Caso Pancho Villa: Abogada detenida por supuesto soborno a jueza seguirá 3 meses más en prisión
Abogada aparentemente aprovechó que conoció a jueza para pedirle declarar en favor del grupo narco
La abogada de apellidos Arguedas González, con presuntos vínculos a la banda "Pancho Villa" y que es investigada por supuestamente ofrecer un soborno a una jueza, descontará tres meses adicionales de prisión preventiva.
La jurista fue capturada hacia finales de marzo e inicialmente le impusieron 3 meses de prisión. Recientemente, el Juzgado Penal de Goicoechea extendió la medida cautelar. A la abogada se le atribuyen delitos como penalidad del corruptor, cohecho propio y procuración de impunidad.
De acuerdo con el Ministerio Público, la abogada buscó a inicios de año a una jueza de apellidos Murillo Beita, dado que fueron compañeras de universidad en 2005.
En apariencia, durante el reencuentro la imputada aprovechó para solicitar hacer acciones en beneficio de la estructura criminal, a cambio de un pago. Esto luego de supuestos contactos con el grupo de sospechosos.
Detuvieron a abogada sospechosa de intentar sobornar a jueza en beneficio de "Pancho Villa". (Foto: Ministerio Público)
Se presume que la sospechosa pretendía que la jueza Murillo Beita declarara en favor de los acusados en el juicio "Pancho Villa", sobre una actividad procesal defectuosa en el caso.
El encuentro entre ambas se concretó en febrero del 2024 y se presume que la abogada aprovechó para indicarle a la jueza que había sido contactada por el grupo criminal para solicitarle esas acciones y beneficiarlos, a cambio de un pago. En el pasado, dicha juzgadora estuvo a cargo de ordenar y resolver diligencias en el expediente penal.
La estructura criminal enjuiciada es acusada de traer droga desde Sudamérica, para exportar parte fuera de Costa Rica, y el resto distribuirla en el Pacífico Central. En la causa figura el empresario Darwin González, su esposa y varios familiares, dos exagentes del OIJ y el expresidente municipal de Corredores, Bernabé Chavarría.
A Arguedas le allanaron la casa, ubicada en Laurel de Corredores, donde se decomisó prueba que en apariencia la vincula con la causa judicial.
Atentado contra otra jueza
Tal y como reveló CRHoy meses atrás, una jueza de apellidos Castro Fallas fue quien autorizó en marzo la detención y allanamientos sobre la abogada Arguedas González que presuntamente intentó sobornar a la otra jueza Murillo Beita.
Horas después de avalar la diligencia judicial, fue víctima de un ataque a balazos contra su vehículo en Tarbaca de Aserrí. Cuando ocurrió el ataque, pasadas las 8:00 pm del 21 de marzo, Castro estaba dentro de la casa de su mamá y no en su carro, lo que le salvó la vida.
El vehículo tenía al menos 4 impactos de bala en diferentes partes, según la Sección de Inspecciones Oculares del OIJ. En apariencia, dos hombres en motocicleta habrían detonado un revólver en contra del carro.
Previo al ataque, la jueza Castro Fallas autorizó el allanamiento, registro y secuestro de pruebas contra la abogada Arguedas González. No obstante, ella no ejecutó el allanamiento, sino que lo remitió al Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial, en San José.
Tanto el OIJ como la Fiscalía abrieron investigaciones para corroborar el eventual vínculo estrecho del atentado contra la presunta agrupación narco "Pancho Villa".
Conversación entre abogada y jueza
La abogada de apellidos Arguedas González al parecer buscó a la jueza Murillo Beita porque durante fases judiciales previas al juicio, Murillo debió ordenar y resolver varias diligencias contra la red de narcotráfico.
Los abogados defensores en el caso "Pancho Villa" cuestionan que esta jueza haya participado. Específicamente fue el abogado Juan Carlos Peralta, quien solicitó incorporar a la jueza Murillo, dentro de la lista de personas que testificarán en algún momento del juicio.
Según los abogados defensores, la jueza mantuvo algún vínculo sentimental con uno de acusados de narcotráfico. Señalan que existió una relación con el hombre de apellidos Campos Jiménez, un exinvestigador del Organismo de Investigación Judicial.
Él es acusado de aprovechar su condición de agente judicial para asesorar al grupo narco y además, escoltar la droga durante la distribución desde la Zona Sur hasta el Pacífico Central.
Para los abogados defensores, la jueza Murillo debió separarse y no resolver ninguna gestión en fase previa al debate, dado que existía conflicto de intereses por conocer al investigado.
"Vamos a ver si bajo juramento va a seguir sosteniendo la mentira que ha venido sosteniendo, que ella no tuvo una relación con el señor Campos, cuando sí la tuvo", explicó la defensora del caso, Dayana Alvarado.
En este caso se acusa a 14 personas de conformar una red para importar droga desde Sudamérica por la Zona Sur, para distribuir una parte en el Pacífico Central costarricense.
En el transcurso de 3 años, habrían legitimado las ganancias a través de compra de propiedades y vehículos, según el Ministerio Público. La jueza Murillo Beita fue citada a rendir una declaración en el juicio.