Caso UPAD: Abogados de Alvarado confirman inicio de apertura de celulares y computadoras
Ese mismo día el Juzgado Penal suspendió la diligencia
El caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) ya arrancó con el proceso de apertura de teléfonos celulares y computadoras vinculadas a esta situación.
La información la confirmaron a CRHoy.com Róger Guevara y Rodolfo Brenes, abogados de Carlos Alvarado, expresidente de la República.
De acuerdo con los abogados, las diligencias dieron inicio el pasado 15 de enero a casi un año después de la solicitud.
"En nuestra condición de abogados defensores del expresidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, confirmamos que el lunes 15 de enero inició el proceso de apertura de teléfonos celulares y computadoras relacionados con el caso UPAD.
Desde hace más de 1 año, en escrito formal presentado el 9 de enero del 2023 a la Fiscalía, solicitamos -a petición de don Carlos- que se iniciara este proceso de apertura, ya que desde el principio hemos querido demostrar que don Carlos siempre actuó en busca del bienestar de las personas y en ningún momento incurrió en delito alguno ni se afectó a persona alguna", indicaron los abogados.
Los representantes legales del exmandatario consideraron que el proceso avanza con el fin de ratificar su inocencia, tal y como se hizo la observación en el ámbito judicial desde hace casi un año.
Según señalaron, el Juzgado Penal suspendió la diligencia ese mismo día y ordenó que la revisión se realizara usando una lista de palabras clave o parámetros de búsqueda que deben ser propuestos por la Fiscalía y los defensores de las partes con el fin de verificar si la información a revisar fuese únicamente la vinculada con la investigación.
Se determinó además que cualquier otro elemento que surja en el camino deberá revisarse bajo supervisión de un juez y con participación únicamente de la Fiscalía, así como también de las partes interesadas.
"Don Carlos tiene la conciencia absolutamente tranquila, pues no se cometió delito alguno, no se espió a ninguna persona y no se le causó daño a nadie. Don Carlos, como todo costarricense, tiene derecho a una justicia pronta y cumplida. Reiteramos nuestra confianza en la independencia e imparcialidad del Poder Judicial y en nuestras instituciones democráticas. Una pronta tramitación de la causa permitirá reafirmar la inocencia del ex Presidente Alvarado", señalaron los abogados.
El caso
La UPAD se trata de una unidad de nivel político-estratégico que asesora directamente al Presidente de la República y su Despacho, en la cual se le vinculó por usar información de carácter sensible.
El expresidente Alvarado firmó un decreto para crear la oficina especializada en el manejo de datos personales e incluso de carácter confidenciales para analizar el despacho presidencial.
La situación generó un malestar en la opinión pública al considerar que dicha organización representaba una "espía" a los datos de la población costarricense, de tal manera que el 28 de febrero de 2020 se procediera a allanar la Casa Presidencial producto de esa Unidad.
Lo anterior por autorización de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, según trascendió en ese momento de las diligencias.
El Gobierno justificó la creación de la UPAD para tomar decisiones a nivel político para beneficio de la población nacional como parte de los resultados del estudio de informaciones personales de ciudadanos.
El 3 de febrero de 2022, la Fiscalía General solicitó a la Corte Plena tramitar el levantamiento de inmunidad y una apertura a juicio contra quien entonces ostentaba la banda como presidente de la República, tras solicitud contenida en el expediente 22-000006-033-PE.
La Sala Constitucional comunicó el 17 de agosto de 2022 que la creación de la Unidad fue inconstitucional, específicamente el artículo 7 párrafo segundo del decreto ejecutivo.
El numeral estableció que la información recabada era confidencial, mientras que también la información recabada por parte de la administración pública central y descentralizada deberán permitir acceso a información requerida por la UPAD.
Los altos jueces consideraron que el artículo infringió el derecho a la autodeterminación informativa y el principio de reserva legal en materia de regulación de derechos fundamentales.
En enero de 2023, el expresidente Alvarado solicitó a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) agilizar la tramitación de la acusación que enfrenta por el caso de la UPAD por los presuntos delitos de prevaricato, abuso de autoridad y fraude de la ley.
CRHoy.com consultó al Poder Judicial por el proceso, y señalaron por medio del Departamento de Prensa y Comunicación que "en este caso al perder la inmunidad o el fuero las personas involucradas eso quiere decir que se remitió al procedimiento ordinario y no aplica el procedimiento de juzgamiento a miembro de un Supremo Poder.
En este asunto la Sala de Casación Penal perdió la competencia y el expediente se remitió al Ministerio Público para lo que le compete resolver", precisaron.
Dicha solicitud se copió por parte del Poder Judicial a la Oficina de Comunicación del Ministerio Público, la cual está pendiente de respuesta.