Conavi tuvo durante 18 meses alternativa a la mano para atender deterioro en carreteras
Desde marzo de 2021 obtuvo autorizaciones para ejecutar obras en 8 regiones
(CRHoy.com). En medio del sostenido deterioro de las carreteras, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) tardó 18 meses en echar mano de una alternativa que siempre estuvo a su alcance.
Entre el 8 de marzo y el 16 de marzo de 2021, la Contraloría General de la República (CGR) le autorizó realizar contrataciones directas concursadas para dar mantenimiento periódico y de rehabilitación a la red vial nacional pavimentada.
Estas 8 autorizaciones, por un monto total de ₡45 mil millones, involucran a la Región Central de Alajuela, la Región Central de San José, la Región Chorotega, la Región de Santa Cruz y Nicoya, la Región Brunca I, la Región Brunca II y la Región Huetar Norte.
Ante el planteamiento hecho por el Conavi y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) a inicios de setiembre en la CGR, para obtener la autorización de abrir contrataciones directas por "extrema urgencia", ante el evidente deterioro de las carreteras nacionales, el ente contralor advirtió a inicios de setiembre la existencia de las autorizaciones dadas en marzo de 2021.
Bajo este contexto, el pasado 7 de setiembre, el consejo pidió modificar las 8 autorizaciones en 2 extremos con tal de poder iniciar las contrataciones: que el plazo de ejecución de las obras sea de 2 años y que se incorporen ciertas actividades producto de la actualización de normas técnicas.
¿Por qué la red vial se deterioró tanto en los últimos 2 años? Desde febrero de 2021 no están activos los contratos plurianuales para dar mantenimiento y conservación a las rutas nacionales por dificultades administrativas y financieras, las cuales se agravaron tras el caso "Cochinilla" destapado en julio de ese mismo año.
En concreto, para conseguir el aval de la CGR ante nuevas contrataciones a largo plazo, el Conavi debe implementar nuevas modalidades de trabajo orientadas a resultados, que garanticen niveles de servicio y que procuren el uso adecuado de los recursos públicos.
Pese a esta situación, sabiendo el acelerado deterioro de las carreteras, la institución no había puesto en marcha las tareas avaladas con las autorizaciones obtenidas en marzo de 2021.
Incluso, hasta la fecha, solo hay un contrato vigente hasta febrero de 2023 y es para atender un fragmento de vías en la provincia de San José.
"A mayor abundamiento, estas autorizaciones son de conocimiento de la Administración (Conavi) desde marzo del año 2021, con lo que las autorizaciones (sic) pudieron ser ejecutadas desde ese momento, y, en consecuencia, atender las necesidades en discusión, lo cual se ha venido demorando según expone en la solicitud", citó la División de Contratación Administrativa (DCA) de la CGR, a través del oficio DCA-2700 del 28 de setiembre pasado.
En otro extremo del documento se apunta que "es responsabilidad del Conavi las consecuencias adversas que la prestación del objeto contratación haya implicado o generado para la sociedad civil, lo anterior considerando que desde el año 2021 se habían otorgado autorizaciones de contratación directa concursada que no habían sido utilizadas por ese consejo en diferentes regiones y zonas".
Tras la petición hecha el 7 de setiembre pasado, la autoridad contralora autorizó al Conavi ejecutar otras actividades que no estaban incluidas en las obras, tales como: el bacheo de pavimentos, excavaciones en la vía, colocación de microcapas, diseño de demarcación horizontal perfilado de pavimento, entre otras. Este tipo de tareas no repercutirán en el monto económico que se aprobó en marzo de 2021.
El plan del MOPT busca que los trabajos gestionados a través de estas contrataciones directas inicien entre febrero y marzo de 2023, por mientras se sacan a licitación los contratos plurianuales.
Según la CGR, si las licitaciones a largo plazo se concretan con las contrataciones directas aún activas, estas deberán ser cesadas de manera inmediata para evitar duplicidades en la utilización de recursos.
"(…) a la fecha se ha demorado la promoción de un procedimiento ordinario en función de lo indicado en la auditoría supra citada, así como tampoco se utilizó oportunamente las autorizaciones otorgadas por esta División (DCA), por lo que se reitera la necesidad de que la Administración tome las medidas para respetar los tiempos y en lo pertinente de reducirlos para que se pueda atender por procedimiento ordinario esta necesidad", recalcó la CGR.
El pasado 20 de setiembre, ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, Luis Amador, ministro de Obras Públicas y Transportes, se refirió a la utilización de estas autorizaciones. Ese día, explicó que existían unas órdenes previas, avaladas por la autoridad contralora, que permitirían reactivar contratos para colocar mezcla asfáltica.
"Yo fui a CGR con el presidente (Rodrigo Chaves) a pedir extrema urgencia, demostrándoles el pésimo estado de las carreteras, la CGR nos dijo: todavía tienen unas autorizaciones que nos había dado que están activas, úsenlas. Y eso es lo que estamos tratando de activar en este momento. Sin embargo, esas contrataciones solo permiten colocar asfalto y no controlar los drenajes. Si yo pongo asfalto sin drenajes, se me deteriora rápidamente y yo no tengo fiscalización para asegurarme que la colocación es adecuada", indicó el ministro, ese día.
Estas autorizaciones, por montos de entre $3 millones y $10 millones, se definirán según las necesidades específicas de cada zona.