Congreso abrió 4 investigaciones contra Gobierno por sospechas de corrupción

(CRHoy.com) El Congreso ha abierto 4 expedientes legislativos para investigar presuntos hechos que podrían estar relacionados con hechos de corrupción en la administración de Rodrigo Chaves. El Gobierno todavía no alcanza los 2 años  en el poder.

Para 2 de estas investigaciones los diputados recurrieron a la creación de comisiones especiales investigadoras. Los otros 2 casos fueron encomendados a las comisiones de Control de Ingreso y Gasto Público y de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa.

Solamente 2 de estos expedientes se abrieron este mes de septiembre. Se trata de los casos por las presuntas irregularidades en las contrataciones del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) y  por la exigencia de información crediticia sin anonimizar de personas y empresas por parte del Banco Central de Costa Rica  (BCCR) a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), a la Dirección de Tributación del Ministerio de Hacienda y a bancos del sistema bancario nacional.

Las otras 2 investigaciones se abrieron por las supuestas irregularidades en el financiamiento de la campaña del presidente Chaves y del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) y por la injerencia del mandatario y miembros de su despacho en un expediente del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) sobre un caso de la esfera privada del empresario Leonel Baruch Goldberg.

En la siguiente gráfica se muestra las fechas de apertura de estas investigaciones, su estado, plazo y órgano legislativo en que se desarrollan.

A continuación una breve reseña de los motivos para la apertura de cada una de estas investigaciones.

Contrataciones millonarias a asesor de Presidencia

Los diputados decidieron crear una comisión especial que investigue el actuar del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) y su agencia de publicidad, tras dudas que han surgido sobre contrataciones directas que esta entidad ha realizado. La principal surge porque el Sinart contrató como proveedor a la empresa RMC La Productora, de Christian Bulgarelli, quien es asesor de comunicación de Casa Presidencial.

También hay sospechas de presuntas irregularidades luego de que la entonces exasesora jurídica de la institución, Mariana Fernández Sequeira, dijera que  recibió órdenes directas del expresidente del Sinart, Allan Tigreros, para contratar a la empresa RMC. Bulgarelli.

La investigación también busca determinar si hubo un manejo correcto, o no, de fondos públicos por más de ¢8.000 millones, provenientes de 14 instituciones que concedieron contratos al Sinart mediante procedimientos expeditos aparentemente alejados de los principios normas jurídicas correspondientes.

La comisión investigadora tendría, en un inicio, plazo hasta el 24 de noviembre para presentar su informe. Los diputados que le integran son Vanessa Castro Mora (PUSC), José Pablo Sibaja Jiménez (PNR), Johana Obando Bonilla (PLP ),Ariel Robles Barrantes (FA), Ada Acuña Castro ( PPSD), Dinorah Barquero Barquero (PLN) y Danny Vargas Serrano (PLN).

Polémica solicitud de información sensible y confidencial 

Los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público abrieron una investigación contra el BCCR por la exigencia de información crediticia sin anonimizar de personas y empresas a la Sugef, a la Caja, Hacienda y a bancos del sistema bancario nacional.

La moción para iniciar la pesquisa fue presentada por la diputada del PLN, Andrea Álvarez Marín y aprobada por unanimidad en dicha comisión, con los nueve legisladores presentes.

De hecho, varios diputados calificaron de muy grave la actuación del ente emisor y advirtieron que amerita la indagatoria del presidente ejecutivo del banco, Róger Madrigal López, quien deberá comparecer por una segunda ocasión.

También llamarán a comparecer, en primera instancia, a toda la Junta Directiva del BCCR, a Hazel Valverde Richmond, gerenta de la entidad; y a Rocío Aguilar Montoya, jerarca de Sugef.

En el expediente se investigará cualquier petición que haya hecho el Banco Central a la Sugef, o a cualquier otra entidad, regulada o no regulada, para tener acceso a datos integrales, operaciones de crédito, entre otros, con la identificación de las personas y otros datos sensibles.

La moción se aprobó luego de que Madrigal López compareció ante los diputados de la Comisión de Control del Ingreso y Gasto Público para explicar la solicitud de datos de deudores con identificación hecha a la Sugef.

Cuestionado financiamiento electoral

Esta comisión se abrió en septiembre de 2022 luego que, de acuerdo con las conclusiones del Tribunal Supremo de Elecciones en una investigación interna, se determinara que  hay indicios suficientes para identificar que el partido que llevó a la presidencia a Rodrigo Chaves recibió donaciones de personas físicas, jurídicas y extranjeras por medio de un esquema "oscuro de financiamiento", auspiciado en 2 estructuras paralelas, figuras que son ilegales según el Código Electoral.

La comisión también ha indagado, en el último año, las finanzas del resto de agrupaciones políticas que participaron en la contienda electoral de 2022. Sin embargo, la atención se centra en la campaña de Chaves y el PPSD pues tiene más presuntos indicios de irregularidades y por estar también bajo investigación en sede judicial.

Los diputados no han descartado llamar a comparecer al presidente Chaves a esta comisión.

Esta comisión también investiga el presunto pago de troles y personajes ficticios de las redes sociales para atacar periodistas y a diputados críticos al Poder Ejecutivo. 

Presunto tráfico de influencias 

La investigación  por la injerencia del mandatario y miembros de su despacho en un expediente del PANI, sobre un caso de la esfera privada del empresario Leonel Baruch Goldberg, es la única que está concluida.

La investigación tuvo como origen la renuncia de la expresidenta ejecutiva del PANI, Gloriana López Fuscaldo. López renunció a su cargo el pasado 19 de junio. Un mes después, el 20 de julio pasado, la exjerarca fue convocada a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso para referirse al estado en que dejó el PANI. Sin embargo, en esa ocasión López hizo una serie de revelaciones que comprometieron al presidente Chaves; a su vicepresidenta, Mary Munive Angermüller y a otros funcionarios. La primera alerta para los diputados en las declaraciones de López fue la llamada que tuvo del jefe de despacho del presidente Chaves, Gabriel Aguilar Vargas, para inmiscuirse en un caso de la esfera personal del empresario y accionista de CRHoy.com Leonel Baruch Goldberg a lo interno del PANI.

A los diputados les preocupó que, entre más de 87 mil casos abiertos en el PANI, Chaves mostrara atención especial por el de Baruch, a quien viene vertiendo desde meses atrás sus ataques producto de la línea crítica del medio CRHoy.com al gobierno. Los congresistas opositores aseguran que este accionar del mandatario fue  inaceptable y que arrojó una actitud vengativa de su parte.

La expresidenta del PANI además denunció que desde el Gobierno se le ofreció una embajada – presuntamente la de Perú que estaba vacante en ese momento- para que renunciara a su cargo y que se le intentó hostigar sexualmente por parte de un funcionario de la Presidencia. También censuró el proceder de la vicepresidenta Mary Munive luego de que en una visita a su casa de habitación y oficina se inmiscuyera en cuestiones relacionadas con sus diagnósticos médicos y vida privada.

El plenario aprobó el informe de mayoría de esta comisión, el cual recomendó hacer una una solicitud al Ministerio Público para "determinar si proceden acusaciones penales por posibles delitos tipificados y sancionados en el ordenamiento jurídico costarricense",

El informe de los diputados también hace otras recomendaciones a distintas instituciones, entre ellas a la Procuraduría de la Ética, para que investigue las presuntas acciones irregulares de los funcionarios públicos involucrados en el informe para determinar si constituyen faltas a la ética y probidad, así como las posibles sanciones y recomendaciones pertinentes, desde la perspectiva del derecho administrativo y penal. La Presidencia de la República ha evitado referirse a este informe.