Consejo Universitario de la UCR pide acciones por daños en toma de Rectoría

Voto unánime de la UCR sobre solicitar saciones por toma de rectoría
El Consejo Universitario (CU) de la Universidad de Costa Rica (UCR) aprobó de forma unánime solicitar a la Rectoría ejecutar acciones administrativas y legales por los daños ocasionados durante la toma de los edificios administrativos B y C.
Esto pese a que semanas atrás la administración universitaria había acordado no aplicar represalias contra los estudiantes que participaron en la protesta.
La decisión fue tomada durante la sesión ordinaria de este 27 de mayo, luego de que la Rectoría remitiera un informe preliminar sobre daños patrimoniales tras la ocupación estudiantil que se extendió entre el 22 de abril y el 13 de mayo.
Cabe destacar que el nuevo acuerdo marca un giro respecto a las negociaciones sostenidas con el Movimiento Estudiantil Autónomo (MEA).
El pasado 5 de mayo, los estudiantes y la administración universitaria alcanzaron un primer acuerdo (ver nota adjunta). Este establecía que no se aplicarían acciones académicas, administrativas, disciplinarias ni legales contra estudiantes que participaran en manifestaciones en defensa de la educación pública, incluida la toma del edificio de la Rectoría.
Incluso, tras concluir las negociaciones y levantarse la toma, ambas partes ratificaron que no habría represalias académicas, administrativas, disciplinarias o judiciales contra quienes participaron en la protesta.
Sin embargo, el Consejo Universitario aclaró ahora que el respaldo brindado a la protesta estudiantil nunca contempló posibles actos de vandalismo, daños patrimoniales, violencia o afectaciones al servicio público.
"Sus alcances no avalan, justifican ni exoneran de responsabilidad algún hecho individualizable que pudiera constituir falta disciplinaria, daño patrimonial, delito, acto de vandalismo, coacción, violencia, afectación de bienes públicos o afectación del servicio público universitario", señala el acuerdo al cual CR Hoy tuvo acceso.
Además, el órgano universitario pidió a la Rectoría ejecutar las acciones administrativas y legales correspondientes con base en los informes técnicos sobre daños a la infraestructura institucional.
El Consejo también indicó que los acuerdos anteriores fueron aprobados "bajo el principio de buena fe" y dentro de un marco de protesta pacífica.