Celulares dentro de cárceles se valoran en ₡3 millones: ahora llegan hasta en máxima seguridad
Tienen unos 15 días de vida útil y vienen con chips de operadores internacionales
Dentro de tablas de madera, en estructuras metálicas, ocultas en hornos microondas y bajo piso, durante el último mes, la Policía Penitenciaria ha confiscado 76 celulares, 69 chips, 18 cargadores, 11 manos libres, 4 llaves USB, 64 adaptadores y cables USB, así como una llave para celulares.
Estas cifras corresponden solo a los reportes de decomisos en las cárceles de Limón, San Carlos, Puntarenas y el CAI Terrazas en San Rafael de Alajuela.
No es para menos el incremento de los intentos por escabullir dispositivos a las celdas: cada teléfono inteligente que se ingresa ilegalmente a las cárceles del país tiene un valor de ₡3 millones de colones, según ha podido corroborar el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Fuentes policiales separadas consultadas por crhoy.com confirmaron que estos celulares tienen alrededor de 15 días de vida útil y vienen generalmente con tarjetas SIM o chips de operadores de telefonía internacionales, con el fin de evadir los bloqueadores de señal instalados en las prisiones.
La preocupación ha crecido, cuando estos aparatos incluso están llegando a máxima seguridad: los aposentos carcelarios con más restricciones.
A supuestos cabecillas de grupos criminales como Tony Peña Russell o Darwin González alias Pancho Villa, les confiscaron 2 teléfonos a cada uno la última semana.
Inclusive funcionarios del sistema penitenciario han sido detenidos por intentar introducir artículos prohibidos. Recientemente, el pasado 28 de julio, un oficial de la Policía Penitenciaria fue detenido por sus compañeros cuando portaba 3 celulares y droga a su entrada en la cárcel de Puntarenas.
Para Randall Zúñiga, director del OIJ, estas altas sumas de dinero que pagan los criminales por acceder a teléfonos móviles en prisión, son una de las razones para el aumento exponencial de esta situación, dado que son cifras muy elevadas en comparación con los ingresos de los funcionarios.
Si vemos que un policía penitenciario puede ganar unos ₡700 u ₡800 mil colones, o menos si tiene pocos años. Entonces que le paguen a alguien ₡3 millones de colones, sea un policía o alguien externo, es una cantidad muy grande de dinero.
Hay que mejorar controles y buscar la forma en que se pueda reforzar el compromiso ético-moral de las personas y siempre tenemos esa problemática, cosa que no sucede en otras celdas u otras cárceles administradas por otros países, donde hay tolerancia cero y es un ejemplo bastante importante de referenciarlo.
Según el jefe policial, tanto la constante vulneración de las prisiones como la cantidad de nuevos privados de libertad e indiciados, hacen latente la necesidad de más instalaciones penitenciarias.
Si seguimos con la tendencia que tenemos en la actualidad de detener tantas personas y estarlas llevando a las autoridades judiciales, va a aumentar el hacinamiento si no se generan proyectos sólidos de cárcel en el país.
No necesariamente tiene que ser una megacárcel, pero por lo menos tiene que haber más espacios para poder ubicar a todas las personas que están sentenciando o poniendo una prisión preventiva.
Tony Peña Russell, el supuesto jefe de sicarios que operaba en la provincia de Limón, tenía dos celulares dentro de una celda de máxima seguridad en La Reforma, donde permanece descontando tres meses de prisión preventiva, confirmaron fuentes policiales a este medio.
Los descubrieron el pasado martes 6 de agosto, cuando el Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía ejecutaron un allanamiento en la celda de otro supuesto capo, el empresario Darwin González Hernández, conocido como "Pancho Villa", quien afronta un juicio por narcotráfico y legitimación de capitales.
La intención era decomisar esos dos dispositivos para revisarlos y confirmar si González, acusado de liderar una banda que operaba en el sur e importaba droga para distribuirla en Puntarenas, también estuvo relacionado con el intento de soborno sobre una jueza, para que declarase en su favor durante el juicio.
No obstante, ante la presencia de autoridades judiciales ese día para confiscar los teléfonos de "Pancho Villa", la Policía Penitenciaria aprovechó y realizó una revisión por las celdas de máxima seguridad, lo que permitió encontrar otros dos dispositivos en la celda de Tony Peña, según ratificaron fuentes policiales.
A diferencia del decomiso a Darwin González, el cual fue solicitado por Fiscalía y autorizado por un Juzgado, la incautación de los celulares de Peña Russell fue de índole administrativa.
Consultamos sobre el tema al Ministerio de Justicia, a cargo de administrar las cárceles del país, pero al cierre de esta nota no hemos obtenido respuesta.
Vacío legal
Además de la debilidad del sistema penitenciario, en Costa Rica no existe una ley que castigue la introducción de dispositivos electrónicos a las celdas, pese a que en los últimos 2 años van más de 3.500 aparatos confiscados.
Esta situación se ha convertido en una problemática de seguridad pública en el país, dado que muchos cabecillas consiguen mantener control de las bandas desde prisión, gracias a su contacto con el exterior mediante los celulares.
Comunicación con miembros de organizaciones criminales en zonas separadas dentro de un mismo centro carcelario para planificar posibles fugas, ajustes de cuentas o estrategias contra bandas rivales; conversaciones y coordinaciones con el exterior, así como estafas y otro tipo de delitos, son los riesgos de que los privados de libertad accedan a estos dispositivos.
Un proyecto de ley castigaría esta práctica con penas de 2 a 4 años de prisión a los visitantes carcelarios que metan teléfonos a prisión.
El castigo será mayor y la conducta se considerará más grave aún, si policías penitenciarios, cualquier tipo de empleado público o persona con permiso especial, se involucren en proveer los teléfonos y artículos prohibidos, a los privados de libertad dentro de las cárceles.
Yo diría que es más un problema de controles en las cárceles. Obviamente es el Ministerio de Justicia, a través de la Policía Penitenciaria, la encargada de velar porque este tipo de instrumentos no entren a las cárceles. En algunas ocasiones, son las personas que visitan las que hacen la introducción de estos aparatos.
A veces incluso por cavidades del cuerpo y ahí es muy poco lo que pueden hacer los oficiales. Pero también sabemos que hay corrupción en el sistema carcelario y que ese tipo de aparatos entren a máxima seguridad, no es a través de los visitantes porque no llegan a esta zona, sino a través de policías. Allí es donde debería existir un control más estricto.
En total, 885 personas han sido remitidas a la Fiscalía entre el 2023 y 2024, sumando tanto a quienes tratan de introducir teléfonos, como droga y otros artículos prohibidos, según datos que corresponden a estadísticas del Ministerio de Justicia y Paz.
No obstante, quienes específicamente tratan de camuflar los dispositivos, en muchas ocasiones no logran ser procesados en sede judicial de forma exitosa, justamente debido a la falta de una figura legal que castigue esta práctica como un delito.