Conavi y fideicomiso confirman fisuras en relación para ampliar vía a San Ramón

(CRHoy.com).-Hadda Muñoz Sibaja, directora ejecutiva de la Unidad Administradora del Proyecto (UAP) del fideicomiso Ruta Uno, y Pablo Camacho Salazar, gerente de la Unidad Ejecutora del Proyecto San José-San Ramón (UESR) del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), entes encargados en conjunto del plan de modernización de la ruta entre la capital y el cantón alajuelense, comparecieron este jueves ante la comisión legislativa de la provincia de Alajuela.

La comparecencia sucede en momentos en los que el gobierno procura acordar un ajuste contractual entre el Conavi y el Banco de Costa Rica (BCR), administrador de Ruta Uno, para excluir a la entidad bancaria de la modernización integral de la carretera.

El interés gubernamental es que Ruta Uno concluya el plan de "obras impostergables" (obis), las cuales suponen 17 intervenciones viales para eliminar "cuellos de botella" en el corredor vial. Ya el primer paquete, de 5 proyectos, está finalizado.

Además, el fideicomiso se encargaría de gestionar las expropiaciones para el proyecto integral y afinaría los diseños para la propuesta de ampliación.

Muñoz negó que los atrasos señalados por las autoridades sean responsabilidad exclusiva de Ruta Uno, pues indicó que existen aspectos que competen al Conavi, a las municipalidades o de otras institucionales implicadas.

Por ejemplo, actualmente el Conavi no ha facilitado la documentación requerida para licitar las mejoras a las estaciones de peaje en Río Segundo y Naranjo. Ambas son parte del lote 2b de "obis".

Además, el consejo no ha avalado los estudios de factibilidad para el proyecto integral, elaborados por la firma IDOM, los cuales fueron presentados en diciembre de 2020. 

De igual forma, el Conavi no ha definido el mecanismo y la estructuración financiera para el lote 4 de "obis" (mejora del puente Juan Pablo II e intercambios desnivelados en Grecia, Naranjo, San Ramón y radial Belén-Río Segundo).

Para las expropiaciones, Ruta Uno tenía previsto gestionar un crédito bancario por $47 millones (que se costearían con las tarifas de peaje). No obstante, ante la incertidumbre generada por la postura del gobierno de limitar los alcances del fideicomiso, esto está frenado.

Muñoz también alegó que las incógnitas con el plan también podrían pasar factura al plan de modernización integral, ya que ninguna entidad (bancaria o multilateral) tendría interés en aportar financiamiento a un fideicomiso que dejaría de existir.

En tanto, Camacho rechazó los señalamientos sobre los plazos para emitir aprobaciones ante las gestiones hechas por Ruta Uno y negó que tardaran hasta 2 años en dar avales.

El funcionario cuestionó que se "olvidaran" las aceras en el conector Barreal-Castella (parte del paquete 1 de "obis" y que actualmente se inundan los pasos en el intercambio de la Firestone cuando llueve.

Según la intención del Poder Ejecutivo, una vez que se finiquite el fideicomiso, se apostaría por una concesión o por una Asociación Público-Privada (APP) para impulsar la obra.

Además, cuestionó que el lote 2a de "obis" (ampliaciones de puente sobre el río Torres e intercambio con Circunvalación) no ha iniciado por aspectos administrativos (atrasos en expropiaciones).

La adenda contractual que se negocia entre las partes, involucraría sanciones para el fideicomiso con el afán de que se cumplan los cronogramas de trabajo.

Bajo este panorama, Muñoz enfatizó en que se debe tener claridad en que el ajuste en la ruta planteada por el Poder Ejecutivo representará un atraso en los tiempos.

"Eso implica plazos adicionales y costos adicionales. Pensar en que en 2 o 3 años vamos a tener un concesionario o una asociación público privado es muy difícil", finalizó.