Caso Cochinilla a las puertas de apertura de celulares, a dos años de allanamientos
Fiscalía aguarda por información contenida en dispositivos electrónicos para concluir investigación
(CRHoy.com) A dos años de su estallido, el caso policialmente conocido como Cochinilla está a las puertas de la apertura de más de 80 dispositivos electrónicos; diligencia indispensable para que el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) concluyan su investigación.
La primera audiencia para tal fin está prevista para celebrarse a partir del próximo 21 de junio en el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, cuya sede se encuentra en Goicoechea, confirmó la fiscala a cargo de la pesquisa, Johanna Rodríguez Acosta, en entrevista con CRHoy.com.
"Casualmente, este mes estamos a las puertas de poder iniciar con la apertura de evidencia digital, que es una diligencia sumamente importante, porque podrá realizarse la extracción y el respaldo forense de todo aquella información o evidencia que fue decomisada en los allanamientos de carácter electrónico o digital. Y una vez que se haga este procesamiento, ya el Ministerio Público y la Policía Judicial podrán realizar el análisis respectivo de toda esta información", explicó la funcionaria.
¿Y qué es lo que tiene que revisarse? "Lo que le podría precisar en este momento es que sí son dispositivos distintos. Gran cantidad de computadoras, discos duros, celulares de diferentes tecnologías e incluso relojes inteligentes. Podemos decir que son más de 80 dispositivos que tienen que ser procesados de manera forense", respondió la representante de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta).
La vista consiste en que, ante un juez de garantías, se desbloquean los artefactos y se hace una revisión de la información contenida en estos. Luego se hace una copia de aquellos hallazgos que son de interés para las partes.
En la reunión, además de personal del Ministerio Público, podrán estar las defensas técnicas, como lo estableció el Tribunal Penal de la jurisdicción en su voto 168-2023, del 30 de mayo anterior, a partir de una apelación formulada por los abogados Éric Ramos Fallas, Rodrigo Arias Rojas y Francisco Campos Aguilar.
"La diligencia se realiza con presencia de un juez y lo que se pretende, por supuesto, es garantizar la posibilidad de que la defensa pueda participar en la diligencia. No es obligatorio que estén presentes, pero lo que se busca a través del señalamiento que programa el Juzgado Penal es por lo menos garantizar ese derecho de participación de la defensa técnica", indicó Rodríguez Acosta.
Valga resaltar que en el expediente 19-000025-1218-PE fueron imputadas 82 personas físicas y 17 jurídicas. Cada encartado puede contar con dos abogados.
Dada la cantidad de sospechosos y de dispositivos por inspeccionar, la extensión de las diligencias es incierto. Inicialmente, se programó un mes para efectuar las aperturas; sin embargo, las partes entienden que el proceso requerirá más tiempo.
A ello debe sumarse un detalle: choques de agenda. En ese sentido, se hace necesario recordar que tanto los jueces, fiscales y representantes legales tienen otras audiencias y juicios programados con anterioridad, cuyos señalamientos pueden coincidir. Además, puede que surjan otras convocatorias que, si bien son posteriores, pueden tener criterios de prioridad, como la presencia de sospechosos presos.
Tan es así, que el Juzgado Penal de Hacienda dio cinco días a las partes para que informen si tienen vistas previamente programadas; de lo contrario, se partirá de que no existe inconveniente alguno para asistir en una lista de fechas proveídas por el órgano jurisdiccional. El plazo vence este viernes.
Las complicaciones relacionadas con la celebración de vistas no son nuevas en este caso. De hecho, existen entre 13 y 16 pendientes de realizarse en el Tribunal Penal, correspondientes a apelaciones y protestas por actividad procesal defectuosa.
El Ministerio Público, en cambio, considera que por delante solo queda una audiencia de relevancia para sus intereses.
"Aquí lo vital es poder realizar la apertura de evidencia para poder tener acceso a esta información que fue decomisada, de la cual no hemos podido tener acceso y no hemos podido hacer ese procesamiento forense", detalló la fiscala.
En el expediente ya constan entrevistas a 20 testigos, según la servidora. Además, se realizó el análisis del resto de prueba recabada durante los allanamientos del 14 de junio de 2021, al igual que los informes policiales, económicos, contables, bancarios y tributarios solicitados por la Fiscalía, así como los administrativos y técnicos de las obras viales involucradas en el marco fáctico de la investigación. Parte de esos documentos fueron confeccionados por la Contraloría General de la República (CGR), además del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (Lanamme-UCR).
Pese al progreso, Rodríguez Acosta evitó hacer un cálculo de cuándo se emitirá un requerimiento conclusivo.
"Lo que podría afirmarle es que estamos en un estado bastante avanzado. Hemos avanzado lo suficiente y básicamente lo que restaría aquí es hacer esa diligencia de apertura digital, analizar esa información, que se rindan los informes correspondientes con base en esa información que se va a analizar. Y ya con ello podría el Ministerio Público podría pensar en resolver el asunto.
"No es posible poder establecer una fecha. Va a depender muchísimo de la realización de esta audiencia de apertura de evidencia digital. A partir de ahí podríamos analizar esa información y tomar las decisiones que deban tomarse. No podría atreverme a establecer un plazo o una fecha hasta tanto se realicen las diligencias que deban llevarse a cabo", manifestó la funcionaria.
En el escándalo de presunta corrupción en contratos de obra pública figuran, entre otros, los empresarios Carlos Cerdas Araya y Mélida Solís Vargas, propietarios de las constructoras MECO y H. Solís, respectivamente.