Chaves veta propuesta que sanciona a jerarcas que no reglamenten las leyes aprobadas
El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, vetó el proyecto de ley que pretende sancionar con una inhabilitación de entre 1 y 4 años para ocupar cargos públicos a los jerarcas que incumplan con la reglamentación de leyes aprobadas.
Chaves vetó la propuesta, presentada por la socialcristiana Daniela Rojas Salas, alegando que se produjo un "yerro insalvable" en el procedimiento legislativo. Mencionó que no se consultó a las instituciones autónomas, municipalidades y a la Corte Suprema de Justicia.
El proyecto se aprobó en segundo y último debate el pasado 13 de febrero.
La iniciativa consta de dos artículos. El primero señala que el Poder Ejecutivo deberá reglamentar las leyes en el plazo que se indique en la misma ley.
En caso de que la ley no establezca la necesidad de una reglamentación específica ni el plazo para hacerlo, el Poder Ejecutivo contará con seis meses a partir de su publicación para emitir el reglamento correspondiente.
Para cualquiera de los supuestos establecidos en este primer artículo, el plazo podrá prorrogarse hasta por tres meses más mediante criterio técnico razonado.
El segundo artículo propone que el jerarca o funcionario que incumpla con la obligación de reglamentar una ley dentro del plazo establecido, de conformidad con el artículo uno de la presente ley, incurrirá en el delito de incumplimiento de deberes en la función pública, previsto en el Código Penal vigente.
El artículo 339 del Código Penal establece que el delito de incumplimiento de deberes será reprimido con pena de inhabilitación de 1 a 4 años cuando se determine que un funcionario público, ilegalmente, omitió, se negó a hacer o dejó de ejecutar algún acto propio de su función.
La diputada Rojas mencionó meses atrás que la iniciativa busca evitar que se repitan casos como el de la Ley de Nómadas Digitales, en la que se establecía un plazo de dos meses para la emisión del reglamento, pero este tardó más de un año.
Otros ejemplos fueron la Ley Marco de Empleo Público y la creación de zonas francas fuera del área metropolitana.