Brunner, Acosta y Chacón serían llamados a cuentas al Congreso por cuestionada póliza
El vicepresidente de la República, Stephan Brunner Neibig; el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén y la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS), Gabriela Chacón Fernández, tendrían que ir al Congreso a dar cuentas por la polémica contratación que pretende hacer el Gobierno por poco más de ¢ 248,3 millones para pólizas de responsabilidades civiles para el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles y altos jerarcas del Gabinete.
La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Monserrat Ruiz Guevara, presentó una moción para que los 3 jerarcas rindan explicaciones sobre esta cuestionada contratación en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa.
La diputada Ruiz Guevara aseguró que es importante que esta comisión, que tiene potestad investigativa, profundice en esta iniciativa del Gobierno.
La moción tendrá que ser discutida y votada en los próximos días por los congresistas que forman parte de la comisión.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, anunció que la cuestionada contratación se pondrá en pausa para que el Gobierno pueda consultar a la Procuraduría General de la República (PGR) la posición de la Contraloría General de la República, en la que señaló que esta póliza debe correr por cuesta del peculio de cada jerarca.
El ente contralor zanjó, la semana pasada, que el artículo 13 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos impone para todo encargado de "recaudar, custodiar o administrar fondos y valores públicos" el deber de rendir una garantía con cargo a su propio peculio (dinero y bienes propios de una persona), en favor de la Hacienda Pública o la Administración a la cual labora, con el objetivo de asegurar el correcto cumplimiento de sus deberes y obligaciones.
En los últimos días además de la Contraloría, los diputados de la oposición aseguraron que esta póliza debe salir del bolsillo de cada uno de los jerarcas. La tesis fue compartida por abogados expertos en materia constitucional.