Chaves y su abogado omitieron hablar de causas por reuniones con Pacheco Dent y cambios en UEI

Rodrigo Chaves Robles y su abogado José Miguel Villalobos Umaña, exministro de Justicia (2002), nunca mencionaron en la larga lista de denuncias penales que existen en la Fiscalía General contra el presidente, las que investigan la polémica modificación del reglamento de la Unidad Especial de Intervención (UEI), ni tampoco las visitas al despacho presidencial del empresario Pacheco Dent.

Tanto el mandatario y su representante legal esbozaron burlas y señalamientos llenos de chota al leer detalles de las denuncias que se tramitan en el Ministerio Público, pero por razones que se desconocen no hicieron ningún comentario sobre esas dos causas penales.

El mandatario atacó al fiscal general Carlo Díaz, diciendo que buscan ensuciarlo a él dando trámite a las denuncias que ingresan en su contra y su abogado sostuvo en varias ocasiones que los hechos bajo investigación "parecían broma".

"No son demandas, son denuncias penales, cosas en las que si se me encuentra culpable, tendría que pasar tiempo en la cárcel",

Sin embargo, en las dos causas que olvidaron mencionar se analizan documentos que validaron acciones en las que pudo incurrir en un posible delito. Incluso por las visitas de Pacheco, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) decomisó varias bitácoras de Casa Presidencial para aportarlas al caso como prueba.

Visitas de Pacheco Dent

Crhoy dio a conocer que el empresario de apellidos Pacheco Dent visitó Casa Presidencial en más de 10 ocasiones desde que Chaves entre mayo del 2022 y abril del 2024, según consta en las bitácoras de ingreso a la sede de gobierno.

Este sujeto fue detenido el pasado mes de julio por la investigación penal 24-00003-0611-PE, relacionada con la presunta tala ilegal en zonas del Refugio de Vida Silvestre Gandoca- Manzanillo, en Talamanca de Limón.

Al inversionista lo investiga la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) en los expedientes donde se indagan presuntos delitos de prevaricato, influencia en contra de la Hacienda Pública, cambio de uso de suelo, falsedad ideológica y uso de documento falso.

En medio de los trámites que habría hecho el sospechoso, fue cuando se concretaron las reuniones con el presidente en su despacho y además otras en el de Jeffrey Cerdas Lobo, director de la Unidad Especial de Apoyo (UEI), cuerpo de seguridad adscrito al Ministerio de la Presidencia.

Por esa razón, el Ministerio Público abrió la causa 24-000041-0033-PE, por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias, en la cual figuran como imputados el mandatario Chaves y el ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, quien negó conocer al empresario o al menos no recordar alguna reunión con él, mientras que el presidente reconoció haberlo recibido en su despacho.

"Si encuentran alguna ilegalidad en los permisos, que proceda la justicia, yo no voy a decir que no lo conozco porque yo no miento, no sé cuantas
veces vino a Casa Presidencial, si yo hubiera querido ni siquiera cruzo la calle solo era cruzar puerta a puerta, que me metan a acusaciones porque
tengo vecinos, todos tenemos, eso no me preocupa en lo más mínimo", dijo Chaves cuando fue cuestionado por los encuentros con Pacheco.

Modificaciones en UEI

El otro caso que no quisieron mencionar fue el relacionado con el expediente 24-000104-0033-PE, por los presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato, el cual se abrió contra Chaves y su ministra de la Presidencia Laura Fernández Delgado, por el polémico decreto para modificar el reglamento de UEI.

En este caso se investigan posibles irregularidades con el decreto N° 44637 MP firmado por Chaves y Fernández, quienes hicieron una reforma parcial al lineamiento de organización y funcionamiento de la UEI, ampliando potestades de la entidad donde se incluye la creación de dependencias específicas de "inteligencia táctica", armería, unidad canina, materiales radioactivos, Tiradores de Alta Precisión (TAP o francotiradores), entre otros.

Los ajustes oficializados en el diario oficial La Gaceta, el 21 de noviembre, fueron antecedidos por una propuesta de reorganización de la UEI solicitada por la ministra el 27 de octubre de 2023 y que tuvo como respuesta un informe técnico remitido el 1° de noviembre de 2023 por el Ministerio de Justicia y Paz, cuyo jerarca es Gerald Campos Valverde, quien fue subdirector general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Uno de los principales ajustes tiene que ver con la conformación de la dependencia denominada "Inteligencia Táctica", adscrita al Departamento de Operaciones, la cual tendrá facultades de investigación a pedido del director general de la UEI (nombrado por el presidente de la República).

En el decreto de reglamento se estipulan 8 tareas y competencias encomendadas a esta dependencia, las cuales hasta entonces no existían o, al menos, no estaban oficializadas.

Una de las más cuestionadas es que ese departamento tendrá potestades de planificación, supervisión y participación en operativos policiales (allanamientos, vigilancias especiales por motivo de narcotráfico y terrorismo, operaciones encubiertas y de montaña, protección de jerarcas, entre otros).

Otra instrucción asignada al departamento de Operaciones establece que se deben acatar y ejecutar "las directrices y órdenes emitidas por el director o subdirector de la UEI o, en su defecto, las indicadas por el presidente de la República (Chaves) y la ministra de la Presidencia (Fernández)". Es decir, el mandatario tendrá la posibilidad de girar directrices u órdenes al departamento operativo del cuerpo policial.

El decreto también obliga a que los funcionarios del departamento de Operaciones acaten y ejecuten directrices (y órdenes) giradas por el propio presidente de la República, según se define en el artículo 9 del reglamento sobre las competencias del departamento de Operaciones de la UEI.

También autoriza al presidente y su ministro (a) a otorgar grados policiales a discreción, a las jefaturas de los nuevos departamentos, abriendo el portillo para que el mandatario pueda otorgarle el rango policial que desee al actual director Jeffrey Cerdas Lobo, quien fue nombrado en el cargo sin cumplir con los requisitos de ley.