Caso Turesky en el limbo: Sala III debe resolver cual despacho judicial asumirá el proceso
Funcionaria advierte que movimiento sería "contrario al principio de legalidad"
El Caso Turesky quedó en el limbo esta semana, luego de que el Juzgado Penal de San Joaquín de Flores de Heredia, solicitara a la Sala III tomar una decisión sobre cuál dependencia judicial deberá seguir el curso del proceso.
Esta determinación fue tomada por la jueza penal Lucrecia Rivas, quien el pasado lunes 22 de enero se declaró incompetente para continuar con las diligencias contra Alejandro James Wilson y 22 personas más por legitimación de capitales y otros delitos.
"En mérito de lo expuesto, normas y leyes citadas, se remite la presente ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, a fin de que sea muy servido en resolver el conflicto de competencia aquí planteado, siendo que se informa que el expediente se encuentra actualmente en la Fiscalía y el Juzgado Penal Especializado de Crimen Organizado", señala lo resuelto por Rivas.
Esto obedece a que Carlo Díaz, fiscal general de la República, solicitó el pasado 17 de enero, que se trasladara el expediente 18-000092-1219-PE a la nueva Jurisdicción Especializada de Crimen Organizado (JEDO), para que avanzara de manera más expedita y bajo otros estándares más rigurosos a la hora de juzgar a los imputados.
La primera gestión fue realizada por la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado ante el Juzgado Penal Especializado contra el Crimen Organizado.
"Ante dicha solicitud, el Juzgado Penal Especializado en Crimen Organizado (…) se declaró incompetente de conocer el presente asunto, argumentando que restan por concluir y resolver por parte de este Juzgado Penal de Flores, diligencias de investigación, siendo que en aras de principio de justicia pronta y cumplida, lo correspondiente es que concluyan estas diligencias en la jurisdicción ordinaria, para que el expediente pueda ser conocido por esa jurisdicción especializada", señala el oficio donde se hace la petición, al cual tuvo acceso CRHoy.com
Ese despacho aduce que se debe tomar en cuenta la gran cantidad de personas imputadas, algunos privados de libertad, así como el numeroso grupo de defensores técnicos notificados que asisten a las audiencias desde el 2022, lo cual ha obligado incluso a que muchas de esas se tuvieran que realizar en el gimnasio del Complejo de Ciencias Forenses.
"Violenta principio de legalidad"
La juzgadora planteó en el escrito que movilizar el caso "es contraria al principio de legalidad", pues a su criterio se violentaría los artículos 8, 9 y el transitorio I de la Ley de Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada siendo ese el motivo de acudir a los magistrados para que se resuelva el conflicto de competencia.
Rivas sostuvo que a su parecer el órgano competente para realizar y conocer el trámite del Caso Turesky es el Juzgado Penal Especializado en Crimen Organizado.
La funcionaria refutó el argumento expuesto por el juez Glen Calvo Céspedes, asegurando "violenta flagrantemente el principio de legalidad"
En la petición de traslado se incluyeron argumentos de Calvo, quien fundamentó que las audiencias de escuchas de intervenciones telefónicas, que datan de noviembre de 2022, aún no han concluido, asimismo, que faltan por resolver actividades procesales defectuosas presentadas por los defensores privados de algunos imputados y visado de videos.
"Con todo respeto para el juzgador que resolvió este asunto (Calvo) en la Jurisdicción Especializada, la resolución que se invoca incurre en una falacia de autoridad, toda vez que pretende que los asuntos que se investigan en las jurisdicciones ordinarias para ser conocidos por la autoridad especializada, deban haber realizado y concluido todas las etapas de investigación, es decir, de acuerdo al criterio del juzgador, únicamente serán conocidos por ese ente, los procesos en los que no falte ningún acto de investigación, lo que es contrario al transitorio primero, que establece que el Juzgador a cargo de la aceptación de la competencia únicamente debe verificar los requisitos de los artículos 8 y 9, no siendo uno de tales requisitos la finalización de la etapa de investigación", respondió la jueza.
Juzgado no tiene condiciones
Lo que sí reconoció Rivas fue su despacho no cuenta con los recursos necesarios para atender este caso y que han tenido que incluso solicitaron se reforzara el personal para poder dar abasto con las obligaciones que no tienen relación con este caso.
"(…) es preciso que esta Sala conozca las condiciones precarias en las que se ha diligenciado con éxito este expediente. El Juzgado Penal de Flores, San Joaquín, es un Juzgado pequeño, pues solo cuenta con dos jueces, dos técnicos y una coordinadora judicial. Al principio de la tramitación de esta causa, se pidió al Consejo Superior, se reforzara el Juzgado con un tercer juzgador que viniera a colaborar con las laborales ordinarias, ya que esta Juzgadora estaría avocada solamente a realizar las audiencias de escuchas telefónicas, tal y como lo estableció tajantemente el Tribunal Penal de Heredia, sin embargo, desde junio de 2023, no contamos con ese recurso", dice el planteamiento de la empleada judicial.
Por esa razón solicitó que se haga la valoración integral, tomando en cuenta la premisa de justicia pronta y cumplida que exije la ley.
La banda fue desarticulada por la policía judicial y el Ministerio Público en el 2021 mediante 40 allanamientos ejecutados en San José, Alajuela, Heredia y Limón.
El presunto líder Alejandro James Wilson y otros 22 sujetos fueron detenidos por la presunta participación en la exportación de cocaína a Europa desde Costa Rica.
Asimismo, se les achaca el supuesto tráfico de esa droga desde el sur de América hasta el territorio nacional, donde la almacenaban hasta incluirla en contenedores de mercancías lícitas posteriormente enviados al extranjero.
En aquel operativo fueron capturados tres agentes y un exfuncionario de la Policía Judicial, sospechosos de suministrar información delicada a la estructura.
También fueron capturados encargados de logística de la banda, testaferros, abogados y notarios que legitimaban capitales de la organización.
El grupo además resaltó por las visitas que lograron al menos tres de sus miembros a la Asamblea Legislativa, así como a la Casa Presidencial.