Caso “Madre Patria”: juez detenido fue suspendido sin goce salarial por Contraloría
Suspensión sin goce salarial quedó en firme a mediados de 2023
Allanamientos realizados este martes 25 de junio por el caso Madre Patria. Captura de pantalla/OIJ
El juez penal detenido este martes bajo sospechas de formar parte de una organización delictiva dedicada a perpetrar millonarios fraudes registrales fue suspendido del cargo durante 25 días, sin goce salarial, por orden de la Contraloría General de la República (CGR) tras una investigación por omisiones en la declaración jurada de bienes.
Se trata de un funcionario de apellido Venegas, quien ocupa la plaza de juez 4 en el Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de San José (Desamparados) y que es funcionario del Poder Judicial desde el 19 de marzo de 2001.
Según consta en el expediente CGR-PA-2022-004686, abierto el 28 de julio de 2022 por la División Jurídica del ente contralor, Venegas fue objeto de una investigación por sospechas de omitir la declaratoria sobre la participación en 4 sociedades anónimas con fines comerciales entre los años 2014 y 2022.
En las sociedades anónimas citadas en el caso, el juez ostentaba cargos como: secretario, fiscal o presidente.
La División Jurídica de la CGR detalló en el expediente que el funcionario habría cometido faltas al infringir lo dispuesto en los artículos 21, 22 y 29 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
"Presuntamente, Venegas estando obligado, en virtud de su cargo, a declarar de manera fehaciente su situación patrimonial, según lo previsto en el numeral 21 de la ley, pudo haber omitido o faltar a la verdad en información requerida dentro de las declaraciones juradas de bienes presentadas ante la CGR, correspondientes a los años 2014 a 2022", recalca el expediente del procedimiento administrativo.
El ente contralor también señaló que el juez habría omitido de "forma reiterada" la información requerida sobre las operaciones bancarias en las que se constituyó como fiador en los períodos comprendidos entre 2018 y 2022. En este caso puntual, se investigó una infracción al reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
La División Jurídica de la CGR emitió la resolución del caso el 21 de noviembre de 2022 y declaró culpable a Venegas como "responsable administrativamente en grado de culpa grave por los hechos intimados, razón por la cual se recomienda de forma vinculante la suspensión sin goce de salario, dieta o estipendio de 25 días naturales, de conformidad con el inciso b) del artículo 39 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública…".
Tras esta decisión la representación legal de Venegas planteó un recurso de revocatoria el 24 de noviembre de 2022, alegando que existía la prescripción de la potestad disciplinaria sobre algunos hechos imputados y que hubo una nulidad del acto final con falta de fundamentación por una errónea valoración de los elementos defensivos aportados.
Además, la defensa señaló que no se configuraba la culpa grave y que, por todos estos extremos, se debía revocar la sanción impuesta de los 25 días de suspensión sin goce salarial.
El ente contralor declaró sin lugar el recurso de revocatoria el 19 de diciembre de 2022 y declaró sin lugar un recurso de apelación el 15 de junio de 2023. Así las cosas, la resolución de la suspensión sin goce salarial quedó en firme el 20 de junio de 2023.
La resolución descartó responsabilidades civiles y prohibiciones de ingreso (o regreso) a cargos de la Hacienda Pública.
A través de un oficio remitido el 28 de julio de 2023, el Tribunal de la Inspección Judicial indicó a la División Jurídica de la CGR que la suspensión sin goce salarial del juez se aplicaría entre el 1° de agosto y el 25 de agosto de 2023.
Detención
Randall Zúñiga, director general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), detalló que el juez sería parte de una organización criminal sospechosa de cometer fraudes registrales. La agrupación estaría conformada por al menos 54 personas, entre las cuales hay funcionarios judiciales, oficiales de la Policía de Tránsito y un empleado del Consejo de Transporte Público (CTP).
La organización estaría bajo el liderazgo de 2 españoles residentes en Costa Rica, quienes habrían orquestado los fraudes registrales bajo 2 modalidades: robo de propiedades en desuso para ser vendidas y establecían un liquidador de sociedades jurídicas vencidas para vender propiedades.
"Estamos deteniendo a 4 funcionarios judiciales. Un juez de la República (Venegas). Él trabaja en el juzgado de Desamparados. Esta persona, en apariencia, no solo le daba asesoría al grupo criminal, sino que facilitaba algunas de las empresas que tenía (tipo outlet) para que se pudiera generar, entre otros, legitimación de capitales, presuntivamente", expuso Zúñiga.
Los otros 3 funcionarios judiciales detenidos son un técnico de archivo criminal, un técnico judicial del Juzgado de La Unión y un técnico judicial de la Defensa Pública.