Bloque democrático: devolución de nómina de magistrados es captura política de la Corte
Las fracciones del PLN, Frente Amplio (FA), PUSC y Agenda Ciudadana (CAC) manifestaron su rechazo a la decisión de la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, de devolver a la Corte Suprema de Justicia la nómina de candidatos a magistrados suplentes de la Sala Constitucional. El bloque democrático calificó la medida como "inaceptable", "arbitraria" e "inconstitucional" y la describen como una captura política del Poder Judicial.
Este miércoles, Jiménez emitió una resolución mediante la cual devolvió, por segunda ocasión, la nómina remitida por la Corte. Tanto ella como la bancada del Partido Pueblo Soberano (PPSO) mantienen su negativa a elegir a alguno de los aspirantes propuestos. La presidenta del Congreso ya había adelantado, durante la reunión de jefaturas de fracción, que "no tenía sentido" votar por la lista actual y que la devolverían al Poder Judicial.
La diputada Abril Gordienko, del PUSC, afirmó que Jiménez está convirtiendo su cargo administrativo y su función como directora del debate legislativo en un "verdadero veto político". Además, señaló que el oficialismo no ha presentado "razones aceptables" para rechazar a los candidatos, más allá de indicar que "no los conocían".
Por su parte, el diputado Álvaro Ramos, del PLN, aseguró que la bancada del PPSO pretende convertir a la Asamblea Legislativa "en una extensión de su guerra contra el Poder Judicial". Según el legislador, esa estrategia se refleja en acciones como impedir el nombramiento de magistrados, reducir el presupuesto del Poder Judicial, cuestionar a sus jerarcas o impulsar cambios para que el fiscal general sea designado por los diputados.
"Es parte de un ejercicio de captura política del Poder Judicial por parte del Gobierno, y nosotros no lo vamos a aceptar", insistió.
La diputada Claudia Doble consideró que la decisión de Jiménez evidencia que "detrás hay otro interés". A su juicio, ese objetivo consiste en capturar el Poder Judicial y mantener paralizada la Sala Constitucional para impedir que resuelva casos relacionados con presuntos hechos de corrupción que involucran al Gobierno, además de presionar a la Corte para nombrar magistrados afines al oficialismo.
Finalmente, el diputado José María Villalta, del Frente Amplio, sostuvo que las consecuencias del bloqueo las asumen los costarricenses, ya que actualmente existen 123 expedientes pendientes en la Sala Constitucional debido a la falta de magistrados suplentes.
Sin elección de magistrados
En la resolución emitida este miércoles, Jiménez argumentó que no existe consenso entre las fracciones para alcanzar los 38 votos requeridos para designar a los nueve magistrados suplentes pendientes.
Pese al mandato constitucional, la presidenta legislativa consideró insuficientes los argumentos expuestos por la Corte para que el Congreso decida sobre la nómina remitida en dos ocasiones. Además, sostuvo que esa obligación atribuye al Poder Legislativo responsabilidades que, a su criterio, no le corresponden.
También señaló que la lista actual de 18 aspirantes no permite realizar una valoración con criterios objetivos y técnicos. Por ello, el oficialismo insiste en solicitar una nómina ampliada de 24 candidatos para elegir a los 12 magistrados suplentes con los que debe operar la Sala Constitucional.
Jiménez afirmó que, ante la falta de acuerdos entre las fracciones, la nómina no ha permitido concretar los nombramientos y únicamente ha dado paso a votaciones sucesivas sin resultados. En las últimas cinco rondas, el PPSO votó en blanco. Según la legisladora, devolver la nómina no constituye un acto de censura, sino una solicitud para que la Corte remita candidaturas que faciliten un acuerdo legislativo.
Devolución de la nómina
El pasado 15 de junio, la Corte Suprema de Justicia remitió por segunda vez a la Asamblea Legislativa la lista completa de aspirantes, luego de que el oficialismo impulsara la devolución de la nómina para ampliar el número de candidatos.
Un día después, el 16 de junio, el jefe de la fracción oficialista, Nogui Acosta, afirmó que revisarían la lista enviada por la Corte. Sin embargo, este miércoles la posición del oficialismo cambió y se concretó una nueva devolución.
La Sala Constitucional requiere 12 magistrados suplentes. Actualmente, la Asamblea tramita el nombramiento de nueve plazas entre los 18 candidatos ya remitidos, mientras que la Corte desarrolla un segundo concurso para seleccionar a los tres suplentes restantes.
Tras once rondas de votación, realizadas entre la anterior y la actual legislatura, la Asamblea Legislativa no ha logrado elegir a ninguno de los magistrados suplentes de la Sala Constitucional. En las últimas cinco votaciones, la bancada del PPSO emitió votos en blanco en todas las ocasiones.
