La eliminación de esta herramienta cautelar importante, reduce la capacidad de fiscalización y respuesta ante irregularidades, comprometiendo la protección de los recursos públicos", añade.
Adicionalmente, la CGR dijo que el proyecto infringe el principio constitucional de contratación pública, toda vez que la reforma al artículo 67 de la LGCP introduce un procedimiento que permitiría la adjudicación directa de obras públicas sin licitación, lo que choca frontalmente con el artículo 182 de la Constitución Política.
El criterio del ente contralor lo puede ver completo en este enlace SIGYD_D_2024019402