Constitucionalista: Diputados no pueden aprobar reforma para extraditar ticos
Reforma de esa magnitud debe hacerlo una Asamblea Constituyente
El proyecto de ley impulsado por el Gobierno para permitir la extradición de costarricenses ligados al narcotráfico internacional y terrorismo mediante una reforma a la Constitución Política, tiene un "problema insalvable" de procedimiento, según explicó el abogado especialista, Rubén Hernández.
La propuesta del Poder Ejecutivo y los diputados oficialistas, pretende modificar un derecho fundamental que no se puede hacer a través de una reforma parcial a la Carta Magna, sino que se debe hacer una Asamblea Constituyente para llevar a cabo una reforma completa a la Constitución.
El abogado constitucionalista citó una resolución de la Sala Constitucional, que en su jurisprudencia 20 años atrás explicó qué se puede hacer y qué no mediante reformas parciales. Dice el voto 2771-2003:
La Asamblea Legislativa como poder reformador derivado, está limitada por el poder constituyente en su capacidad para reformar la Constitución.
No puede reducir, amputar, eliminar, ni limitar derechos y garantías fundamentales, ni derechos políticos de los ciudadanos, ni los aspectos escenciales de la organización política y económica del país, únicamente mediante el procedimiento de reforma general, regulado en el Artículo 196 de la Constitución Política, en estricto apego a lo ya dispuesto, se podría lograr una reforma de tal naturaleza.
Es decir, la Asamblea Legislativa no tiene las capacidades legales de aprobar un cambio de esta magnitud, sino que el país debería convocar a una Constituyente. Así lo explicó Hernández ante la Comisión Legislativa que analiza el proyecto.
Los diputados únicamente tienen la potestad de añadir nuevos derechos fundamentales o incluso, crear mecanismos para asegurar la validez de esos derechos, como fue la creación de la Sala IV. Al suprimir el derecho de los costarricenses de no ser expulsados del territorio nacional, aunque sea parcialmente, se necesita un procedimiento mucho más complejo.
¿Riesgo de sanciones?
De acuerdo con la diputada independiente Gloria Navas, incluso si Costa Rica llega a tramitar una Asamblea Constituyente para tramitar una reforma constitucional que permita la extradición de costarricenses, el país se podría exponer a sanciones internacionales ante organismos de derechos humanos.
"Tenemos el riesgo de una sanción internacional a través de la Convención de Derechos Humanos. Estaríamos siempre en un riesgo máximo de romper con los principios básicos que nos hemos comprometido internacionalmente", señaló.
No obstante, el abogado constitucionalista señala que jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que no habría peligro a nivel internacional, dado que no se está ante una norma pétrea.
Es decir, el país puede adoptar la decisión de autorizar la expulsión de terroristas o narcotraficantes internacionales, siempre y cuando no lo haga la Asamblea Legislativa sino una Constituyente.
El proyecto de ley pretende que el artículo 32 de la Constitución se lea así:
Ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional, salvo que, en casos de tráfico internacional de drogas y terrorismo, haya sido decretada extradición por un Tribunal de la República de Costa Rica conforme a lo dispuesto en esta Constitución y las leyes.