Bancos advierten que proyecto del jefe del PLN aumentaría estafas bancarias
La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) denunció que un proyecto de ley impulsado por el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo Sandí, podría aumentar las estafas bancarias.
Se trata del expediente 23.908, el cual, según la ABC, obligaría a los bancos a responder automáticamente en casos de estafa, aun cuando hayan actuado diligentemente y tomado todas las medidas razonables para impedir el delito.
La entidad indicó, mediante un comunicado de prensa, que "en la práctica, la iniciativa de ley haría muy lucrativa la actividad de los estafadores y podría llevar a un aumento en la cantidad de fraudes", como —según afirma— ocurrió en Chile tras una reforma legal similar a la que propone Izquierdo.
CR Hoy intentó localizar a Izquierdo; sin embargo, al momento de esta publicación, no fue posible ubicarlo vía telefónica ni mediante la vocera de prensa de la fracción liberacionista.
Duras críticas
La ABC calificó el plan de Izquierdo como "una medida simplista, irresponsable y riesgosa" que podría generar un aumento en las estafas y fraudes bancarios en Costa Rica.
"La iniciativa no aborda el problema estructural de las estafas bancarias, las cuales son perpetradas por redes de crimen organizado que constantemente perfeccionan sus métodos para engañar a más y más personas. En lugar de proponer herramientas para luchar contra los grupos delictivos, el proyecto de ley del diputado Izquierdo obliga a los bancos a asumir automáticamente el costo económico de las estafas, lo que podría derivar en consecuencias negativas no solo para el sistema financiero y los propios usuarios, sino también para el combate a la criminalidad en el país", advirtió la ABC.
Añadieron que el proyecto de ley "adopta una visión muy simplista del problema, pues parte del supuesto de que los responsables de las estafas son los bancos.
"En realidad, las estafas bancarias son un fenómeno de crimen organizado que afecta tanto a los clientes como a los bancos. Lo planteado en el proyecto, al exigir que el banco pague, abre la posibilidad de que surjan nuevas modalidades delictivas y favorecería, en la práctica, el financiamiento de las estructuras criminales", amplió Rodrigo Cubero, asesor económico de la ABC.
Según Cubero, un posible efecto negativo de esta ley sería la aparición de esquemas fraudulentos en los que personas sean reclutadas para reportar estafas inexistentes, con la certeza de que el banco reembolsará el dinero, permitiendo así compartir las ganancias ilícitas.
Además, Cubero destacó que la iniciativa podría generar costos adicionales para todo el sistema financiero. "Si los bancos deben asumir, por regla general, los costos de las estafas, eso eventualmente se reflejaría en tasas de interés más bajas para los ahorrantes y más altas para los deudores, en perjuicio de todos los consumidores financieros y de la economía nacional", afirmó.
También señaló que "el proyecto de ley violenta principios elementales de razonabilidad y justicia".
La ABC recordó que en Chile una reforma legal aprobada en 2020 introdujo la responsabilidad automática de los bancos en el uso de tarjetas de pago y transacciones electrónicas, de forma similar a lo que propone el proyecto de ley del diputado Izquierdo. Al parecer, esto favoreció un aumento exponencial de los fraudes.
Cubero mencionó que, en el caso de Costa Rica, las entidades bancarias han venido invirtiendo desde hace años en el fortalecimiento de sus sistemas de seguridad para proteger a los usuarios y han lanzado campañas de concientización para informar a los clientes sobre los tipos de estafas en circulación, con el fin de que puedan protegerse de mejor manera.
"Contrario a lo que indica la exposición de motivos del proyecto de ley, en Costa Rica sí existe normativa que regula adecuadamente el tema de la responsabilidad ante este tipo de fraudes, y es con base en esa normativa que la Sala Primera ha resuelto una gran cantidad de casos en favor de los clientes bancarios", recalcó la ABC.
Agregaron que, adicionalmente, a partir del 1.º de junio entrará en vigor un nuevo reglamento de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), que exige a todas las instituciones financieras reforzar las medidas de prevención y mitigación de fraudes electrónicos, con la finalidad de reducir la incidencia de este tipo de delitos.