Carros y casas de alto valor cambiadas cada 4 meses: así se ocultaba el call center de estafadores
No hace mucho, la organización criminal se había mudado a esa propiedad, ubicada a unos 500 metros del Gimnasio Nacional. Los sujetos rotaron y se trasladaron allí recientemente, la casa tenía apenas un mes o menos de funcionar como la sede de la banda.
Según detalló el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, la red de estafadores localizaba residencias o sitios de alto perfil, para ocultar su operación a plena vista y paciencia.
"Este lugar es este el nuevo local donde no hace mucho este grupo criminal en apariencia se trasladó a cometer este tipo de acciones, alrededor de unas dos semanas. Ellos cada cuatro meses iban cambiando de lugar para tratar de estar despistados", detalló el jefe policial.
La vivienda utilizada más recientemente, está ubicada en una zona onerosa. De hecho, tiene un rótulo de "se vende", pasaba cerrada a lo largo de todo el día y no se veía mucho movimiento, para evitar levantar sospechas.
Los sospechosos conseguían alquilar las propiedades con la mampara que ahí establecían un negocio de reparación para aparatos tecnológicos lo que les permitía pasar inadvertida la gran cantidad de celulares.
También utilizaban vehículos de alta gama o cierto nivel, para encubrir la actividad delictiva.
"Es una casa de alta plusvalía que está ahorita en alquiler. Ellos utilizan siempre una fachada importante, utilizan carros que no parecieran ser los carros que generalmente la delincuencia utiliza, para desligarse de alguna forma con ese perfil que se podría hacer en casos como estos", detalló Zúñiga.
La policía judicial no sospecha de una posible complicidad de los dueños o propietarios de las viviendas utilizadas por el call center de estafadores. Al parecer, estos más bien eran engañados por la banda criminal, para conseguir que les alquilaran las edificaciones.
"Nosotros consideramos que los dueños simplemente hacen un alquiler de arriendo. La agrupación tienen una fachada bastante interesante que es de reparación o servicio técnico para celulares, por eso que tienen una cantidad importante de celulares que en realidad era para cometer los fraudes", indicó Zúñiga.
El grupo de estafadores buscaba viviendas con características como la allanada este miércoles: una estructura amplia de dos pisos, con un salón bastante grande, un comedor y patio extenso.
Por dentro, tenía varios aposentos en el segundo nivel, que estaban divididos con cubículos como un centro de llamadas formal, donde estaba instalado cada imputado.
En este caso, contaban con una malla eléctrica que les permitía resguardar la operación, pero también se convirtió en un obstáculo para que intentaran escapar de la policía.
Adicionalmente, contaban con un centro de vigilancia con cámaras, lo que les permitió a dos imputados detectar la presencia del OIJ el día de los allanamientos, para así tratar de fugarse por el techo.
El OIJ y el Ministerio Público realizaron una serie de allanamientos este 28 de noviembre para desarticular a una banda que se dedicaba a cometer estafas informáticas y que lograron sustraer al menos ₡125 millones que se tienen contabilizados en 6 casos concretos.
La cifra podría ser mayor y llegar a los ₡2 mil millones, dado que al parecer operaban desde 2017.
Los estafadores se hacían pasar por funcionarios bancarios, municipales y hasta empleadores, para sustraer información y dinero de las víctimas. Su celda fue allanada, al igual que las casas de los integrantes del grupo, ubicadas en San Sebastián de San José, Cartago, Aguas Zarcas San Carlos y Guatuso.
La vivienda intervenida en Sabana Sur funcionaba como el centro de operaciones, oculto como si la propiedad estuviera en venta. Al parecer, había alrededor de 25 personas laborando allí y encubrían las fechorías como un negocio de reparación de celulares.
De acuerdo con la Fiscalía de Puntarenas, los hechos en perjuicio de seis víctimas, ocurrieron entre el 2021 y el 2023, cuando los sospechosos contactaron por teléfono a esas personas, logrando obtener datos bancarios confidenciales y enviándoles enlaces de internet para que las víctimas, sin saberlo, les dieran acceso a sus cuentas.
La agrupación era liderada por un privado de libertad que está recluido en máxima seguridad de La Reforma, al cual le han decomisado hasta 4 celulares y que descuenta 35 años de prisión por robo agravado y tentativa de homicidio.
Se trata de Edwin Alexis Tencio Rodríguez, quien además está a las puertas de afrontar otro juicio precisamente por estafas.
"Él le funcionaba como coordinador de las operaciones. No era que él hacía las llamadas directamente, sino que él era el encargado y giraba instrucciones", explicó Randall Zúñiga.
En noviembre del 2020, el OIJ condujo otra serie de allanamientos en La Reforma por un caso similar, en contra de Tencio.
En esa ocasión, la investigación determinó que al menos 3 directivos del CAI Jorge Arturo Montero, participaron en una red criminal dedicada a cometer estafas por hasta $1 millón en los últimos meses.
De acuerdo con la dinámica operativa detectada por los agentes judiciales, las jefaturas de Reforma se encargaban de mover estratégicamente a un miembro de la Policía Penitenciaria de apellido Irigollen, para que fuese este quien se encargara de colaborar con la organización que operaba en el ámbito D, desde donde se perpetraban cientos de estafas a personas en Costa Rica y el extranjero.
En ese momento, los imputados transferían los fondos a cuentas destino de la agrupación y finalmente retiraban el dinero de los cajeros automáticos. El caso se investiga bajo el expediente 21-002236-0060-PE.