CNC evita referirse a multas por incumplimientos contractuales de Globalvía
En diciembre de 2023 cúpula institucional discutió situación sobre 600 expedientes en curso
Peajes sobre la ruta 27 a la altura de San Rafael de Escazú. Archivo CRH/Daniela Abarca
El Consejo Nacional de Concesiones (CNC) evitó referirse a los procesos de multa por posibles incumplimientos contractuales achacados a la empresa Autopistas del Sol S.A. (Globalvía), concesionaria de la ruta 27 entre San José y Caldera.
La entidad, adscrita al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), apeló a limitaciones legales para declinar referirse al tema ante una consulta efectuada por este medio.
El 11 de marzo, CRHoy.com consultó al CNC sobre la cantidad de procesos de multa en curso, las causas de cada una y la fase en la que están. Además, se pidió precisar el monto económico total de lo reclamado.
Este 1.º de abril la institución señaló que no podía responder a la solicitud debido a que podría interpretarse como un adelanto de criterio que, incluso, representaría la "nulidad absoluta de los procedimientos".
"En cuanto a las consultas puntuales hechas, corresponde aclarar que, hacer referencia o declaración alguna con respecto a la cantidad de procedimientos de multa en trámite en esta secretaría técnica, sus causas, el estado de los procesos, así como la cuantía de los mismos, implicaría un adelanto de criterio a todas luces indebido y reprochable, lo cual vendría a generar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de los procedimientos, toda vez que, no será sino hasta las resultas en definitiva del procedimiento del caso en concreto que se podría establecer si a la Concesionaria le aplicó o no la imposición de multa, lo que a su vez generaría inminentes consecuencias negativas para la institución, ante las eventuales acciones judiciales que podría entablar la Concesionaria por concepto de daños y perjuicios", citó el CNC.
La respuesta dada por el CNC dista de lo discutido en la sesión ordinaria 021-2023, celebrada el 19 de diciembre de 2023, por la junta directiva de la entidad.
Ese día, Óscar Murillo Vargas, auditor interno del consejo, explicó que estaban realizando un estudio sobre los procedimientos de multas que estaban en curso y recalcó que la cantidad de expedientes oscilaba entre 600 y 700.
"Han salido varios elementos diferentes tenemos 700 y algo procesos de multas. Entonces estamos levantando una matriz con la numeración de la supervisora, la numeración que tenemos aquí y vamos a verificar dónde están todos y cada uno de sus expedientes para poderlo meter, pero sí se está trabajando sobre ese tema", citó el auditor ese día.
Los procesos de multas se remontan desde 2015 y hasta la fecha. Sin embargo, la concesionaria puede presentar apelaciones y rechazar los supuestos incumplimientos imputados. Cada caso debe ser valorado por la asesoría jurídica del CNC, el cual definirá el futuro de la gestión a partir del estudio respectivo.
Danielle Jenkins Bolaños, quien fungió como secretaria técnica del CNC, entre octubre de 2023 y enero de 2024, detalló en el informe final de gestión que en ese lapso se habían trasladado 530 expedientes físicos, con presuntos incumplimientos achacados a la concesionaria, al área de servicios legales.
"Sin embargo, por razones que se exponen en el oficio CNC-ST-OF-0054-2024, y las observaciones externadas por el área de servicios legales, hasta tanto no se completen los expedientes con la información requerida, la entidad se ve ante la imposibilidad de iniciar los procesos administrativos de aplicación de multa. Se recomienda que se insten a las partes a redoblar esfuerzos para completar los expedientes e informes en tiempo", expuso la hoy exjerarca de la institución.
En mayo de 2023, según una publicación del diario La Nación, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) manejaba la estimación de que la totalidad de los presuntos incumplimientos rondaría los $60 millones.
¿Qué se reclama? Presuntos incumplimientos asociados a múltiples aspectos, tales como: desatención de derrumbes, baches en pavimento, defectos en asfalto, desprendimiento de materiales, mal estado de señalización vial, envío tardío de información, entre otros aspectos.
Ante posibles incumplimientos, a la concesionaria se le debe dar un período prudencial para atender las deficiencias señaladas. Si durante el proceso esto no se atiende, el CNC puede continuar con la aplicación de multas.
Las sanciones deben estar sustentadas en pruebas, estudios y análisis técnicos que respalden la cuantía económica estimada.
La radial fue construida por Autopistas del Sol S.A. como complemento contractual a la concesión de la ruta 27. Foto: AyA
Un antecedente
El pago de más de ₡2.528 millones (más de $4 millones) que la empresa española debía efectuar al Estado por las fallas constructivas en la radial Escazú-Hatillos-Calle Morenos, entre Sabana Sur y la ruta de Circunvalación, aún se discute en instancias judiciales.
En mayo de 2015, la Contraloría General de la República (CGR) demandó a la compañía ante el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) para que pagara por los recursos que destinó el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para contratar una empresa que reparara los taludes deficientes en la obra.
Los hechos se remontan a 2009, cuando Autopistas del Sol S.A. construyó la vía. No obstante, lo hizo omitiendo estudios básicos para la intervención de los taludes. Un año después, en 2010, producto de las deficiencias en la construcción, hubo derrumbes y cierres de la vía debido a las condiciones inseguras para los usuarios.
El proyecto contempló la construcción de 1.7 kilómetros de carretera como complemento al contrato de concesión de obra púbica entre San José y Caldera, en manos de la misma compañía.
En el reclamo planteado en 2015, la CGR detalló que el Conavi determinó una serie de especificaciones que la obra debía reunir y que no fueron atendidas a cabalidad, según lo dispuesto en el contrato suscrito el 1° de julio de 2008 entre el CNC y Autopistas del Sol S.A.
En 2010, tras el colapso de los taludes, el Conavi contrató a una empresa para que se encargara de realizar las tareas de estabilización requeridas.
Esta es la ruta 27, entre San José y Caldera. Foto con fines ilustrativos
La ruta 27 fue inaugurada en 2010 por la administración Arias Sánchez (2006-2010), desde entonces la carretera de 77 kilómetros es operada por la concesionaria española (conocida ahora en Costa Rica como Globalvía).
La ampliación de la vía y la extensión del contrato que planteó la Administración Alvarado Quesada (2018-2022), con una inversión estimada de $646 millones, fue descartada por el actual gobierno (Chaves Robles, 2022-2026).
Ese plan, en principio, se traduciría en una prórroga del contrato entre el Estado y el concesionario, el cual actualmente vence en 2033. Si el plan se concretaba, ese vínculo se incrementaría entre 15 y 20 años adicionales (hasta 2053).
La Administración Chaves Robles y Globalvía mantienen negociaciones para definir el camino más adecuado para modernizar el corredor vial.
Para modernizar los 77 kilómetros que comprenden la vía se requeriría una inversión estimada en $600 millones y $700 millones, los cuales el Estado no tiene.
Una de las alternativas que exploró el gobierno en meses recientes radicó en solicitar al Ministerio de Hacienda pedir un crédito de $600 millones discutidos de manera verbal con el Reino de Arabia Saudita. Este dinero serviría para entregar los recursos como aporte estatal a la ampliación, pero esto no está cerca discutirse o concretarse.
Ante las dificultades expuestas, el Poder Ejecutivo apostaría en encaminar la ampliación en la primera fase, entre el Gimnasio Nacional y Siquiares (Alajuela). Este tramo posee, desde hace varios años, las expropiaciones requeridas casi listas.