Comisión corrigió roces constitucionales en proyecto del gobierno sobre rellenos sanitarios
Los diputados de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa dictaminaron de manera afirmativa el proyecto de ley para intentar frenar la crisis sanitaria a la que se enfrenta el país de cara a la pérdida de la vida útil de 2 rellenos sanitarios de la Gran Área Metropolitana (GAM).
Este plan del Ejecutivo buscaba que fuera el Ministerio de Salud el ente que emitiera los certificados de uso de la tierra para la instalación de estructuras dedicadas a la disposición final de residuos.
Los congresistas dictaminaron de manera afirmativa el proyecto, pero antes tuvieron que corregir roces constitucionales que, según su punto de vista, contenía la propuesta que presentó el Poder Ejecutivo en mayo anterior.
El diputado liberacionista, Gilbert Jiménez Siles, explicó que los cambios que se tuvieron que hacer al texto buscan garantizar el debido proceso legal para la emisión de uso de suelos.
La diputada independiente, Kattia Cambronero Aguiluz, dijo que la propuesta del Ejecutivo no era una respuesta "oportuna ni real" al tema de los desechos sólidos.
Mencionó que el texto sustitutivo establece únicamente la planificación y la regionalización por parte del Ministerio de Salud para el ordenamiento y manejo de residuos. Destacó que se dedica un artículo para conceder incentivos a los cantones que decidan recibir estos residuos.
Este martes los diputados señalaron que es urgente que tanto desde el Gobierno como del Congreso se impulse una política de reciclaje.
Tras el dictamen del proyecto en la comisión, ahora la discusión pasará al plenario legislativo. En este recinto los legisladores podrán presentar cambios mediante mociones de fondo.
Desde octubre el Ministerio de Salud insiste sobre la disminución acelerada de la vida útil de los rellenos sanitarios Parque de Tecnología Ambiental Uruka y Parque de Tecnología Ambiental Aczarrí, dado que los rellenos están recibiendo desechos sólidos desde otras partes del país como la Zona Sur y el Pacífico Central.
Según Salud, la escasez de instalaciones es la razón por la que los gobiernos locales están obligados a recorrer largas distancias, situación que no solo aumenta los costos operativos de las municipalidades y los servicios de recolección, sino que también conllevan un impacto ambiental y a la salud pública significativo asociado al transporte de residuos a larga distancia.