Caso Comején: estas son las medidas cautelares que pidió la Fiscalía
Pidieron suspensión de su cargo e impedimiento de viajar, pero no prisión preventiva
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) solicitó una serie de medidas cautelares en contra de Ulises Álvarez Acosta, secretario de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) sospechoso de tráfico de influencias y otros delitos, además de otros implicados en el Caso Comején.
Suspensión de su cargo, presentarse a firmar una vez al mes, mantener domicilio fijo, impedimento de salida del país, entregar sus pasaportes, no comunicarse con testigos y no acercarse a un kilómetro de las oficinas de Setena, son las medidas pretendidas por el Ministerio Público, que no solicitó prisión preventiva.
Las mismas medidas fueron pedidas contra Magda Gutiérrez Durán, coordinadora a.i. de la Dirección de Tecnologías de Información del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), así como el director interino de Setenak Kenner Quirós Brenes, también capturado el martes por el OIJ.
Ellos tres, un consultor privado de apellidos Murillo Martínez y cinco personas no detenidas, son investigados por presuntamente cometer irregularidades en el trámite de permisos otorgados. La audiencia de medidas cautelares se desarrolla desde ayer miércoles en el Juzgado Penal de la Hacienda y de la Función Pública, ubicado en Goicoechea.
En estos momentos, los defensores de los imputados están brindando sus alegatos en contra de las medidas cautelares. Cuando la exposición concluya, el juez del caso deberá tomar una decisión.
La petición fiscal se realizó como parte de las diligencias de la causa 21-011218-0042-PE, en la que se investigan los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho propio e impropio, y penalidad del corruptor.
Silencio total
CRHoy.com logró abordar al jerarca de Setena a las afueras de los Tribunales de Goicoechea ayer miércoles, luego de que salió de la audiencia para determinar si se le imponen medidas cautelares. No obstante, el secretario decidió guardar silencio.
"No tengo nada que decir", fue lo único replicó ante las preguntas de este medio. Francisco Jiménez, abogado del funcionario, también rechazó brindar más detalles o referirse a la detención y los hechos reprochados contra Ulises Álvarez.
En el expediente judicial se investigan los posibles delitos como tráfico de influencias, cohecho propio e impropio, y penalidad del corruptor. Figuran los tres funcionarios citados, el empresario y otras cinco personas fueron indagados pero no detenidos.
En total fueron 14 allanamientos ejecutados por el Organismo de Investigación Judicial en oficinas de Setena, Minae y otros puntos, luego de investigar aparentes irregularidades a cambio de permisos.
Según explicó el director de OIJ, Randall Zúñiga, para poder obtener los avales, se debe contar con un consultor privado. En apariencia, estos funcionarios facilitaban herramientas e insumos para que los permisos salieran sin problema.
Se presume que los funcionarios de esta entidad habrían recibido dinero a cambio de facilitar permisos para realizar construcciones, mediante una colaboración activa en la obtención para favorecer a unas empresas.
FAPTA inició la investigación luego de que ingresara una denuncia en contra de funcionarios de Setena y personas particulares que, en apariencia, se dedicaron a cometer acciones corruptos para obtener beneficios indebidos en los trámites de viabilidad ambiental, los cuales debían ser aprobados por personal de esa institución.
Ni el Ministerio Público, ni la Procuraduría General de la República, ni la Contraloría General ni el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), tienen más investigaciones judiciales, procesos penales o causas administrativas en contra de los detenidos.