Colegio de Ingenieros y Arquitectos investigará empresas ligadas a caso Cochinilla

(CRHoy.com).- El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) anunció este jueves que iniciará una investigación preliminar para recabar información "pertinente" con el fin de determinar si se presentaron conductas contrarias a su Código de Ética Profesional por parte de las empresas constructoras agremiadas que las autoridades judiciales vinculan con el Caso Cochinilla, de presunta corrupción en la construcción de obras viales.

El CFIA además indicó que se encuentra impedido legalmente para referirse sobre aspectos de fondo de dichos hechos. Su posición la justifica en la garantía de objetividad e imparcialidad en el ejercicio de sus competencias, además de evitar "cualquier reclamo por un eventual adelanto de criterio".

"Asimismo, el Colegio Federado estará atento y analizará los hechos que acontezcan en las instancias judiciales y administrativas, manteniendo siempre la disponibilidad y el mayor compromiso de cooperar con estas en todo lo que requieran, en atención a los intereses públicos que se deben tutelar. El CFIA mantiene su compromiso de velar por el decoro de las profesiones que regula, y condena categóricamente cualquier acto de corrupción en los que se vean involucrados nuestros agremiados", manifestó el colegio profesional.

"Se reitera el llamado a nuestros profesionales y empresas miembros, a mantener siempre un estricto apego y respeto tanto a las normas éticas como técnicas que regulan el ejercicio de las profesiones de las ingenierías y de la arquitectura", pidió la institución.

Entre las empresas investigadas por las autoridades judiciales por el Caso Cochinilla están H Solís y Meco, dos de las constructoras más grandes del país y que, presuntamente, pagaron sobornos a varios funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para obtener favores indebidos y para acaparar proyectos de conservación y construcción de vías.

Los dueños de ambas firmas, Mélida Solís y Carlos Cerdas, constructoras están detenidos en las celdas del Organismo de Investigación Judicial a la espera de que un Juzgado defina su situación.

Producto de los presuntos hechos de corrupción se habrían malversado fondos públicos por el orden de los ¢78.000 millones, según el OIJ.