Caso Diamante cumple un año: Hace 365 días detuvieron a Johnny Araya y otros alcaldes
"¿Qué sucede? Se lo digo en una palabra: nada", afirma defensor sobre estado de la investigación
(CRHoy.com) El 15 de noviembre de 2021, seis alcaldes eran blanco de un importante operativo que destapó la existencia de una compleja investigación de aproximadamente un año a la que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) bautizó como Diamante.
Aquella mañana, la Policía Judicial -bajo instrucción de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta)- capturó a los gobernantes locales Johnny Araya Monge (San José), Mario Redondo Poveda (Cartago), Humberto Soto Herrera (Alajuela), Arnoldo Barahona Cortés (Escazú), Alberto Cole De León (Osa) y Alfredo Córdoba Soro (San Carlos, credenciales canceladas el 15 de julio de 2022) tras irrumpir en sus casas.
Mientras se llevaban a cabo 40 allanamientos simultáneos, circularon imágenes de los jerarcas esposados, al tiempo que periodistas y ciudadanos especulaban sobre el nombre otorgado al caso, por las que incluso el entonces director general del Organismo de Investigación, Wálter Espinoza Espinoza (Q.E.P.D.), debió descartar que se relacionara a Joseph Quimby, mejor conocido como el Alcalde Diamante, el político corrupto que gobierna la ciudad ficticia de Springfield, en la serie animada Los Simpsons.
¿Pero qué pasó un año después del estallido de esta pesquisa? Los alcaldes fueron puestos en libertad a los dos días de su aprehensión. El Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública inicialmente los suspendió del cargo y les prohibió su salida del país por seis meses, el 19 de noviembre de 2021. Esas medidas cautelares, sin embargo, fueron modificadas el 23 de mayo de 2022 por la misma instancia, que reinstaló a los gobernantes locales en sus puestos y les flexibilizó el impedimento para dejar el territorio nacional, siempre que lo informaran con anterioridad a la instancia.
A otros cinco funcionarios municipales, de apellidos Castro Camacho (San José), Chacón Ugalde (Alajuela), Boraschi González (Escazú), Suárez Vásquez (Golfito) y Mayorga Mayorga (Golfito) les fueron dejadas sin efecto las disposiciones que mantenían.
Entretanto, al gerente general de la empresa Explotec, de apellidos Cruz Porras, se le amplió la retención del pasaporte y la prohibición de salida del territorio nacional; mientras que al gerente de la Unidad de Asfaltos de la constructora MECO, de apellidos Gutiérrez Vargas, se le cambió el arresto domiciliario por mantener domicilio fijo, firmar periódicamente en una sede juficial, impedimento de salida del país y entrega inmediata del pasaporte.
¿Qué ha pasado?
Desde la perspectiva de la defensa, el caso Diamante vive en un letargo, con pocos avances y muchos pendientes.
El Ministerio Público tiene por delante el análisis de toda la prueba recabada en su megaoperativo del 15 de noviembre de 2021. A saber, documentación, computadoras, celulares y otros dispositivos electrónicos. Ese trabajo, en asuntos que tocan temas económicos, requieren de más tiempo, por lo que "no es irracional" el tiempo que se ha tomado el órgano acusador para dar nuevos pasos, como explicó ante consulta de CRHoy.com el abogado Francisco Dall'Anese Ruiz, representante de Alfredo Córdoba Soro.
Una posición distinta adoptó el defensor del empresario de apellidos Cruz Porras, Juan Marcos Rivero Sánchez, al hacer referencia a dos puntos por discutirse: la fundamentación de la declaratoria del caso como de crimen organizado, basada en una resolución sobre un aborto sin consentimiento y un homicidio que no se relacionan en lo absoluto al escándalo de supuesta corrupción; así como la posible derogatoria parcial de la Ley contra la Delincuencia Organizada. Aún no se programan las audiencias en las que se discutirán esos temas.
Para el presente artículo, este medio mantiene en trámite de la oficina de prensa de la Fiscalía una serie de consultas al fiscal a cargo del caso, Glen Calvo Céspedes. También se procuró un comentario de los abogados intervinientes José Pablo Badilla Villanueva (Arnoldo Barahona Cortés) y Wálter Brenes Soto, pero al cierre de esta publicación no fue posible obtenerlo.
De igual manera se contactó a los alcaldes Mario Redondo Poveda y Humberto Soto Herrera, siendo que el primero dijo que no daría declaraciones al respecto, mientras que el segundo señaló que lo valoraría junto a su defensor, sin proporcionar una respuesta al momento de la redacción de esta nota.