Cambian jueces en el juicio La Trocha y se atrasa otro mes más el inicio
Tribunal otorgó más tiempo a nuevos defensores para que analicen a profundidad la causa
El juicio por el caso de La Trocha, considerado el primer escándalo de corrupción en obra pública, sufrió un nuevo retraso: tras las peticiones de los defensores públicos de los imputados, el inicio fue aplazado un mes más.
Luego de que el Consejo Superior del Poder Judicial autorizara que el debate regresara al horario diurno, ante la separación de José Miguel Villalobos —defensor de varios imputados en el caso y quien se autodenomina asesor, abogado y amigo del mandatario Rodrigo Chaves—, el Tribunal Penal de Goicoechea determinó cambiar a los jueces designados, por razones administrativas.
Ante el abandono de Villalobos, se asignaron defensores públicos que solicitaron un mes para estudiar a fondo el caso y prepararse, dado que esta causa penal es de tramitación compleja y el expediente es voluminoso.
Los nuevos jueces —Alexander Salazar Chacón (presidente del Tribunal), José María Arguedas Salazar y José Pablo Alvarado Cascante— escucharon a las demás partes, que en su mayoría estuvieron de acuerdo, por lo que se concedió más tiempo.
En total, se otorgó un mes calendario. Ahora, el nuevo inicio quedó fijado para el lunes 30 de junio, y se prevé que el juicio finalice el 31 de octubre de 2025.
Semanas atrás, el Poder Judicial realizó una serie de ajustes para asegurar la participación de ese jurista en el debate oral y público, a fin de no retrasar más un proceso que ha sufrido múltiples tropiezos a lo largo de los años.
Sin embargo, la inasistencia reiterada del abogado José Miguel Villalobos —quien alegó conflictos de agenda entre este juicio y el denominado "caso Fénix", en el que también participa— terminó por marginarlo del proceso.
Finalmente, Villalobos abandonó a sus clientes y priorizó la defensa del supuesto cabecilla narco José Giovanni Segura Angulo, alias Narizón, señalado de crear un esquema de lavado de dinero por el que habrían pasado hasta $17 millones.
En las últimas semanas, los nuevos defensores públicos, asignados tras la declaratoria de abandono, pidieron retornar al horario regular del juicio.
La situación fue analizada por el máximo órgano administrativo del Poder Judicial, que aprobó el ajuste luego de considerar que la causa que motivó su programación vespertina ya no existe. La decisión fue adoptada este martes.
El órgano dispuso dejar sin efecto la directriz anterior y ordenó al Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública tomar las medidas necesarias para iniciar el juicio "lo antes posible", así como prevenir atrasos en su desarrollo y gestionar adecuadamente los riesgos ante posibles inconvenientes.
La disposición enfatiza que es de interés institucional que juicios de esta naturaleza avancen sin demoras, especialmente ante el mandato de reducir la mora judicial.
Caso La Trocha
El caso La Trocha se dio a conocer ante la opinión pública el 4 de mayo de 2012, cuando la entonces presidenta de la República, Laura Chinchilla, convocó a una rueda de prensa para denunciar los presuntos actos ilegales.
La administración Chinchilla Miranda planteó la construcción de la ruta nacional 1856, en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, como parte de una posible solución tras la invasión del país vecino a isla Calero en octubre de 2010.
El Ministerio Público acusó en 2017 a 26 personas, pero solicitó el sobreseimiento tanto para la expresidenta Chinchilla como para el exvicepresidente Luis Liberman y el exministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Francisco Jiménez.
Solo 14 personas enfrentan juicio, y hay además 10 demandados civiles. El expediente es muy amplio: incluye querella y acción civil resarcitoria; cuenta con 9 representaciones civiles, 98 testigos, 512 ítems de prueba documental y 100 cajas de prueba material.
El debate se desarrolla contra 14 personas de apellidos Acosta, Castillo Villalobos, Baralis, Serrano, Ramírez, Herra, Soto, Agüero, Mesén, Mora, Méndez, Morera (mujer), Montoya y Campos, por los delitos de peculado, cohecho, influencia contra la hacienda pública, penalidad del corruptor, enriquecimiento ilícito, encubrimiento de bienes e influencia en contra de la hacienda pública.