Catedrático recomienda avanzar con plan que suprime beneficios a sospechosos de narco
Propuesta es de la fracción del PLP
El catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Costa Rica (UCR), Luis Alonso Salazar, recomendó a los diputados avanzar con la discusión del proyecto de ley 23.714, una iniciativa que busca suprimir los beneficios carcelarios que se le puedan conceder a los sospechosos ligados con crímenes de narcotráfico y crimen organizado.
Este proyecto fue propuesto en abril anterior por la fracción del Partido Liberal Progresista (PLP) y propone que a la declaratoria de narcoactividad otorgar "una prisión preventiva por un plazo de un año, no revisable antes de ese plazo, excepto por circunstancias excepcionales".
Además, duplica los plazos para efectos de la investigación, celebración de audiencias, plazos para deliberación y dictado de la sentencia, así como los plazos para recurrir; e impide la aplicación de medidas alternas del procedimiento penal así como cualquier tipo de reducción de la pena (exceptuando casos de testigo de la corona).
Este jueves, en audiencia con los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso, donde se discute la propuesta de ley, Salazar dijo que el plan busca suprimir los beneficios carcelarios en el caso de la narco actividad. Es decir, eliminar beneficios tales como la libertad condicional, el cumplimiento de penas en sistemas alternativos cuando los sospechosos cumplen un tercio de la pena impuesta, el monitoreo electrónico.
"Se pretende dar un tratamiento diferenciado a una conducta criminal que está causando un estrago social en la perspectiva social en muchos ámbitos. El proyecto es de orden procedimental y busca un procedimiento especial para hacer efectiva la legislación de fondo que está vigente en el combate a la narco actividad", explicó el experto.
Salazar dijo que el texto del proyecto requiere de ajustes en temas de redacción, pero aseguró que por el fondo es una propuesta "beneficioso" porque no implica un cambio en la legislación de fondo y que no requiere de costos extras en la administración de justicia.
"No se requieren de nuevos fiscales ni nuevas salas de juicios. Se puede aplicar con la legislación actual y los mismos recursos", añadió el catedrático.
