Caso Topo: Revisión de celular de exjuez asesinado permitió vincular a 6 funcionarios judiciales en caso
Se encontraron más de 300 mil archivos
La incautación del teléfono de Luis Diego Ulloa, el exjuez asesinado en La Unión de Cartago el 27 de febrero y que según autoridades judiciales se dedicaba a defender legalmente a grupos criminales de la Vieja Metrópoli, fue clave para descubrir que al menos 6 funcionarios le facilitaban datos de las causas penales.
Rándall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial, detalló este relevante aspecto en la investigación del ‘Caso Topo', que implica a 3 jueces de la República y 3 fiscales de distintas sedes judiciales con supuestos favores indebidos a Ulloa, hoy fallecido.
Cuando se decomisó el celular, se encontraron más de 300 mil archivos en ese dispositivo. El volumen de trabajo fue tal, que el OIJ tuvo que detener una unidad de trabajo de la Sección de Corrupción, para poder procesar toda la información.
La revisión e interpretación que hicieron los agentes de esos miles de documentos fue lo que permitió identificar cuáles eran los funcionarios dentro del Poder Judicial de alguna forma participaban en facilitar datos de causas penales.
Al parecer previo a su muerte, el exjuez y abogado privado Luis Diego Ulloa aprovechaba la relación de amistad y relación con varios funcionarios judiciales en activo, para recibir datos de sobre casos penales que él llevaba como abogado defensor privado.
Indicios recolectados hasta ahora por la policía judicial permitieron el arresto e indagatoria de los empleados del Poder Judicial el pasado viernes el 21 de junio. Se imputan los delitos de tráfico de influencias, divulgación de secretos, cohecho propio, falsedad ideológica, incumplimiento de deberes, prevaricato y posiblemente hasta legitimación de capitales.
De los funcionarios procesados, cinco quedaron en libertad y una de ellas incluso podrá regresar a su cargo. Las fiscales de apellido Kikut y Ulloa, así como el fiscal apellido Darcia y el juez de apellido Cabezas, fueron suspendidos de su puesto, pero no irán a prisión. A la jueza de apellido Padilla sí le permitieron volver a trabajar.
Eso sí, a todos los funcionarios les impusieron otras medidas cautelares como no acercarse a los despachos judiciales investigados, no acercarse a testigos de la causa, no salir del país, firmar una vez al mes ante la Fiscalía de Probidad y mantener domicilio fijo.
Solamente uno de los detenidos permanece en prisión preventiva por un plazo de un mes. Se trata de un juez apellido Sánchez. Justo, una técnica que trabajaba con Sánchez en el Juzgado Penal de La Unión también fue detenida esta semana, pero en un caso aparte.
A ella se le ligó con caso Madre Patria, que implica otra presunta red de corrupción, fraudes y legitimación de capitales.