Comercio ilícito devora ₡1.000 de cada ₡10.000 gastados por consumidores
El comercio ilícito dejó de ser un problema exclusivo del contrabando tradicional para convertirse en una compleja red que golpea directamente la economía familiar, las finanzas públicas y la seguridad nacional: en la actualidad, el 10% del dinero que desembolsa un hogar costarricense se destina a la compra de mercancías de origen ilícito.
Así lo revela un estudio presentado por la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR) y su Observatorio del Comercio Ilícito (OBCI). Los hallazgos muestran una problemática que ha crecido de manera vertiginosa y que hoy financia las operaciones del crimen organizado en el país.
Anualmente, el mercado ilícito mueve más de ₡1,6 billones, aproximadamente $2.700 millones. Para ponerlo en perspectiva, este monto equivale a construir 16 veces el nuevo Hospital de Puntarenas. Si se analizan solo los bienes, este mercado negro representa un 3,2% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, un incremento preocupante frente al 2% que se estimaba en 2019.
Al sumar los servicios asociados a esta cadena, como transporte y almacenamiento clandestino, la cifra se eleva al 3,5% del PIB. El Estado costarricense es uno de los grandes perdedores. El estudio calcula una fuga de recursos por evasión fiscal de ₡660.000 millones al año.
Esta enorme cantidad de dinero perdido equivale al 1,4% del PIB y representa cerca del 38% del déficit financiero del Gobierno Central, lo que limita severamente la capacidad de inversión pública en hospitales, escuelas e infraestructura.
Venta de cigarros de contrabando
Principales productos del mercado oculto
El fenómeno ya no se limita al tradicional trasiego de licores o cigarrillos. La normalización de estas compras ha permeado la canasta básica y los bienes de uso diario, poniendo incluso en riesgo la salud pública. Los productos que lideran el comercio ilícito, con un alto porcentaje del consumo de los hogares, son:
- Cigarrillos: 56%
- Bebidas alcohólicas (destilados y vinos): 37%
- Jabones, detergentes, perfumes y cosméticos: 25%
- Calzado: 15%
- Productos farmacéuticos y medicinas: 14%
- Cebollas: 13%
- Productos lácteos: 11%
- Línea blanca (refrigeradoras, cocinas, etc.): 8%
- Ropa y frijoles: 8%
En especial, los medicamentos y los alimentos representan un rubro de sumo alto riesgo para los consumidores, al no contar con registros sanitarios.
Venta de cigarros de contrabando
Crimen organizado
Detrás de la venta de estos productos se esconde el financiamiento del crimen organizado. Los expertos señalaron que las estructuras criminales utilizan el comercio ilícito para lavar activos y diversificar sus operaciones. Como reflejo de esto, Costa Rica ha retrocedido 30 posiciones en el Índice Global de Crimen Organizado entre 2021 y 2025, perdiendo también 10 puestos en su capacidad institucional para contenerlo.
A esto se suma un factor tecnológico y logístico: la explosión de la paquetería internacional (courier). Las autoridades aduaneras no estaban preparadas para un volumen que experimentó un crecimiento del 700% en 2025, lo que abrió un enorme portillo para el ingreso de bienes ilegales a través de compras en línea transfronterizas.
Ante un escenario en el que pierden los consumidores, por los riesgos para la salud; el comercio formal, por la competencia desleal, y el Estado, por la pérdida de impuestos, la Cámara de Comercio urge a implementar una serie de medidas, como la modernización y una "aduana inteligente".
Entre las recomendaciones está implementar sistemas de inteligencia artificial, como el nuevo sistema ATENA, para mejorar la gestión de riesgo aduanero e identificar con precisión qué cargas deben ser inspeccionadas físicamente, así como realizar aforos virtuales mediante cámaras de alta tecnología para efectuar revisiones remotas. Esto permitiría reducir la discrecionalidad y mejorar la transparencia para combatir la corrupción en las aduanas.
También plantean reforzar la vigilancia fronteriza con tecnología y fortalecer el resguardo de las fronteras terrestres, principalmente en el sur, con Panamá, y en el norte, con Nicaragua, mediante el uso de drones y tecnología de monitoreo avanzado.
Además, urge la destrucción expedita de los decomisos, así como modificar los protocolos para que la mercancía decomisada sea destruida rápidamente, evitando que sea robada de las bodegas estatales y reintroducida al mercado, y reevaluar los altos impuestos que pesan sobre productos como los licores y los cigarrillos, ya que operan como un incentivo directo para el contrabando.
Entre las medidas más importantes está la propuesta de crear una sección especializada en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para investigar delitos de contrabando y dotar de mayores recursos a la Policía de Control Fiscal y a la Fiscalía de Delitos Económicos.