Caja aprieta a trabajadores, aunque empresas y Estado le deben millones
Sin pagar contribución del 15% de sus utilidades contemplada en Ley de Protección al Trabajador
La presidenta de la Caja, María del Rocío Sáenz, admitió el jueves que las empresas públicas no han aportado al IVM. (CRH)
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aumentó en un punto porcentual el aporte de los trabajadores para sus pensiones con el objetivo de fortalecer el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), mientras las empresas públicas le adeudan miles de millones de colones.
A pesar de que desde el 2000 la Ley de Protección al Trabajador estableció que las empresas públicas están obligadas a aportar hasta un 15% de sus utilidades para fortalecer el IVM, pasaron 13 años sin que se cobrara un solo colón.
¿La razón? Ningún gobierno, sino hasta el 2013, reglamentó algo tan sencillo como el artículo 78 de la ley, que indica lo siguiente: "Establécese una contribución hasta del quince por ciento (15%) de las utilidades de las empresas públicas del Estado, con el propósito de fortalecer el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS, en cuanto a su financiamiento y para universalizar la cobertura de la CCSS a los sectores de trabajadores no asalariados en condiciones de pobreza. El monto de la contribución será establecido por el Poder Ejecutivo, según la recomendación que realizará la CCSS conforme a los estudios actuariales".
La presidenta ejecutiva de la CCSS, María del Rocío Sáenz, confirmó el jueves, durante una audiencia en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, que los dineros no han sido girados.
Sin reglamento, dice ahora la Caja, tampoco se podía cobrar.
Ni siquiera existe una estimación del monto de dinero que el IVM dejó de percibir entre el 2000 y 2013, aunque obviamente son miles de millones de colones, reconoció el gerente de Pensiones de la CCSS, Jaime Barrantes.
El jerarca detalló que entre 2013, cuando la administración Chinchilla Miranda reglamentó la ley, y 2014, el aporte de las empresas públicas se estimó en ¢20 mil millones, de los cuales se pueden haber recaudado ¢12 mil millones.
Desidia
Otto Guevara: "Le van a quitar ¢100 mil millones a los trabajadores". (CRH)
¿Cuánto pudo entonces haber recaudado la Caja por ese mandato legal en estos 16 años? Nadie lo sabe, pero nadie niega que habría sido un monto mucho mayor a los ¢100 mil millones que la institución pretende recoger en un año con el aumento de 2,84% a 3,84% del aporte de los obreros, que regirá a partir de junio.
"La Ley de Protección al Trabajador se aprobó en el 2000. ¿Porqué se tardó 13 años para reglamentarla y emitir el decreto que permitiera que las empresas del Estado dieran la plata que tenían que dar? Si hubieran aportado desde aquel momento, no tendríamos hoy esta idea de recaudar ¢100 mil millones que le van a quitar a todos los trabajadores", criticó fuertemente el diputado Otto Guevara, del Movimiento Libertario.
Mario Redondo: "La Caja aumenta privilegios a sus empleados". (CRH)
Hubo desidia de tres administraciones, pero también de las autoridades de la Caja que durante todo ese tiempo tampoco hicieron nada por presionar por el reglamento y cobrar.
"Hoy se admite que una disposición de la Ley de Protección al Trabajador que establecía que las empresas públicas tenían que dar esos recursos, no se ha aplicado. Ha habido inacción de la Caja en hacer las cosas", sostuvo el congresista Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana (ADC).
El diputado indicó que, sin embargo, la institución sí ha tenido tiempo para gastar en otros rubros, hacer malas inversiones con recursos del IVM y aumentar los privilegios de sus empleados.
Por ejemplo, recientemente aumentó a 20 años el tope de cesantía de sus empleados, decisión que le costará ¢25 mil millones adicionales por año, señaló Redondo.
Pagan la factura
Johnny Leiva: "El hilo se rompió por lo más delgado". (CRH)
Son ahora los trabajadores quienes pagarán la factura de la desidia, sostuvo el congresista del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) Johnny Leiva.
"Lástima que este tipo de decisiones no las hacen desde el punto de vista de gasto y eficiencia de la administración de los recursos públicos. El gasto dentro del régimen ha subido sustancialmente y le toca a los trabajadores pagar alrededor de un promedio de ¢66 mil anuales", aseguró.
La decisión de la Caja fue precipitada y muestra de ello es que su Junta Directiva acordó el aumento del aporte obrero y luego someterla a consulta.
"Están haciendo la casa al revés. Primero hacen el techo y luego el resto. Hay precipitación y esto lo hacen en momentos en que además en el país hay efervescencia social", agregó el legislador del Frente Amplio Jorge Arguedas.
Hay voces que no tienen ninguna duda de que el IVM no solo está mal, sino la misma Caja, como Guevara, quien habla de una intervención inmediata del régimen, la supervisión de la Superintendencia de Pensiones (Supen) y sancionar a los responsables.