Banda narco condenada a prisión tenía armas de municipalidad y de empresa privada
La célula narco que movía cargamentos de droga por el Pacífico y que fue desarticulada gracias al caso Trinidad tenía en su poder pistolas que pertenecían a la Municipalidad de Quepos y a una empresa de seguridad privada. El armamento y tres vehículos más fueron decomisados de forma definitiva por orden de los jueces.
El viernes anterior, el Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada (JEDO) impuso 168 años de cárcel a la mayor parte del clan, que perdió su flotilla vehicular y su arsenal. La banda utilizaba un taller en Chacarita de Puntarenas como bodega de cocaína y marihuana.
Entre las armas se encuentra una pistola marca Smith & Wesson, perteneciente al departamento legal de la Municipalidad de Quepos, por lo que los jueces ordenaron su devolución, al ser la entidad la propietaria original. Lo mismo ocurrió con una escopeta marca Maverick, perteneciente a la empresa de seguridad CSS Interamericana SRL.
Los jueces dieron a la compañía un plazo de tres meses para reclamarla, con la documentación al día. De lo contrario, pasará a manos del Estado. Otras armas incautadas a la organización criminal sí fueron decomisadas de forma definitiva a favor del Arsenal Nacional.
Entre ellas constan una pistola Beretta, un revólver calibre .38 Ranger MR y una pistola calibre 9 mm marca CZ, todas con sus respectivos cargadores.
Tres vehículos decomisados
La resolución también asestó un golpe al grupo dedicado al transporte transnacional de estupefacientes, al oficializar el comiso definitivo de tres vehículos que utilizaba en sus desplazamientos terrestres. Se trata de un automóvil Nissan Altima 2012, un todoterreno Mitsubishi Montero GLS y un sedán Hyundai Elantra.
La banda utilizaba vehículos con dobles forros para trasladar los cargamentos desde la costa del Pacífico hacia la Zona Norte y la frontera con Nicaragua, recorriendo rutas terrestres de más de 300 kilómetros para sacar la droga del país.
A pesar del decomiso de estos vehículos y del arsenal, la Fiscalía no logró sostener su acusación en el plano financiero. El Tribunal absolvió a cinco de los acusados del delito de legitimación de capitales.
Los jueces aplicaron el principio in dubio pro reo («ante la duda, a favor del acusado»), al determinar que no existían pruebas contundentes que vincularan directamente el origen de los bienes y los movimientos económicos evaluados con el lavado de dinero de la organización.
Los jueces sí impusieron penas de 15 años de cárcel por tráfico internacional de drogas a los sospechosos de apellidos Gutiérrez, Castillo y Segura.
Ocho hombres y una mujer, de apellidos Paniagua, Sánchez, Baltán, Segura, Mosquera, Hernández, Barrantes y Mina, recibieron 12 años, mientras que un sujeto de apellido Chacón sumó 15 años y tres meses al añadírsele el delito de tenencia ilegal de arma permitida.
Todos los sentenciados permanecerán bajo la medida cautelar de prisión preventiva por un año, mientras la sentencia adquiere firmeza.