Bandas siguen lucrando con propiedades pese a ser investigadas en casos de lavado
Ley les permite, en la mayoría de los casos, mantener dominio de las mismas y seguir sacando provecho económico.
El año pasado, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por medio de varias de sus secciones, pero principalmente por la de Legitimación de Capitales y Crimen Organizado, los agentes realizaron varios trabajos para golpear estructuras criminales en la parte económica.
Las investigaciones tomaron un rumbo distinto, luego de que el propio director de la policía judicial, Randall Zúñiga, confirmara que estaban abocados a desmantelar las fuentes de ingresos de estas estructuras criminales como una forma de debilitarlas.
Pese a esto, las autoridades quedan atadas de manos en muchos de los casos, pues pese a anotar provisionalmente propiedades de grandes dimensiones o locales comerciales muy lucrativos que intervienen por medio de allanamientos, los dueños de estos pueden seguir usándolos a conveniencia una vez que se terminan las diligencias.
El OIJ lamenta que la legislación, por medio de este tipo de gravamen, no les permita tomar posesión o al menos congelar el uso de ciertos casos de terrenos o negocios que la investigación determina son utilizados para lavar dinero.
La intención del jerarca es buscar la forma de plantear alguna reforma que permita esta maniobra con tal de frenar los negocios de presuntos criminales mientras se desarrolla el proceso judicial.
A criterio de Zúñiga, lo ideal sería que el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) tuviera a disposición una herramienta legal para poder administrar esos bienes provisionalmente.
"Nosotros anotamos a las propiedades, pero estas siguen a cargo de los delincuentes, entonces los frutos o las ganancias, que pueden generar estas propiedades, pues siempre la van a estar disfrutando los delincuentes, y ahí es importante que el ICD, pueda tomar en posesión las propiedades", dijo.
Pero, ¿qué es una anotación? Este es un término incluido en el Código Civil como herramienta para gravar algún bien inmueble, siempre que sea autorizado por un juez penal.
Con eso se busca hacer una nota marginal en los terrenos ante el Registro Nacional, para que en caso de que otra persona interesada en adquirirlos, sepa que esa propiedad es objeto de un procedimiento legal inconcluso.
Generan más de ₡5 millones al mes
El jerarca contó que ellos han conocido de casos recientes en los que, después de los allanamientos, las personas investigadas días después retoman su actividad comercial, y pueden generar millonarias sumas, a pesar de que en muchos existe prueba fehaciente del origen ilícito del dinero.
"Hemos tenido varios casos en los que criminales pueden obtener hasta $10 mil mensuales (más de ₡5 millones) por una imposibilidad del Estado de poder hacer toma de posesión del inmueble y este se le tiene que dar al delincuente para que lo mantenga, lo cual no es correcto", señaló.
En el 2023 las autoridades dieron golpes a grupos que tenían supermercados, haciendas ganaderas, llanteras, lubricentros, constructoras, gimnasios, ventas de autos y otros comercios que, según Zúñiga, algunos en cuestión de días estaban funcionando normalmente porque la ley se los permite, pese a que existe todo un legajo de prueba para justificar la razón por la cual fueron intervenidos.
"Es un detalle que en algún momento sería bueno que se pusiera en la palestra, porque necesitamos esa posibilidad de que si vamos a golpear a la criminalidad, pues le vamos a quitar las propiedades y que no puedan devengar o disfrutar de los recursos que generan en alquileres o ganancias por los negocios que manejan", sostuvo.
Por ejemplo, solo en el Caso Corona -banda que enviaba cocaína líquida a Europa y Asia- se anotaron 39 propiedades en ₡6 mil millones, mientras que el Caso Caribe Sur -Familia López Tyndall- también se hizo lo mismo en al menos 10 propiedades, al igual que en el Caso Colorado, donde se anotaron varias propiedades de familiares y personas cercanas a Alejandro Arias Monge, alias Diablo.
Presupuesto también los afecta
En muchos de los casos, aunque las autoridades tienen el alcance legal para imposibilitar el uso de fincas u otros bienes, incluso les resulta imposible, pues no cuentan con recursos para poner oficiales de vigilancias las 24 horas del día con tal de evitar su explotación comercial.
"Al final es un tema de presupuesto porque el ICD no tiene dinero para poner un guarda ahí o poner alguien que esté monitoreando, pero es un tema que hay que revisarlo porque no nos parece que después de toda una acción policial ellos sigan disfrutando de la propiedad anotada, más no quitada, aunque no son todos los grupos criminales", dijo.
Zúñiga insistió en que se debe valorar la forma de cambiar estos vacíos que finalmente benefician a los criminales, ya sea por medio del ICD o que OIJ tenga toda la disposición de quitárselas para obligarlos a abandonar los sitios mientras se avanza con el caso en instancias judiciales y que los trabajos policiales que realizan tengan un resultado más fructífero y alcance no solo a corto plazo.
Para Gregorio Briglia Peralta, exjuez de la República y abogado de varios imputados en los casos mencionados, es "temerario" impulsar esta idea sin realizar un estudio técnico de las normas legales que existen y que podrían dar los mismos resultados que pretende el OIJ.
"La ley 8204 donde se incluye el tema de narcotráfico y legitimación de capitales, permite anotar, inmovilizar no solo las propiedades, si no hasta las cuentas, que siempre ha hecho de oficio el Ministerio Público al hacer intervenciones en el sistema bancario nacional.
Con este tipo de situaciones siempre se manda una alerta al Registro de la Propiedad donde ellos van a monitorear todas las inscripciones, traspasos, prendas o hipotecas que ellos hagan y se informa al Ministerio Público. La otra es que de acuerdo al artículo 110 del Código Penal, es que una vez que se de el fin al proceso se da el comiso del bien y pasa a ser del Estado, son escenarios diferentes en diferentes etapas procesales que se pueden utilizar", explicó.