Ivonne Acuña, diputada independiente. (Archivo/CRH).

(CRHoy.com) -La administración de la Asamblea Legislativa presume que la diputada independiente Ivonne Acuña Cabrera cometió un ilícito por la compra de ¢3 millones de gasolina, con recursos públicos, que hizo en un solo día el 30 de noviembre de 2021.

Así lo deja entrever la comisión que investigó a la legisladora -quien no trabaja desde el 11 de diciembre pasado cuando salió del país- por el "uso desproporcionado" de combustible que adquirió con la tarjeta de uso personal del Banco de Costa Rica (BCR) en la cual el Congreso deposita un monto equivalente a 500 litros mensuales de gasolina a cada diputado y por ausentarse sin permiso.

Incluso, el grupo investigador sospecha que Acuña Cabrera pudo haber adquirido los ¢3 millones de combustible para utilizarlo después de este 30 de abril cuando concluyen labores los diputados salientes.

Es por ello que considerando los datos que han salido a la luz pública mediante los diferentes medios de comunicación, de los cuales no podemos determinar la veracidad de la información y conforme a los datos que constan en nuestros departamentos sobre las ausencias y rubros cancelados a la señora diputada, lo que se vislumbra son indicios de que podría existir la posibilidad de que la diputada Acuña pudiera haber transgredido el principio de legalidad, el deber de probidad y hasta haber cometido algún ilícito, por eventualmente utilizar en el mes de diciembre, de manera personal o a través de un tercero, una suma tan alta de combustible, sin estar aparentemente destinado al ejercicio del cargo como legisladora, o peor aún, si se hubiera usado la tarjeta parametrizada del BCR para la compra de combustible, para eventualmente abrir una línea de crédito para poder utilizarlo una vez haya terminado su gestión el próximo 30 de abril", indica el informe que fue conocido este martes por el Directorio Legislativo.

¿Desviación de fondos?

Ivonne Acuña, diputada independiente. (Archivo/CRH).

La comisión investigadora sostiene que el Ministerio Público deberá determinar si la congresista cometió algún ilícito y corroborarlo mediante la recopilación de las pruebas pertinentes a las cuales tiene acceso, como, por ejemplo, declaración bajo juramento de los testigos que acrediten si utilizó o no el combustible para el ejercicio de su cargo y la declaración bajo juramento del dueño de la gasolinera en la que Acuña Cabrera hizo la transacción por ¢3 millones.

La legisladora realizó la compra el 30 de noviembre de 2021 en la estación de servicio Fill-N-Go, en Escazú.

El grupo sugiere que la Fiscalía debe "determinar quién o quiénes utilizaron la tarjeta parametrizada del BCR para comprar el combustible en sustitución de la diputada Acuña y cuándo se compró dicha cantidad, si se dio o no una desviación de fondos, etc., de igual manera declaración jurada para determinar si el pago realizado en el mes de diciembre obedeció a la cancelación de facturas de compras anteriores o si fue un prepago para compras futuras (por ejemplo), declaración que pudiera rendir la señora diputada en la indagatoria y posterior evacuación de las pruebas que ella misma y el Ministerio Público aporten en el esclarecimiento de la verdad real de los hechos a investigar".

También recomienda que sea la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) la institución que investigue si la congresista faltó o no al deber de probidad.

"Recomendamos que sea el director ejecutivo como máximo jerarca administrativo, quien le solicite una vez más a la diputada Acuña Cabrera la devolución de los dineros aquí señalados y de conformidad con lo acordado por el Directorio Legislativo (art. 3 de la Sesión N°197-2022, celebrada el pasado 14 de marzo), sea también, quien interponga las denuncias correspondientes ante la Procuraduría de la Ética Pública y ante el Ministerio Público para que, con las investigaciones y pruebas correspondientes, se determine si realmente la diputada Acuña Cabrera cometió o no algún delito o si faltó a su deber de probidad", señalan.

El informe, del cual CRHoy.com tiene una copia, menciona que el gasto promedio mensual de combustible que hizo la legisladora entre mayo de 2021 a noviembre de ese año osciló entre los ¢101.102.00 y los ¢373.070.00 mensuales, según información suministrada por el Departamento Financiero de la Asamblea Legislativa.

Considerando el promedio de combustible requerido por la señora diputada en meses anteriores, llama la atención que, en un solo mes, haya comprado ¢3.251.633.00, el cual se sale del comportamiento normal de consumo de la diputada Acuña Cabrera, máxime si se toma en consideración lo señalado por la prensa nacional de que la legisladora se encontraba fuera del país desde el pasado 11 de diciembre por asuntos personales.

Obligada a devolver el dinero

Antonio Ayales, director ejecutivo del Congreso. (Archivo/CRH).

Según el informe, Acuña Cabrera está obligada a devolver de inmediato el monto de ¢3.251.633.00 por gasolina que compró en diciembre de 2021.

"Así las cosas, tomando en consideración lo anteriormente dicho y la naturaleza de la ayuda del combustible y gastos de representación, si la diputada Acuña Cabrera no se encuentra ejerciendo sus actividades como parlamentaria desde el 1° de febrero anterior, cuando ya se le había terminado el permiso para ausentarse a sus funciones, significa que la ayuda del combustible y pago de gastos de representación durante dicho periodo, no tendría su razón de ser, por lo que la diputada Acuña estaría obligada a devolverlo de inmediato, tal como ella misma manifestó iba a hacer. Caso contrario, no solo estaría desnaturalizando la finalidad de dicha ayuda, sino que, además, podría haberse hecho un uso indebido de tales fondos públicos", manifiesta la comisión investigadora.

Ahora bien, no se puede dejar de lado el hecho señalado en las noticias, de que lo realizado por la diputada Acuña Cabrera fue dejar abierta una orden de compra pagada previamente con la tarjeta parametrizada del BCR, con lo que evidentemente podría utilizar el combustible otorgado para el ejercicio del cargo, en otras actividades diferentes, incluso con posterioridad a terminar su periodo legislativo, desviando de esta manera, la finalidad de la ayuda de combustible para los cuales le fueron concedidas, lo cual sería un acto reprochable e ilegal, por lo que reiteramos, se le debe recordar a la diputada el compromiso de devolverlo de inmediato, agrega la comisión investigadora.

En el documento, el grupo investigador precisa que la legisladora debe devolver también ¢725.661.00 por gastos de representación y un faltante de ¢1.078.484.54 por dietas depositadas en febrero pasado cuando ya no ejercía funciones propias de su cargo y no tenía permiso de la Presidencia de la Asamblea Legislativa para ausentarse de las sesiones del Plenario Legislativo y comisiones del Congreso.

La diputada se comprometió el pasado 15 de marzo a reintegrar los montos girados, según una nota que dirigió ese día al director ejecutivo, Antonio Ayales, y a la presidenta del Congreso, Silvia Hernández.

Sin embargo, a la fecha solo ha devuelto ¢1.108.124.46 por dietas que recibió correspondientes al mes de febrero, según se indica en el informe. Es decir, aún debe la suma de ¢5.055.778.54.

"Lo anterior, con la finalidad de que sea reintegrado a la mayor brevedad, de ser posible, antes del 30 de abril, que es cuando finaliza el periodo constitucional 2018-2022", dice el grupo investigador.