Batalla y sospechosos del caso “Pista Oscura” durmieron en celdas: Esto sigue en el proceso
Fiscalía pedirá medidas cautelares contra exjerarca y 3 altos funcionarios detenidos
El exministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla Otárola y el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado Eduarte, tuvieron que pasar la noche en las celdas de los Tribunales de Goicoechea, donde durmieron tras ser capturados en sus viviendas dado que figuran como sospechosos de varios delitos, investigados en el caso "Pista Oscura".
Marco Castillo, director de la Dirección General de Aviación Civil (DGAG) y Henry Villalobos, quien se desempeña como jefe de la unidad de fiscalización de obras de esa institución, también quedaron detenidos.
Los cuatro deberán afrontar a partir de las 1:30 p.m., una audiencia de medidas cautelares en su contra, dado que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), solicitó al Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública una diligencia para solicitar restricciones en contra de los sujetos.
Abogados defensores de los funcionarios y el exjerarca confirmaron el cambio en la hora de la convocatoria, inicialmente pactada para las 9:30 a.m. de este miércoles, pero movida debido a dificultades con la Defensa Pública.
En la audiencia deberán escuchar la exposición del Ministerio Público sobre los actos que les reprochan a los imputados y las pruebas existentes, con el fin de luego conocer cuáles medidas cautelares solicitarán.
Hasta ahora, la Fiscalía no ha detallado si solicitará prisión preventiva, suspensión del cargo, impedimiento de salida del país o algún otro tipo de limitación para evitar que los sospechosos evadan la justicia y así mantenerlos apegados al proceso penal.
Durante las primeras horas de este martes, la Sección Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) junto al Ministerio Público, intervinieron las casas de Batalla, Picado, Castillo y Villalobos, donde de paso los arrestaron, dado que figuran como sospechosos de los delitos de tráfico de influencias, influencia contra de la Hacienda Pública y malversación de fondos.
Hacia media mañana, los cuatro fueron remitidos al Segundo Circuito Judicial de San José, donde fueron reseñados por la Fiscalía, proceso que culminó al filo del mediodía. En este se verifica la identidad y representación legal de cada uno de ellos.
Para las 2:00 p.m. de ayer aproximadamente, comenzaron las indagatorias: una diligencia en la cual el Ministerio Público le informa a cada uno qué actos o delitos les achaca, cuáles son las posibles consecuencias penales según cada acto, las evidencias recolectadas hasta ahora en su contra y de paso, les toma una primera declaración.
Los defensores del exministro, del presidente de la CNE y del director de Aviación Civil confirmaron que los tres declararon. Este proceso tomó horas.
La indagatoria de Batalla y Picado se extendió hasta pasadas las 6:00 p.m., mientras que la de Castillo comenzó una hora después y culminó cerca de las 8:00 p.m. A esa hora todavía estaba pendiente la de Villalobos, quien tenía un defensor público.
Dada la extensa jornada para el equipo fiscal, quienes estuvieron laborando desde las 3:00 a.m. y lo tarde que se terminaron las declaratorias, la audiencia no se ejecutó en la misma noche. El abogado Rafael Gullock reconoció que no era ideal ese escenario.
"Podría ser hoy, pero sinceramente lo veo bastante difícil por la hora, también el Ministerio Público, los defensores y demás han trabajado muchas horas. En nuestro caso, vamos a pedir que no es necesario ninguna medida cautelar", explicó el defensor de Castillo.
Además, si el Ministerio Público hubiera pedido la diligencia en el mismo instante, le hubiera correspondido al Juzgado Penal de Turno Extraordinario asumir el caso, lo que para las partes no es ideal.
Bajo todo este escenario, fue la necesidad que los cuatro sospechosos de desviar fondos públicos durmieran en las celdas, bajo custodia de la Sección de Cárceles del OIJ. Los abogados de estos investigados reconocen que con todo lo que ha ocurrido hasta ahora, es muy posible que la Fiscalía pida restricciones.
"En este tipo de casos, podría darse la posibilidad de que se soliciten medidas cautelares, sobre todo porque se están deteniendo los imputados y trayéndolos esposados para venir a declarar. Un acto de tal envergadura obviamente significa que el Ministerio Público podría estar pidiendo medidas cautelares" señaló el José Francisco Madrigal.
Pista Oscura
El exministro Mauricio Batalla, el presidente de la CNE, Alejandro Picado; el director de Aviación Civil, Marco Castillo y el jefe de fiscalización de obras de la CNE, Henry Villalobos, fueron detenidos como parte de una investigación denominada "Pista Oscura", cuyo expediente penal es el 24-000454-1218-PE.
Se relaciona a una serie anomalías orquestadas para reparar parcialmente la pista del aeropuerto internacional de Guanacaste, el Daniel Oduber Quirós en Liberia. Las supuestas acciones ilegales se dividen en dos líneas de investigación, la primera, vinculada a la preparación del contrato para las obras.
Según el Ministerio Público, la pista se intervino con una que se justificó falsamente, pues atribuyó los daños que presentaba la pista como consecuencia de la tormenta tropical Bonnie y otras ondas tropicales ocurridas en el 2022, pero lo cierto es que los perjuicios se presentaron previo a esos fenómenos naturales.
De esta forma, el Poder Ejecutivo modificó un decreto para incluir a Liberia en la emergencia nacional, habilitando una contratación por $39.9 millones adjudicada a la Constructora MECO S.A., empresa implicada años atrás en otros casos de posible corrupción como Cochinilla y Diamante.
La maniobra ejecutada por el Gobierno al emitir una declaratoria de emergencia, permitió simplificar los trámites para realizar las obras, puesto que se requiere de las mismas en el menor tiempo posible, lo que implica no solo la disponibilidad inmediata de los recursos, sino también que no se requiere del refrendo previo de la Contraloría General de la República (CGR), según explicaron en la Fiscalía.
El otro frente de la investigación es propiamente la ejecución de las obras. Al parecer, durante el desarrollo y ya con el contrato amarrado, se detectaron incumplimientos contractuales de la empresa que presuntamente derivaron en presiones indebidas para modificar el contrato y omitir la sustitución de la base del pavimento, acción clave para la rehabilitación.
Las modificaciones llevaron a realizar un recarpeteo superficial en lugar de una reparación integral, dejando la base dañada y comprometiendo la seguridad de la pista. Pese a esto, no se sancionó a la empresa por incumplimientos ni abandono de obras.
De acuerdo con FAPTA, estas acciones generaron perjuicios económicos al Estado, al desviar recursos del Fondo Nacional de Emergencias para una obra que no se dañó producto de esos fenómenos naturales, además de vulnerarse la normativa de contratación pública.
A los investigados se les atribuye haber actuado en forma conjunta para dirigir el proceso mediante el cual se logró modificar el contrato entre la CNE y Constructora MECO S.A. para la rehabilitación de la pista de aterrizaje del aeropuerto.
Además, se les achaca que habrían aprovechado la influencia política y posición jerárquica que ostentaban para influir sobre funcionarios públicos para que firmaran la orden de modificación, lo anterior contrario a los criterios técnicos que se habían emitido respecto de la improcedencia de dichos cambios.