Caso Cementazo en riesgo de empezar de cero: jueza anuló 2 meses de trámite
El caso Cementazo no deja de tener tropiezos en los trámites previos a su eventual llegada a juicio: la jueza a cargo de la audiencia preliminar decidió anular los prácticamente dos meses de trámite que llevaba en curso y ahora existe el riesgo de tener que empezar de cero esta paso, lo que retrasaría el expediente hasta un año más.
El pasado 9 de setiembre inició nuevamente la audiencia preliminar en la cual se debe definir si el escándalo de presunta corrupción llega a juicio, 7 años después de que se diera a conocer.
No obstante, la jueza encargada decretó una supuesta actividad procesal defectuosa de oficio. Es decir, sin que nadie lo pidiera, ella consideró que existe un defecto en el proceso que debe corregirse comenzando de nuevo.
El defecto procesal está relacionado con 2 de las sociedades que eran representadas por Juan Carlos Bolaños y que son co-demandas civiles.
Estas personas jurídicas vinculadas a Bolaños son sociedades que están siendo demandadas en la acción civil de la Procuraduría, por ende, no tienen relación con los demás imputados.
Al parecer, el Juzgado Penal de Hacienda recibió información de que las sociedades de Bolaños están disueltas desde hace poco y cuando las sociedades se disuelven, hay que nombrar un liquidador, es decir, un nuevo representante.
Por esa razón, la jueza consideró que esa información cambiaba las circunstancias porque al estar disueltas y no tener todavía liquidador, podrían estar en estado de indefensión y que por ende eso producía un vicio que obligaba a anular todo lo actuado.
De esta forma, se invalidaron los dos meses de la audiencia preliminar, para tener que volver a empezar desde cero dicha diligencia. Esta situación fue notificada a los imputados y sus abogados el pasado viernes en la noche.
Así lo detalló uno de los abogados defensores del caso, Gerardo Huertas, quien se opone a la determinación de la juzgadora.
Yo lo considero un absoluto error desde un punto de vista jurídico, porque es una errónea interpretación de las normas relacionadas con las partes estrictamente civiles en el proceso penal, con su participación su intervención y la forma en que se notifican.
Lo que el Código (Procesal Penal) establece es que las partes que son únicamente civiles como las sociedades anónimas, lo que se obliga es a trasladar la acción civil y a que se les notifique el señalamiento.
Se les avisa de la audiencia preliminar, únicamente para efectos de garantizar que si quieren, puedan acudir y así puedan ejercer el derecho de defensa, pero como son partes estrictamente civiles el Código no obliga a que estén en la audiencia preliminar.
Es más, deja claro el Código también que si no comparecen o si no comparece un representante de las sociedades, eso no suspende la audiencia, que continúa, porque lo que se debe garantizar es simplemente que se les haya notificado del comienzo y a estas sociedades sí se les notificó del señalamiento audiencia preliminar a través de quien entonces era su representante, Juan Carlos Bolaños.
Si ya después de notificadas cambia la representación porque cambia su condición o se disuelven y hay que nombrar un liquidador, eso no invalida las notificaciones que ya se hicieron en un momento.
Apelación
De acuerdo con Huertas, varios de los demás imputados están disconformes con esa decisión, dado que buscan que tras años de espera se pueda definir finalmente su situación legal. Además, consideran que la interpretación de la jueza está errada.
Aunque la decisión no pone en riesgo todo el proceso porque sigue su marcha, al anular los 2 meses de trámite se genera un gran retraso, debido a que se podría tardar hasta un año en volver a coordinar todas las agendas para llevar a cabo una nueva audiencia preliminar.
Por esa razón, presentaron un recurso de revocatoria con apelación de subsidio, lo que significa que le solicitan a la misma juzgadora que dictó esta resolución que revise su decisión, según los alegatos de los abogados, para intentar que ella cambie su propio criterio.
En caso de no hacerlo y rechazar la revocatoria, se eleva para que un juez superior del Tribunal Penal de Hacienda analice la apelación. Así lo detalló Huertas.
Yo estoy apelando como defensa de mis dos representados, esa resolución de la jueza para que otro juzgador la conozca porque consideramos que la audiencia preliminar debería continuar y que no existe un vicio que impida hacerlo.
Los imputados aquí son los más afectados por esta resolución, porque son por lo menos mis dos representados, los más interesados en continuar con esta causa, que llevamos ya más de 8 años de existir.
Eso podría implicar un atraso de hasta un año adicional, porque ahora habría que volver a agendar una audiencia preliminar de seis meses de duración, que es una audiencia sumamente compleja, sumamente larga.
Habría que coordinar las agendas de todas las partes y eso implica que podría estar quedando hacia finales del próximo año; cuidado y sino más.
Tropiezos
Este es el quinto atraso que sufrió el trámite del Cementazo desde julio hasta hoy. Inicialmente, el banderazo de salida se había fijado para el pasado 1° de julio, pero el Juzgado Penal de Goicoechea tomó la decisión de suspender temporalmente el inicio de este proceso.
La razón es que tanto Mora como otro de los sospechosos estaban sin abogado, lo que finalmente provocó una dilación de 7 semanas. Luego que defensores públicos asumieron el caso, se fijó el pasado lunes 19 de agosto para empezar, pero entonces Mora Tuminelli se incapacitó.
Se reprogramó la audiencia preliminar para el miércoles 21 de agosto y nuevamente, una extensión en la incapacidad de la expresidenta del BCR provocó una demora, razón por la cual jueza fijó el inicio para el 9 de setiembre.
El Juzgado Penal de Hacienda fue más allá y ordenó a Paola Mora a una valoración en Medicatura Forense, para determinar si las incapacidades son tácticas dilatorias.
Algunos abogados defensores de los otros imputados han solicitado un testimonio de piezas, es decir, separar el juzgamiento de Mora en otra causa separada para evitar más traspiés.
La fase previa al juicio estaba programada para extenderse por alrededor de cinco meses: inicialmente se extendería hasta noviembre, al menos que por los retrasos se alargue.
Se iba a realizar de forma virtual; sin embargo, el Juzgado determinó hacer un cambio y pasarlo a modalidad presencial. La investigación ya culminó: son 9 acusados, bajo en el expediente 16-000013-0033-TP y se trata de un asunto de tramitación compleja.
El principal sospechoso es Juan Carlos Bolaños Rojas, propietario de la empresa Sinocem, así como Javier Rojas Zúñiga y Mario Cortés Zúñiga, gerentes de Sinocem.
También figuran como imputados en la causa Andrés Víquez Lizano, ex subgerente de Banca Mayorista; Marvin Corrales Barboza, ex subgerente de Banca Minorista; Rodrigo Ramírez Rodríguez, exdirector de Gestión de Créditos y Paola Mora Tuminelli, expresidenta del BCR.
Además, Gilbert Barrantes Campos, exgerente corporativo de Riesgo y Control de Crédito del BCR, así como están imputados Leonardo Acuña Alvarado, exgerente de Finanzas y Riesgo del BCR, quien falleció en un accidente de tránsito a inicio de 2024 y sobre quien se dictaría un sobreseimiento.
Desde hace dos años está lista la acusación: en julio de 2022, el Ministerio Público señaló los posibles delitos de peculado, tráfico de influencias, falsedad ideológica, uso de documento falso, falsificación de documento público, captación indebida de manifestaciones verbales, influencia en contra de la hacienda pública y receptación, legalización y encubrimiento de bienes públicos.