Caso Cochinilla: apelaciones de defensores están sin revisar desde 2022

Al menos dos recursos de apelación presentados por los defensores del caso Cochinilla, que involucró una supuesta red de corrupción conformada por empleados públicos y empresas constructoras de obra pública, todavía siguen sin ser resueltos desde el 2022, según confirmaron dos de los abogados.

Para el martes pasado estaba convocada una audiencia en el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José. Sin embargo, en atención a gestiones planteadas por los intervinientes, se reprogramó para el 3 de octubre de 2024, confirmó el abogado Alfonso Ruiz.

"Se estaba realizando una diligencia de apelación por gestiones que fueron planteadas contra resoluciones dictadas hace ya casi 2 años. La audiencia no se pudo realizar porque están pendientes algunas otras circunstancias que son aleatorias a esta diligencia", señaló el jurista.

El abogado Erick Gatgens, explicó que la apelación gira en torno a la validez del artículo 2 de la Ley contra el Crimen Organizado, si estaba derogado o no cuando se utilizó esa herramienta legal el caso Cochinilla.

"Resulta ser que el juez penal no le otorgó ninguna eficacia ni ningún efecto a la derogatoria de ese artículo. Nosotros apelamos ese tema y la audiencia era para esos efectos", detalló Gatgens.

Además, se está a la espera de definir claramente cuál es la fecha de resolución que ordenó tramitar el caso Cochinilla como delincuencia organizada.

El trámite de estas apelaciones se ha complicado debido a la dimensión tan grande del expediente, la cantidad de imputados y además, la cantidad de abogados defensores que intervienen.

En este expediente se investigan los supuestos delitos de cohecho propio y penalidad del corruptor, dado que al parecer, funcionarios públicos y empresas habrían acordado y recibido dádivas y sobornos a cambio de, aparentemente, otorgar beneficios en contratos de conservación vial adjudicados a empresas constructoras como H. Solís y MECO S.A.

El caso Cochinilla se dio a conocer ante la opinión pública el 14 de junio de 2021, día en que se produjeron múltiples allanamientos en las instalaciones de Conavi, empresas constructoras, casas de habitación y hasta Casa Presidencial.

La tesis que se maneja sobre este caso es que representantes de las compañías en apariencia ofrecieron dádivas a funcionarios públicos con el fin de verse beneficiados en licitaciones de obra pública.

Juicio e indemnización

La Fiscalía Anticorrupción anunció hoy el pasado 29 de abril que presentó una acusación y pidió que se abra un juicio contra 12 personas involucradas en el "Caso Cochinilla", sobre los supuestos sobornos que recibieron exfuncionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para beneficiar a dos empresas constructoras con favores dentro de contratación de obras.

Entre los acusados figuran los propietarios de las compañías Meco y de H. Solís, así como 6 trabajadores de estas firmas. Cuatro exempleados de Conavi también están implicados. También personas jurídicas fueron incluidas en la pieza acusatoria.

No obstante, existen 67 personas más que han sido investigadas dentro del caso "Cochinilla" y no fueron acusadas formalmente dentro de la información revelada. La razón es que existen dos expedientes separados de investigación: uno principal bajo el expediente 19-000025-1218-PE y uno secundario con expediente N.º. 24-000130-1218-PE.

Este segundo, es el que está concluyendo el proceso de investigación. El testimonio de piezas tiene pruebas y elementos suficientes, para mostrar ante un tribunal, la culpabilidad de los implicados, según la Fiscalía.

Esta acusación incluye dos líneas: en la primera está envuelta la constructora Meco y Conavi.

En apariencia, varios funcionarios públicos recibieron dádivas de parte de empleados de la compañía, con el fin de recibir beneficios directos indebidos para pagos ágiles de facturas millonarias, en favor de los intereses privados de la firma.

La segunda acusación involucra a la otra contratista: H. Solís con la misma institución pública. Aparentemente, esta corporación también pagó y entregó supuestos sobornos a los funcionarios públicos para generar beneficios indebidos y adecuar el presupuesto de Conavi a satisfacción de la empresa.

También figuran en la acusación trabajadores de estas empresas, entre los que están sospechosos de apellidos Bolaños Salazar, González Carballo, Arce Alpízar, Naranjo Vargas, Abarca Quesada y Godínez Abarca.

Además, los exfuncionarios del Conavi, identificados como Solís Murillo, Carmona Rivas, Meléndez Cerdas y Zúñiga Fallas.

Esa lista restante de imputados no está descartada, sino que la Fiscalía continuará haciendo indagaciones para llevarlos a juicio más adelante. La investigación ha estado cargada de demoras, reconoce el Ministerio Público.

"Se han presentado una serie de atrasos, entre ellos la apertura telefónica y algunas apelaciones que está pendiente de resolver el Tribunal Penal de Hacienda.

No obstante, el Ministerio Público analizó las pruebas incorporadas en esta acusación, y luego de esa valoración concienzuda, arribamos a la conclusión en que es prueba contundente para poder sostener estas acusaciones y avanzar a la parte intermedia del proceso penal", afirmó la fiscala Johanna Rodríguez, de la Fiscalía Anticorrupción.

Por su parte, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) calculó de forma preliminar en ₡5.600 millones el posible daño material por el caso Cochinilla como parte de la acusación que se formuló a finales de la semana anterior.

En la acusación que presentó el órgano adscrito del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) se habla de un supuesto cohecho y penalidad del corruptor relacionadas con asuntos vinculados a la obra pública.

Además, la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) de la Procuraduría General de la República (PGR) planteó 2 reclamos por daño social que suman ₡80 millones entre las empresas Meco y H. Solís (₡40 millones cada una).

Mientras tanto, continúa la investigación principal en la cual se podría acusar a 67 personas más en el futuro.