CGR encontró deficiencias en proceso de contratación administrativa Ministerio de la Presidencia

Contraloría General de la República (Foto: Archivo CRH)

(CRHoy.com).-La Contraloría General de la República (CGR) encontró una serie de deficiencias en el proceso de contratación administrativa para la adquisición de bienes que realiza el Ministerio de la Presidencia.

Así lo concluyó el ente contralor tras una auditoria de carácter especial que abarcó aquellas contrataciones finalizadas durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2021.

En la auditoría se analizaron 40 líneas correspondientes a 24 expedientes de contratación, lo que correspondió a 100.2 millones de colones, siendo esto un 34% del total de los bienes adjudicados de dicho período, detalló la CGR.

"Se evidenciaron oportunidades de mejora en el proceso de contratación administrativa de bienes ejecutado por la institución asociadas con el alcance", explicó la Contraloría.

La CGR determinó las siguientes deficiencias:

• La documentación que acredita que el bien fue recibido de conformidad con los términos establecidos en el contrato y la factura de pago, no se localizaron en el SICOP, en su defecto la administración las resguarda fuera del expediente electrónico.
• Adicionalmente, se determinó que de las líneas revisadas, el 10% no posee actas de recepción, y existe otro 10% que no presenta la factura que demuestre el pago realizado por la recepción del bien.
• Se identificaron debilidades en cuanto a la planificación de las estimaciones de costo realizadas para determinar el valor de mercado del bien, ya que en el 45% de las líneas revisadas, las cantidades de bienes adjudicados no coinciden con los solicitados inicialmente, debido a ajustes por diferencias de precios presupuestados, situación que se mantiene para los años 2018, 2019 y 2020 y parte del 2021.
• Se determinó que el proceso de contratación administrativa ejecutado por la institución no garantiza la razonabilidad de los precios adjudicados y pagados.
• Se omitieron los análisis de riesgos referentes al proceso de contratación administrativa en todo su ciclo de vida, lo cual haría vulnerable a la institución ante la materialización de los mismos.
• Se determinó que la institución se encuentra en una fase de preparación básica ante la implementación de la Ley General de Contratación Pública, Ley N.° 9986, por cuanto falta ejecutar acciones para fortalecer, alinear las estrategias institucionales y gestionar los riesgos asociados a los cambios que establece la Ley.

"Dicho nivel de preparación se relaciona con la falta de revisión de la normativa interna para determinar el alineamiento con lo establecido en la Ley de cita, no se han implementado acciones para desarrollar esquemas de presupuestación plurianual, la ausencia de un análisis de los procesos de planificación, presupuesto, adquisición y recursos humanos para identificar si se alinean a los cambios que se implementarán a partir de la entrada en vigencia de la nueva normativa, la falta de promoción de acciones para reforzar el perfil de competencias en la materia y la generación de sensibilización al personal sobre la importancia de la Ley de cita de todos los niveles de la organización", dictó la Contraloría.

"Las situaciones descritas debilitan la transparencia en los procesos de contratación, la efectiva rendición de cuentas y con ello la finalidad pública", agregó.

La CGR presentó el proyecto de ley semanas atrás al Congreso (CRH)

¿Qué sigue?

Tras el informe, la Contraloría dispone al Ministerio de la Presidencia, oficializar e implementar un procedimiento para que en cada uno de los procesos de contratación que realiza, según la normativa vigente, se incorporen dentro de cada expediente las actas de recepción de los bienes y la facturación.

"Así como, definir, formalizar e implementar una guía institucional para la revisión de precios de mercado y la estimación de costos del objeto contractual".

"(…) (Además) identificar las necesidades de conocimiento que presenta el personal de la institución respecto del marco jurídico que rige para los procesos de contratación administrativa, con el objetivo de elaborar e implemente un plan de acción para atender dichas necesidades en el corto y mediano plazo".

Además, ordenaron elaborar, oficializar e implementar un mecanismo de control que permita la gestión de riesgos inherentes al proceso de contratación administrativa y establecer y ejecutar las acciones requeridas para asegurar razonablemente la preparación institucional de cara a la entrada en vigencia de la nueva Ley de Contratación Pública, Ley N° 9986.