(CRHoy.com) -El Banco Central de Costa Rica (BCCR) destrozó los cambios que hizo el Gobierno en la última versión del proyecto de ley para crear el Fondo Nacional de Avales y Garantías para apoyar a las empresas golpeadas por la crisis económica a causa de la pandemia del COVID-19, mediante el acceso a financiamiento bancario.

Así consta en el oficio JD-5987/04 que envió el pasado 1° de marzo a los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios, que estudia la iniciativa del Poder Ejecutivo bajo el expediente 22.144.

Aunque reconoce que la creación del Fondo Nacional de Avales y Garantías es fundamental para apoyar al sector privado, mediante la canalización del crédito en mejores condiciones, sostiene que las modificaciones hechas por el Gobierno en el último texto sustitutivo constituyen un retroceso en relación con la versión anterior.

"El segundo texto sustitutivo que se presenta en esta oportunidad para consideración de este órgano colegiado representa un retroceso importante, respecto del texto anterior, pues excluye aspectos de fondo contenidos en el primer texto sustitutivo, que son esenciales para garantizar el adecuado manejo de los riesgos fiscales y financieros, en perjuicio fundamentalmente de los contribuyentes", indica la Junta Directiva del BCCR en respuesta a una consulta legislativa.

En el pronunciamiento, la entidad llama la atención sobre las modificaciones hechas en la nueva versión del proyecto de ley preparado por los ministros de Hacienda y de Planificación Nacional y Política Económica, Elian Villegas y Pilar Garrido, respectivamente.

También le recuerda a los legisladores que la incorporación de la mayoría de observaciones que hizo el Banco Central en el primer texto sustitutivo sobre el proyecto de ley original "permitió una mejora sustancial" del mismo.

Pero sobre la segunda versión -en la cual el Ejecutivo introdujo modificaciones- la Junta Directiva del BCCR emite criterio negativo en los planteamientos medulares, debido a la gravedad de las implicaciones para la estabilidad fiscal y el buen uso de los recursos públicos.

Compromete ajuste fiscal

El Banco Central cuestiona -entre varios aspectos- los cambios hechos en lo relacionado con el aporte del Gobierno para constituir el Fondo Nacional de Avales y Garantías.

En el proyecto original se establecía que el Gobierno haría un único aporte inicial al Fondo.

Pero, debido a que los avales no se otorgan todos desde un principio, sino que se van presentado sobre el tiempo, conforme a que algunos de los deudores con créditos avalados puedan ir mostrando atrasos en el crédito, el BCCR estimó que era innecesario que la contribución al Fondo se hiciera toda desde un inicio.

Por ello, en la versión anterior del proyecto se estableció que se debían hacer varios aportes anuales, después de que el programa se capitalizara.

Sin embargo, el nuevo texto establece en el primer párrafo de su artículo 6: "El Estado realizará un aporte para este Fondo de Avales por la suma de ₡180 mil millones. Luego, en el segundo párrafo de ese mismo artículo, establece que el Ministerio de Hacienda presupuestará en el momento de la constitución del Fondo el monto total de dicho aporte inicial.

O sea, el Gobierno está regresando al proyecto original que fue objetado por el mismo BCCR.

"Este monto (los ₡180 mil millones), independientemente de la fuente de financiamiento que se utilice, incrementaría el gasto del Gobierno Central en cerca de un 0,50% del PIB (Producto Interno Bruto). En el contexto del esfuerzo de consolidación fiscal que debe hacer el país, esa disposición compromete sustancial e innecesariamente la capacidad de alcanzar el ajuste fiscal contenido en el acuerdo a nivel del personal técnico con el Fondo Monetario Internacional y podría poner en riesgo también la posibilidad de cumplir con las restricciones impuestas por la propia regla fiscal establecida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley 9635", advierte el Banco Central.

Injerencia política

El Banco Central también llama la atención sobre la injerencia política que podría ocurrir en la administración del Fondo Nacional de Avales y Garantías, si se mantienen las modificaciones hechas por el Gobierno en el nuevo texto del proyecto.

Esto, por cuanto la nueva versión "elimina un aspecto de gobernanza de crítica relevancia que, en línea con uno de los comentarios del Banco Central sobre el texto original, se había incluido en el primer texto sustitutivo, específicamente, en lo referente a la conformación del Consejo Rector".

El BCCR se refiere a que en el primer texto sustitutivo la conformación del Consejo Rector era "esencialmente técnica". Solo lo integrarían el Ministro de Hacienda, en su condición de rector de las finanzas públicas, y dos expertos independientes.

"El texto actual regresa a una conformación mayoritariamente política del Consejo (representantes de tres ministerios, más dos expertos independientes), lo cual introduce importantes riesgos financieros y fiscales por la alta complejidad técnica de la materia sobre la que ese Consejo debe decidir", alerta el BCCR.

Más cuestionamientos

El Banco Central, además, hace las siguientes observaciones:

• En el nuevo texto se propone facultar al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) para establecer normativa especializada para la determinación de la viabilidad de la actividad económica y la capacidad de pago de los sujetos de crédito, bajo condiciones de excepción del entorno económico nacional. "Sin embargo, esta propuesta es incongruente con las mejores prácticas internacionales y con el hecho de que el Conassif ya está facultado para realizar cambios normativos acordes con entornos como el que en este momento enfrenta el país".
• "En el literal f) del artículo 5 del texto en consulta se indica que la cobertura del Fondo no podrá exceder el 70% de la pérdida máxima esperada de la cartera por grupo homogéneo de riesgo ni podrá exceder el 70% de cada operación avalada. En el primer texto sustitutivo, estos porcentajes se redujeron del 80%, que se habían planteado en el texto original, a un 60%. Una cobertura del 60% del crédito representa un enorme apoyo para los intermediarios financieros, pero, a la vez, reduce el riesgo moral en la utilización de los avales y aumenta los incentivos para que los intermediarios financieros realicen todas las gestiones posibles para la recuperación de los créditos morosos, en beneficio de los contribuyentes", explica el criterio del Central.
• El Banco Central señala que en la nueva versión del proyecto se insiste en que los avales se otorguen en moneda nacional y extranjera. Pero como el patrimonio se constituirá en colones, se podría generar un riesgo cambiario para el Fondo Nacional de Avales y Garantías, "que se traduciría en un riesgo fiscal en una coyuntura la que el país está realizando esfuerzos importantes para reducir y racionalizar el gasto público y mitigar contingencias fiscales".
• "Se establecen diversas condicionalidades que deben cumplir los intermediarios financieros y los deudores para hacer uso del Fondo Nacional de Avales y Garantías propuesto en el proyecto de ley. Sin embargo, no se establecen las sanciones correspondientes por incumplimiento de dichas condiciones. En estas circunstancias, para evitar el uso inadecuado del Fondo, en un contexto en que las presiones fiscales demandan el uso eficiente de los recursos públicos, se requiere establecer un esquema sancionatorio e incorporar, dentro de las responsabilidades del Consejo Rector, la facultad para aplicar dichas sanciones",  agrega el Banco Central.

El Fondo Nacional de Avales y Garantías pretende apoyar a las empresas afectadas por la crisis económica, mediante el acceso a créditos bancarios.

En el esquema propuesto, el Estado respondería por los créditos otorgados, siempre y cuando las empresas se comprometan a mantener los niveles actuales de empleo.

El Banco Central no se opone a la figura de los avales, pero advierte de las graves consecuencias que tendría, si no se corrigen las modificaciones introducidas por el Ejecutivo en el proyecto de ley.