Colypro pide eliminar ley contra revictimización de menores y acusa persecución contra el magisterio

El Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (Colypro) exigió la eliminación total de la Ley 9999, al considerarla "la única salida real" a la crisis que, aseguran, viven actualmente los docentes en el sistema educativo nacional.

Por medio del presidente de la Junta Directiva, César Toruño, la organización rechazó cualquier intento de reforma o mejora de la normativa y sostuvo que esta debe ser derogada por completo, al calificarla como una ley "mal hecha" que ha servido para "condenar y perseguir al Magisterio".

Las declaraciones surgen en medio de un proceso masivo de capacitaciones impulsado por el Ministerio de Educación Pública (MEP), en el que participan docentes de todo el país. Sin embargo, Colypro aclaró que el malestar del sector no se debe a los procesos de formación, sino a la existencia misma de la ley.

Propuesta en cinco pasos

Colypro planteó una ruta concreta para enfrentar la problemática:

1. Eliminar la Ley 9999 mediante un proyecto de ley que será impulsado en la Asamblea Legislativa.
2. Girar directrices a las direcciones regionales para frenar interpretaciones discrecionales que, según denuncian, se utilizan para sancionar de forma ilegítima a docentes y funcionarios administrativos.
3. Aprobar una Ley para la Defensa del Magisterio Nacional, iniciativa que Colypro afirma que presentará en mayo.
4. Garantizar la protección de los derechos estudiantiles mediante la normativa ya existente, sin recurrir a leyes que, aseguran, condenan al docente sin debido proceso ni presunción de inocencia.
5. Abrir un debate nacional con la sociedad y las familias para frenar prácticas como el acoso en redes sociales, la organización de campañas contra docentes, la grabación de clases para descontextualizar contenidos y las denuncias coordinadas.

La organización advirtió que este tipo de prácticas generan un "círculo de miedo" dentro del sistema educativo y debilitan el tejido del magisterio nacional.

"Esto no se va a resolver con capacitaciones ni directrices. El problema de fondo es la Ley 9999 y la única solución real es eliminarla", concluyó Toruño.

¿Qué es la Ley 9999?

Su finalidad principal es prevenir la revictimización en los procesos de denuncia, investigación y atención institucional, especialmente en casos relacionados con maltrato físico, emocional, abuso sexual, acoso, negligencia y otras formas de violencia que puedan ocurrir en el entorno educativo.

La norma establece que las instituciones deben priorizar el interés superior del menor, garantizar su dignidad, integridad física y emocional, así como el respeto a sus derechos durante los procedimientos administrativos y disciplinarios.

Dentro del ámbito del MEP, la ley se aplica como un marco obligatorio para la atención de denuncias contra funcionarios, definiendo el deber institucional de actuar de forma preventiva, inmediata y protectora, con énfasis en evitar la exposición innecesaria de los menores a procesos que puedan generarles daño psicológico adicional.

Sin embargo, la ley no desarrolla de forma específica mecanismos de protección jurídica, protocolos institucionales ni garantías diferenciadas para los docentes denunciados, aspecto que ha sido señalado como uno de los principales vacíos normativos y que alimenta la percepción de desprotección y vulnerabilidad laboral dentro del sistema educativo.

Capacitación confirma: docentes no tienen protocolos que los protejan

Tras la primera capacitación del MEP a los docentes sobre la aplicación de la Ley 9999, algo les quedó completamente claro: no existe un protocolo ni un mecanismo que los proteja de una denuncia falsa y, si esto afecta su salud mental, deben recurrir a atención psicológica en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o en el Instituto Nacional de Seguros (INS).

Esta fue la recomendación hecha por la asesoría del MEP durante la capacitación a los docentes. Tras la presentación realizada por Nelly Venegas Brenes, jefa del Departamento de Asuntos Disciplinarios, y Silvia Fallas Acuña, asesora legal de la Unidad de Procedimiento Administrativo del MEP, se habilitó un espacio de preguntas por parte de los docentes.

Entre las consultas leídas por la moderadora Adriana Retana Varela, destacó la interrogante sobre si existe alguna normativa, además de la Ley del Funcionario Público, que proteja al docente que sufre maltrato psicológico, acoso, agresiones o violencia.

"Sobre este tema no tenemos una normativa expresa que venga a regular, resguardar o proteger al denunciado. En este sentido, el MEP no tiene protocolos", señaló Venegas.

Ante este escenario, la funcionaria indicó que las opciones se limitan a la atención psicológica o médica por medio de la CCSS o incluso del INS, lo que reforzó la percepción de desprotección institucional entre los docentes.