Condenados por narcotráfico no podrían tener ninguno de estos beneficios si ley se aprueba
Recientemente experto recomendó a diputados avanzar con propuesta
La Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa dictaminó por unanimidad un proyecto de ley que busca endurecer el juzgamiento de quienes sean encontrados responsables del delito de narcotráfico y actividades ilícitas conexas.
Se trata del expediente 23.714, "Ley para el enjuiciamiento de las causas declaradas como narcoactividad y sus manifestaciones criminógenas" y que fue propuesto por la fracción del Partido Liberal Progresista (PLP).
Una manifestación criminógena se entiende como cualquier delito que se cometa en el marco de la narcoactividad, por ejemplo: el homicidio simple o calificado, el robo de vehículos para cometer otros delitos, las lesiones contra una persona (exceptuando las culposas), la extorsión, entre otros.
La propuesta de ley busca mejorar los procesos de las causas declaradas como narcoactividad por el juez a solicitud del Ministerio Público.
La iniciativa, de aprobarse en el plenario legislativo, impedirá que los sospechosos y condenados por narcotráfico puedan acogerse a estas medias.
Gilberto Campos Cruz, diputado y próximo subjefe de fracción del PLP, dijo que el proyecto de ley "dicta un nuevo paradigma en el juzgamiento de las causas de narcotráfico y sus actividades conexas, endureciendo las reglas procesales penales a las que se someterán a las personas acusadas por ese tipo de delitos.
"Consideramos que el país debe mirar este tipo de ilícitos con otros ojos debido a la peligrosidad que implican para la gran mayoría de costarricenses honestos y trabajadores y no beneficiar con descuentos de la condena a aquellas personas que se dediquen al narcotráfico", dijo el congresista.
El plan añade que la declaratoria de narcoactividad y manifestación criminógena se aplicará a todos los delitos listados en el capítulo I del Título IV de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo y sus reformas; además de aquellos tipos penales establecidos en los artículos 111; 112; 113; 123; 124; 126; 127 y 381 bis del Código Penal.
El expediente legislativo fue objeto de un profundo análisis por parte de la diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Ahora el proyecto se encaminará a su etapa de mociones en el plenario vía artículo 137 del Reglamento Legislativo.
La comisión espera que el texto sea acogido por el Poder Ejecutivo en el próximo período de Sesiones Extraordinarias que inicia en mayo.
"El proyecto de ley es técnicamente muy sólido y estamos seguros de que, eventualmente, se convertirá en una herramienta muy útil para el Ministerio Público a la hora de presentar ante los Tribunales de Justicia a aquellos individuos sospechosos de cometer crímenes tan atroces como el homicidio por sicariato, la tortura, o la extorsión, entre muchos otros que alimentan la inseguridad que vivimos en Costa Rica", subrayó Campos.
Experto en derecho penal respalda propuesta
El catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Costa Rica (UCR), Luis Alonso Salazar, recomendó a los diputados avanzar con la discusión del proyecto de ley.
Salazar dijo que el plan busca suprimir los beneficios carcelarios en el caso de la narco actividad. Es decir, eliminar beneficios tales como la libertad condicional, el cumplimiento de penas en sistemas alternativos cuando los sospechosos cumplen un tercio de la pena impuesta, el monitoreo electrónico.
"Se pretende dar un tratamiento diferenciado a una conducta criminal que está causando un estrago social en la perspectiva social en muchos ámbitos. El proyecto es de orden procedimental y busca un procedimiento especial para hacer efectiva la legislación de fondo que está vigente en el combate a la narco actividad", explicó el experto.
Salazar dijo que el texto del proyecto requiere de ajustes en temas de redacción, pero aseguró que por el fondo es una propuesta "beneficiosa" porque no implica un cambio en la legislación de fondo y que no requiere de costos extras en la administración de justicia.