Choferes de plataformas fustigan proyecto del gobierno para regular operación

(CRHoy.com). Los choferes que ofrecen servicios de transporte de pasajeros a través de plataformas tecnológicas plantearon un criterio de disconformidad con el proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo para regular la operación de estos servicios y "emparejar" las condiciones con los taxistas formales.

Las autoridades de gobierno presentaron la propuesta a inicios de mayo pasado. El texto actualmente está en la Comisión Permanente de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa.

La Asociación Privada de Movilidad Tecnológica (Aprimotec) agrupa conductores de Uber, DiDi y otras plataformas. Precisamente, esta organización fue la que remitió el criterio de disconformidad a los diputados al considerar que el proyecto se basó exclusivamente en los diálogos con los concesionarios de taxi, representantes de las empresas de plataformas y las autoridades del Poder Ejecutivo.

"Este proyecto se redactó basado únicamente en tres ejes: Gobierno, plataformas y concesionarios de taxis, sin tomar en cuenta la realidad de quienes prestan el servicio diariamente (los conductores) y pone por encima las necesidades de los usuarios de estas plataformas. Esto significa que en el proyecto de Ley se dejó por fuera el aporte innovador y estratégico de más de 30 mil personas que dan vida a la actividad, de acuerdo con el reciente estudio realizado por la Cámara de Comercio de Costa Rica", puntualizó Aprimotec, en un comunicado de prensa, divulgado este 10 de julio.

Para los choferes, el texto deja por fuera la seguridad jurídica y personal de quienes ejercen la actividad, "pues detalla únicamente nuevas responsabilidades para el gremio y para que puedan entrar dentro del marco jurídico que se propone, para evitar ser multados por presunto transporte ilegal de personas".

A diferencia de lo expuesto por el Poder Ejecutivo, la asociación propone que Tribunal Administrativo de Transporte (TAA) u Oficina de Movilidad Colaborativa (nuevo nombre propuesto en) sea administrado bilateralmente por medio del sector productivo (plataformas) y el Gobierno y que se financie desde el fondo de movilidad colaborativa.

Adicionalmente, urgen que los procesos administrativos se realicen desde empresa privada, supervisada por el sector público, para que no exista burocracia y de esta manera un conductor evite situaciones como mantenerse más de 3 días bloqueado esperando respuesta por parte del sector público (ejemplo de ello son los casos que llevan más de 6 meses en el CTP).

Los conductores también proponen que existan diferentes canales de atención para el conductor y el usuario, tomando en cuenta Centros de Atención Especializada que agilicen los procesos de manera presencial y digital mediante la autogestión.

Para la asociación, debe existir una vía para que puedan quedar inscritos en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y pagar responsabilidades tributarias por medio del régimen simplificado, como cualquier persona que ofrezca servicios y contar con pólizas de seguro.

De igual forma, sugieren eliminar el límite de vehículos por propietario, el cual actualmente está en 3 vehículos como máximo, pues consideran que no existe una razón técnica para ello y además cae en la inconstitucionalidad.

"Uno de los objetivos de esta nueva Ley debe ser, el de procurar legalizar a todas las partes de este nuevo modelo de economía colaborativa. Este proyecto de Ley está dejando por fuera una de esas partes: a todas aquellas personas que se dedican a alquilar carros, a conductores que no tienen vehículo, un propio. Nuestra opinión es que cualquier persona que cumpla con sus obligaciones formales debería poder registrar cuantos vehículos desee y debe ser el mercado el que defina el aprovechamiento de estos vehículos", dijo Luis Alfredo Román Salas, presidente de Aprimotec.

Otro de los criterios que los choferes solicitaron revisar es la retención por parte de las plataformas por cada uno de los viajes, que actualmente ronda desde el 9% y hasta el 40%, haciendo que el ingreso de los conductores no sea del todo beneficioso, por lo que solicitan que se regulen estos porcentajes y proponen que la retención por parte de las plataformas sea de máximo 20%.

En una línea de disconformidad, la organización gremial de taxistas Sindtaxcr también remitió un escrito a la comisión legislativa donde señalan una serie de deficiencias en el proyecto planteado desde el Poder Ejecutivo y urgen una serie de cambios.

Luis Amador, ministro del MOPT, reconoció días atrás que grupos de taxistas habían planteado inquietudes en torno al texto original. Según dijo, estas dudas surgieron luego de que los líderes de los taxistas, que se sentaron a negociar con el gobierno, consultaran el documento con las "bases" gremiales.

 

Aspectos generales del proyecto para regular plataformas:

• Vehículos (tanto de plataformas como de los taxistas) solo deberán acudir 1 vez al año a la Revisión Técnica Vehicular (RTV).
• Todos los conductores deberán estar inscritos ante la CCSS.
• Deberán contar obligatoriamente con seguro por riesgos de daños a terceros.
• Pagarán renta al Ministerio de Hacienda.
• Taxistas podrán afiliarse a plataformas para operar.
• Vehículos de plataforma circularán identificados, donde se identifican como tales.
• Antigüedad de taxis formales será de 14 años.
• Tarifas para pagar serían fijadas por libre mercado, pero se establecerá un monto de rentabilidad mínima para cada viaje.

En 2007, el país registraba 12.500 concesiones de taxi. En la actualidad, esa cantidad se redujo a aproximadamente 11 mil. La proyección es que esta tendencia se mantenga y adquiera mayor fuerza en los próximos meses.

En ausencia de una regulación específica, Uber opera en Costa Rica desde agosto de 2015, mientras DiDi inició funcionamiento en noviembre de 2019. En el caso de Uber, de capital estadounidense, cuenta con casi 29 mil conductores registrados y un promedio de 1 millón de clientes en todo el país.