Caso Barrenador: OIJ inspeccionará si se borraron más archivos en correos de CCSS previo a allanamientos
Funcionario de CCSS borró 304 archivos de directivo mientras OIJ hacía respaldos durante allanamientos
El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, confirmó que investigarán si funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) borraron más archivos antes de los allanamientos y detenciones por el caso Barrenador, sobre las supuestas presiones de Marta Esquivel y el resto de la junta directiva que adjudicó un contrato a varias cooperativas para que administren 138 ebais.
"Se está revisando que los días anteriores al lunes de los allanamientos, o sea el sábado 21 y el domingo 22, no existiese otra eliminación masiva de correos, al igual que días anteriores o semanas anteriores", señaló Zúñiga.
Esta revisión ocurrirá luego que hoy jueves se confirmó que un funcionario consiguió acceder al correo de forma irregular para borrar más de 300 archivos de uno de los sospechosos, pese a que un juez había ordenado inhabilitar las cuentas desde las oficinas centrales.
Por ende, las autoridades judiciales ahora buscarán determinar si existen más posibles manipulaciones de documentos y archivos digitales que podrían convertirse en evidencia para el expediente.
Los investigadores a cargo del caso detectaron rápidamente el faltante de unos 4 archivos de la aplicación One Drive que se usa en la CCSS para almacenar archivos, así como de unos 300 correos electrónicos, según lo que tenían previsto confiscar. Así lo detalló el jefe policial, Randall Zúñiga.
Previamente se había hecho un escaneo o una imagen de la cantidad de archivos que se tenían a disposición y que se iban a descargar.
El día miércoles, cuando ya se termina todo el proceso y se hace la revisión, se detecta una diferencia importante en la cantidad importante de archivos que se lograron descargar respecto a la cantidad de archivos que se tenía previstos descargar.
Esto nos da una alerta inicial el día miércoles esto nos da una alerta inicial, y se inicia desde las 8:30 a.m. con una revisión de toda la trazabilidad verificando cuentas así como direcciones IP y se puede determinar que alguien -que todavía no sabemos quién- utilizó usuario y clave de un funcionario de alto rango en la Caja que tiene acceso como administrador del director activo de los correos institucionales para darle acceso a otra persona, que todavía no sabemos quién es, que utiliza el usuario y clave de uno de los directivos detenidos por el caso Barrenador.
Ese directivo evidentemente no pudo haber sido, dado que se encontraba en ese momento en la audiencia de medidas cautelares ante un juez.
Además de tratar de determinar si se eliminaron más evidencias, el OIJ ahora también tratará de recuperar los archivos, para lo que requiere asistencia internacional en caso de no contar con la tecnología disponible debido a las carencias informáticas por falta de recursos.
El caso Barrenador es un escándalo de supuesta corrupción, figura la presidenta ejecutiva Marta Esquivel, así como 7 exmiembros y funcionarios que al parecer, aprovecharon su condición de junta directiva para presionar en favor de la adjudicación de contratos a cooperativas para administrar 138 Ebais, con posibles sobreprecios excesivos de unos ₡12.400 millones de colones al año.
Cronología del borrado de posibles pruebas
El Juzgado Penal de Hacienda a partir de las 7:00 a.m. del lunes, inició la diligencia de allanamiento en la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones de la CCSS, donde comenzó el respaldo de las cuentas electrónicas de los imputados en el caso barrenador. Esto tras la petición junto al Ministerio Público.
A solicitud de las autoridades judiciales, se inhabilitaron las cuentas de correo de los funcionarios investigados en la mañana del 23 de setiembre. Este procedimiento interno es normal en los casos donde se investigan supuestos actos de corrupción.
Sin embargo, ayer miércoles en la mañana, un perito de la Sección Especializada de Cibercrimen del OIJ, informó que al momento de revisar que el proceso de descarga culminara correctamente, encontró en una de las cuentas de los sospechosos generó errores en la sincronización de archivos.
Al revisar la bitácora, observó que habían borrado al menos los 300 archivos del correo electrónico, preliminarmente, así como 4 elementos eliminados en el OneDrive, un sistema en la nube para guardar archivos que se usa en las instituciones públicas.
Al revisar lo sucedido, se confirmó que el correo, de donde se desaparecieron posibles evidencias, fue habilitado sin autorización judicial posterior al bloqueo realizado durante el allanamiento, pasando por encima a la orden del juez que dispuso el bloqueo de las cuentas.
Para autorizar el acceso a ese correo para desvanecer archivos, utilizaron el usuario y clave de un alto funcionario que tiene la capacidad de habilitar cuentas de correo.
No obstante, ese funcionario no está trabajando por estar en vacaciones y regresará al trabajo hasta el lunes 30 de setiembre. Por esa razón se sospecha que alguien más accedió con las credenciales de este funcionario de la CCSS para habilitar los permisos sobre el contenido en cuestión, que pertenece a uno de los sospechosos hombres.
En la bitácora del martes 24 de setiembre alrededor de las 9:00 a.m., se registró que hay un ingreso correcto en la cuenta de correo de uno de los imputados, que ya para ese momento se encontraba habilitada a pesar de la orden de juez.
Se presume que un funcionario aprovechó ese momento para borrar la cantidad masiva de mensajes. La revisión interna de los IP apunta que el borrado lo hizo una persona dentro de la misma CCSS, pero desde una terminal del hospital Max Peralta en Cartago.
Según las autoridades judiciales, este tipo de acciones criminales orquestadas refuerzan la tesis del Ministerio Público y del Organismo de Investigación Judicial de que los allanamientos en el caso Barrenador eran totalmente necesarios, dado que no es posible en estos casos de presunta corrupción, citar a los imputados para que se presenten a declarar a un despacho judicial, como sugirió el mandatario Rodrigo Chaves durante una serie de ataques que emitió contra el Poder Judicial por la detención de Marta Esquivel.
Según el OIJ, citar a personas investigadas por este tipo casos alertaría a todas las personas involucradas y podrían eliminar prueba, como ya sucedió lamentablemente en este caso.
Crhoy.com consultó al Ministerio Público si ya tiene una causa penal por estos hechos, pero al cierre de esta nota la consulta sigue en trámite.