Contención del gasto menoscaba financiamiento para política social
En términos reales actualmente solo es un 20% superior a la de hace 42 años
El más reciente Informe Estado de la Nación 2023, dado a conocer este jueves, reveló que la inversión social pública (ISP) del país sufrió en los últimos 3 años "una volatilidad significativa y una disminución en su prioridad dentro del gasto público total".
Según cifras dadas a conocer como parte del informe, la ISP sufrió una contracción en 2020, tuvo una recuperación parcial en 2021 y experimentó otra disminución en 2022.
En 2022 la ISP real por habitante fue de ¢293 mil, un monto menor al registrado en 2019, cuando se invirtió ¢297 mil.
La investigadora del informe, Natalia Morales Aguilar, explicó que en términos reales actualmente la ISP solo es un 20% superior a la de hace 42 años, pues en 1980 el país invertía ¢244 mil colones por persona.
En lo que tiene que ver con la prioridad dentro del gasto del Gobierno Central, los datos evidencian que otros componentes del gasto público han tomado más importancia para el Poder Ejecutivo, como lo es el pago por el servicio de la deuda que crece aceleradamente, mientras la ISP cayó seis puntos porcentuales entre el 2019 y el 2022.
La investigación explica que la contención del gasto público en los últimos años ha erosionado el financiamiento de los tres componentes vitales de la política social: la educación, la protección social y la salud.
Entre 2021 y 2022, la ISP cayó un 4,6% por persona en educación, un 3,6% en protección social (pensiones y programas selectivos) y un 2% en salud.
"Esta tendencia amenaza con afectar directamente las oportunidades y servicios a los que accede la población, impactando con más fuerza a los grupos más vulnerables y pobres, que utilizan con más frecuencia los servicios públicos", advirtió Morales Aguilar.
¿Qué pasa con el SINIRUBE?
El Informe hizo una revisión detallada de 92 beneficios registrados en el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE).
En ese aspecto, resalta que, en un panorama en el que la niñez y la adolescencia sufren la mayor tasa de incidencia de pobreza por ingresos en el país (37,6% en 2022), la inversión pública para estas poblaciones ha disminuido en años recientes.
"Este grupo de población tiene un alto riesgo de afectación por dichos recortes. El año pasado, 456 mil menores de 18 años vivían en hogares pobres. La alta tasa de pobreza entre esta población se debe a una combinación de factores, que incluyen empleos e ingresos insuficientes y el tamaño del hogar", se menciona.
El Informe señala que, crecer en condiciones de pobreza tiene implicaciones importantes sobre el desarrollo cognitivo, físico y socioemocional de una persona en el resto de su vida, lo cual se traduce en un menor desarrollo humano para el país.
En 2021, el Estado destinó menos recursos para la niñez y adolescencia que en 2019. Entre estos años, dicha inversión se contrajo levemente ya que pasó del 7,1% del Producto Interno Bruto (PIB) en el año previo a la pandemia al 6,9% del PIB en 2021.
En un panorama de crecientes brechas sociales y altos niveles de violencia, el Informe reitera que existen tres razones fundamentales para que el Estado fortalezca la inversión en estos grupos vulnerables:
- En la actualidad no todos los servicios tienen cobertura universal
- Los servicios de calidad no necesariamente son asequibles
- Ahora existen necesidades que décadas atrás no existían.
"La función de la política social es acompañar a las poblaciones pobres y vulnerables hasta que salgan de dicha condición. Entonces, la inestabilidad en la Inversión Social Pública se traduce en una inestabilidad en las condiciones de vida de estas poblaciones", concluyó la investigadora Morales Aguilar